15. Protección del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
Desde sus orígenes, las sociedades humanas han ocasionado a través de sus actividades, cambios en su ambiente y en los procesos de los ecosistemas. Sin embargo, antes de la revolución industrial estos impactos eran relativamente locales y de baja intensidad, pero hoy han cobrado una dimensión global.
En los últimos 200 años la población mundial experimentó un crecimiento exponencial; al concluir el siglo XX el número de habitantes en el planeta rebasaba los seis mil millones de personas. México no es ajeno a este crecimiento y en el curso del último siglo pasó de 13.6 millones a poco más de 112 millones en 2010. Este incremento de la población ocasionó una mayor presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales, tanto en las zonas de altas concentraciones urbanas como en espacios menos poblados. Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir de la década de 1950, los seres humanos han modificado los ecosistemas más extensa y rápidamente que en cualquier otro periodo de la historia. La alteración de los ecosistemas se debió, principalmente, a un aumento en la demanda de recursos naturales y energéticos. Algunos pronósticos indican que esta tendencia se mantendrá si no se toman medidas drásticas. De hecho, según algunas estimaciones, la demanda de bienes y servicios desbordó ya la capacidad de los ecosistemas para proveerlos de manera sustentable.
Aunado al incremento de la población ocurrió también un proceso de migración a áreas urbanas. Ello trajo necesariamente nuevas problemáticas y presiones sobre los ecosistemas, es decir, formas distintas de alteración. Las ciudades demandan enormes cantidades de recursos energéticos, hídricos y de alimentos; por otro lado, también generan residuos sólidos, líquidos y emisiones de gases que afectan no sólo a la población sino también al equilibrio de los ecosistemas aledaños. Hoy, la concentración de bióxido de carbono en la atmósfera es 40% superior a la que había antes de la revolución industrial y ya está ocasionando cambios importantes en el sistema climático mundial.
El deterioro del ambiente y de los servicios ambientales de los ecosistemas no sólo es grave por la alteración de la biodiversidad, sino por los múltiples efectos negativos en la economía y el bienestar de la población. Cada vez son más frecuentes los desastres asociados con el cambio del clima, los problemas de migración o la hambruna por la reducción de la productividad de los suelos y las enfermedades vinculadas con la mala calidad del aire o agua que se consume, por la presencia de contaminantes que genera la actividad humana y por el inadecuado manejo de los residuos, entre otros.
PANORAMA EN 2006
Desafortunadamente, México también vive esta problemática. Al comienzo de esta administración, el país tenía por delante retos muy importantes en términos ambientales.
México es un país privilegiado por poseer una gran diversidad biológica. En el territorio nacional, que representa el 1.5% de la superficie terrestre mundial, existen prácticamente todos los ecosistemas. Aquí habitan entre 10 y 12% de sus especies, muchas de ellas endémicas, lo que magnifica la importancia de la biodiversidad mexicana y la responsabilidad de su cuidado. Además, México cuenta con una gran diversidad genética, la cual se refleja en la enorme variedad de especies de animales y plantas que tiene. A esta riqueza ha contribuido el maíz, el frijol y la calabaza, explicado en buena parte por el manejo que por generaciones han hecho las numerosas etnias a lo largo y ancho del país. Ejemplos claros son las 70 variedades de frijol, o las 55 especies de maíz o las 140 variedades de chiles que se cultivan.
También contamos con abundantes recursos hídricos, sobre todo en el sureste del país, reservas minerales, de hidrocarburos, y, en general, de recursos naturales renovables y no renovables. Esta riqueza natural, sin embargo, contrasta con la delicada situación con que se encontró esta administración desde el inicio. La biodiversidad estaba profundamente amenazada por diversos factores, como la pérdida de hábitat, la sobreexplotación de especies terrestres y acuáticas, la caza ilegal, la degradación ambiental, causadas principalmente por los efectos de numerosos contaminantes en el aire, agua y suelos, además de la amenaza que representa el cambio climático. En 2007, cerca de 30% de las zonas naturales, como los bosques, estaban dedicadas a actividades agropecuarias; también existían asentamientos de población o se habían desarrollado obras de infraestructura. La tasa de deforestación de los ecosistemas boscosos de México, para el periodo 2000-2005, siguiendo los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), se estimaba en unas 235 mil hectáreas anuales que, aunque eran significativamente menores que las reportadas para el decenio 1990-2000 (354 mil hectáreas por año), todavía ubicaban a México entre los países con las mayores tasas de pérdida de sus bosques en el mundo.
El problema de la degradación de los suelos no era tampoco menor; según la última estimación disponible en 2002, cerca de 47% de los suelos del país presentaban algún tipo de degradación, sobre todo química (pérdida de fertilidad) y erosión hídrica, y de éstos cerca de 5% mostraban un nivel de degradación fuerte o muy fuerte, lo que prácticamente imposibilita su uso y hacía muy costosa su recuperación.
Muchos de los ríos y lagos del país sufrían serios daños, ya sea por efectos de las obras hidráulicas que se realizan para la extracción de agua en uso agrícola, industrial o urbano; o por efecto de la contaminación ocasionada por las descargas de aguas residuales que no reciben el tratamiento adecuado, así como por los arrastres que el agua de lluvia hace de productos agroquímicos. Por ello, más de dos mil especies de plantas y animales endémicos de la biodiversidad mexicana se encontraban amenazadas de alguna manera.
Por otro lado, en los ambientes urbanos, varias ciudades del país mostraban claros signos de las malas condiciones del aire, problemas de abasto y calidad del agua suministrada a la población y dificultades para el manejo eficiente y seguro de residuos urbanos y de residuos peligrosos, problemas que el hombre puede resolver con tecnología e infraestructura.
Este escenario es producto de una larga historia de omisiones respecto de la gestión de los recursos naturales de los que México dispone. Sería injusto decir que se debe a una administración en particular, ya que eran otros los modelos económicos que se aplicaban. Sin embargo, este panorama obligaba a que se tomaran acciones inmediatas y efectivas para frenar, y eventualmente revertir, las tendencias de deterioro.
AVANCES Y TRANSFORMACIONES ENTRE 2006 Y 2012
La administración del Presidente Felipe Calderón asumió con responsabilidad el tema ambiental al convertirlo en uno de los cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con objetivos claros que quedaron plenamente establecidos en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMAYRN). El programa se estructuró con el fin de atender los problemas de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, detener la pérdida y degradación de bosques y selvas, alcanzar un manejo integrado y sostenible del agua, promover el uso sustentable de los recurso como medio para mejorar el bienestar de las personas, enfrentar el cambio climático, y mejorar el ambiente en los centros urbanos reduciendo la generación de contaminantes y mejorando el manejo de los residuos. Todos estos puntos se consideraron dentro de un marco de sustentabilidad, es decir, manteniendo el equilibrio entre las necesidades de la población y la conservación de los recursos naturales y poniendo el desarrollo humano como un elemento central de las acciones. La sustentabilidad consiste en mantener el equilibrio entre las necesidades de la población, tanto física como emocionalmente, y la conservación de los recursos naturales.
Sustentabilidad ambiental y desarrollo humano como prioridades nacionales
Un ambiente en el que la salud y el patrimonio de las personas no se vean mermados por la mala calidad del aire o el agua, donde exista la seguridad de que sus vidas o pertenencias no se perderán por una inundación o deslave y donde existan recursos naturales en cantidad y calidad suficientes, ahora y en el futuro, es indispensable para que los mexicanos de hoy y de las próximas generaciones satisfagan sus necesidades fundamentales y mantengan las oportunidades de desarrollo a las que tienen derecho.
El término sustentabilidad puede utilizarse en diversos contextos. Así, la sustentabilidad ambiental, a la que en este caso nos estamos refiriendo, es la administración eficiente y racional de los recursos naturales que utilizan las sociedades humanas, a fin de que mejore el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Ésta forma parte integral de la visión de futuro para el país, que contempla la creación de una cultura de respeto y conservación del medio ambiente.
En ese contexto, varios de los objetivos nacionales en materia de seguridad nacional y Estado de derecho, de ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, de fortalecimiento de la democracia y de sus valores fundamentales, así como del aprovechamiento por parte de todos los mexicanos de las oportunidades que ofrece la globalización, sólo podrían consolidarse si el desarrollo económico y social se fundamenta en la rehabilitación, preservación, manejo y utilización racional de los recursos naturales y del medio ambiente. El cambio de paradigma, era entonces el gran reto en cuanto a las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.
Lograr la sustentabilidad ambiental no es solamente responsabilidad e interés de las autoridades, ya que las presiones sobre el ambiente y sus recursos naturales renovables y no renovables, así como los efectos del deterioro ambiental y el agotamiento de dichos recursos, rebasan con mucho el ámbito estrictamente ambiental. Las actividades ganaderas, agrícolas, industriales e, incluso las de obras de infraestructura mal planeadas o ejecutadas, tienen efectos negativos sobre el ambiente, ya sea en la calidad del agua, del aire, en la productividad del suelo o en la destrucción o deterioro de ecosistemas naturales y sus servicios ambientales, lo cual en el corto o mediano plazos repercute negativamente en la población y el desarrollo económico del país. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 2010 el costo económico del agotamiento y degradación del ambiente y los recursos naturales del país era cercano a 7% del producto interno bruto.
Se requiere transitar de un desarrollo basado en el crecimiento económico a otro, en el que se vinculen la economía, la sociedad y el medio ambiente en un renovado marco institucional democrático y participativo. El cuidado del patrimonio natural depende del comportamiento de la sociedad. Por ello, avanzar hacia el desarrollo sustentable exige a los distintos actores y sectores de la sociedad asumir nuevos compromisos y responsabilidades.
En la medida en que como sociedad respetemos el ambiente, contaminemos menos, usemos de manera más responsable los recursos naturales y no renovables y adoptemos patrones de consumo adecuados, estaremos más cerca de alcanzar la sustentabilidad ambiental. En esta tarea, la educación juega un papel fundamental.
El cuidado del patrimonio natural no debe verse como una labor del Estado o un freno para el desarrollo del país. La correcta utilización de las riquezas naturales es, en sí misma, una vía de desarrollo gracias a las innumerables oportunidades productivas que se abren con el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, de los mares y costas, del patrimonio biológico, el ecoturismo, y muchas otras actividades compatibles entre propósitos ambientales y sociales. En ese contexto, el cuidado del ambiente, de sus ecosistemas y sus servicios ambientales, y del manejo sustentable de los recursos naturales es un elemento estratégico del desarrollo.
Desarrollo de políticas públicas
La efectiva protección del capital natural, convertir el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en una palanca de desarrollo y revertir los problemas de contaminación del aire, agua y suelos, requería de una estrategia coordinada e integrada de las políticas sectoriales y de los distintos órdenes de gobierno. Por esa razón la transversalidad de las políticas públicas, en particular las referentes a cuestiones ambientales, se convirtió en un elemento estratégico.
Una parte considerable de las políticas públicas que se implementan para atender la problemática de los recursos naturales y del medio ambiente, son diseñadas y operadas por diversas dependencias de la Administración Pública Federal, por lo que era indispensable asegurarse de que incorporaran el componente ambiental.
La presente administración enfrentó el reto de incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. A esta visión transversal de la política ambiental, se le sumaba la participación de una sociedad cada vez más involucrada con esta problemática, no sólo como un beneficiario sino como agente de cambio. Por ello se debían articular mejor los esfuerzos de organizaciones ciudadanas, grupos civiles, iniciativas empresariales, proyectos académicos y científicos, y la sociedad en general, con los poderes del Estado.
La atención a los retos ambientales que enfrenta México no podía verse de forma aislada respecto del escenario mundial. La conservación de especies migratorias, la atención al cambio climático, la protección de los ecosistemas marinos y la calidad del aire en zonas fronterizas, muestran cómo los problemas ambientales rebasan los límites administrativos de los países. Por ello, la política ambiental nacional debía tener también un componente de cooperación internacional basada en los compromisos establecidos en convenciones, acuerdos, protocolos y otros instrumentos adoptados en los foros mundiales. Los cambios globales, los cuales tienen profundas repercusiones nacionales, nos obligan a desplegar una interrelación más activa y propositiva a nivel mundial, protegiendo ante todo los intereses nacionales.
Para hacer frente a los retos antes mencionados, era necesario emprender acciones decisivas. La primera y más urgente era detener la pérdida de bosques, selvas, manglares y todo tipo de vegetación natural, esto es, reducir significativamente la tasa de deforestación; la segunda fue asegurar la conservación de aquellos ecosistemas y especies más importantes, que se encontraran en peligro; la tercera consistió en promover el manejo sustentable de la biodiversidad y sus servicios ambientales a través de diversos esquemas de aprovechamiento de la flora y la fauna, que fomentan la conservación de los recursos naturales y ofrecen opciones de desarrollo y crecimiento económico a los propietarios de los terrenos donde se encuentra esa diversidad; finalmente, la cuarta se orientó a la rehabilitación de los ecosistemas degradados o transformados.
Reducción de la tasa de pérdida de vegetación natural y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales
Lograr una efectiva reducción de la pérdida de bosques, selvas y demás ecosistemas forestales, es un trabajo complejo que involucra al menos cuatro componentes: a) reducir las presiones para su destrucción o deterioro, esto es, hacer menos atractiva, lucrativa o necesaria la destrucción de los bosques, por medio de alternativas de aprovechamiento sustentables y rentables; b) reforzar la aplicación de la ley para evitar la tala ilegal y los cambios de uso del suelo no autorizados; c) recuperar las superficies degradadas o deterioradas mediante la reforestación y la promoción de plantaciones forestales que, además, pueden brindar oportunidades económicas a los pobladores, y d) reconocer el valor económico, cultural y social de los ecosistemas naturales así como sus servicios ambientales.
En esta tarea participaron muchas dependencias, teniendo un papel preponderante la Comisión Nacional Forestal a través del Programa ProÁrbol, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
ProÁrbol se convirtió en el principal programa federal de apoyo al sector forestal que integraba estímulos a los propietarios de terrenos para realizar acciones corresponsables encaminadas a proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas de México.
En concordancia con las tendencias internacionales, la política forestal aplicada cambió la lógica de explotación e intercambio comercial, para equilibrarla con acciones e instrumentos de conservación basados en la demarcación de áreas naturales protegidas y adoptando una nueva visión que valoriza los bienes y servicios ambientales de manera integral. En esta política armónica se consideraron múltiples factores como la relación de los bosques con el cambio climático, el combate a los efectos de la sequía y la lucha contra la desertificación, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los ciclos hidrológicos, la lucha contra la pobreza, la silvicultura comunitaria, la ordenación de los mercados y la gobernanza en el manejo de recursos comunes.
Tasa de deforestación
Durante esta administración se redujo sustancialmente la tasa de deforestación. Los terrenos recuperados a través de acciones de reforestación, en conjunto con la disminución de las presiones para su transformación, redujeron sensiblemente la tasa de pérdida de los ecosistemas forestales ya sea promoviendo opciones productivas y sustentables o destinándolas a fines de conservación. De 2000 a 2005 la tasa de pérdida estimada fue de 235 mil hectáreas, en tanto que de 2005 a 2010 se estimó en 155 mil hectáreas por año, con una tendencia a seguir reduciéndose hacia el final del sexenio. La pérdida de bosques templados prácticamente se frenó considerablemente, ya que sólo 6% de la superficie perdida correspondió a estos ecosistemas; no obstante los esfuerzos que se realizan, las selvas siguen con altas tasas de pérdida.
Una política importante para la conservación de las áreas naturales la constituye el conjunto de acciones en materia de protección, especialmente aquellas relacionadas con la reducción del riesgo de agentes de disturbio como son los incendios o las plagas y enfermedades, cuya presencia e intensidad se han acentuado por efecto del cambio climático. Entre 2007 y 2012 se dieron apoyos para capacitación de brigadas contra incendios, para establecer casi 89 mil kilómetros de brechas cortafuego, 13 600 kilómetros de líneas ciegas y se atendieron más de 273 mil hectáreas con problemas de plagas o enfermedades y más de 17 mil hectáreas con quemas prescritas, todas ellas actividades que han evitado la pérdida de una importante superficie forestal.
Reforestación
El tema de la recuperación de superficies deterioradas fue señalado en la última evaluación del Estado del Medio Ambiente Mundial (geo5) como tema prioritario de la agenda ambiental de Latinoamérica, por sus efectos negativos. El deterioro y la degradación en la productividad y los riesgos que conlleva para la población fue una cuestión central en la política forestal de esta administración.
Para restaurar los ecosistemas naturales y recuperar la cubierta vegetal perdida, se impulsaron la reforestación y restauración de suelos, así como el mantenimiento respectivo, para incrementar las tasas de sobrevivencia de los árboles plantados. A fin de hacer más efectiva esta recuperación, en términos de la posibilidad de sobrevivencia de las plantas establecidas, se reorientó la producción de plántulas en los viveros, para incorporar especies nativas propias de las diferentes regiones del país, mejor adaptadas a las condiciones ambientales donde se utilizarían, incluidas algunas especies típicas de ambientes áridos como los mezquites, agaves y nopales.
La importancia de recuperar los bosques y selvas se hizo evidente desde el inicio de esta administración con la puesta en marcha de un proyecto de reforestación que tenía como meta producir y sembrar 250 millones de plantas al año. Sin embargo, este proyecto se enfrentó con la baja producción de plántulas, la poca variedad de especies que no cubrían las diversas condiciones ambientales del país, fuertes problemas de sequía y la reducida capacidad para sembrar en el campo. No obstante, en las evaluaciones externas que se aplicaron al programa de reforestación se estimó que la sobrevivencia promedio de las plantas fue cercana a 60%. Al margen de las dificultades, este proyecto se constituyó como un parteaguas en la gestión forestal del país, pues se propiciaron cambios importantes en cuanto a la capacidad del Estado para producir plantas, se generaron los conocimientos necesarios para producir especies nativas acordes a la situación ambiental nacional, se afinaron técnicas de producción y se reforzó el tema del cuidado de los bosques en la sociedad a través de grandes campañas de reforestación en las que participaron tanto las escuelas como la población en general. A mediados de 2012 ya se habían reforestado 1.7 millones de hectáreas y al final de la administración se habrán rebasado los dos millones de hectáreas.
Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad
El aprovechamiento sustentable de los productos forestales no se realizaba adecuadamente. El insuficiente conocimiento técnico para la explotación y el aprovechamiento de los recursos; la falta de apoyos económicos para adoptar tecnologías apropiadas o para la comercialización de productos; así como los problemas en la organización de los productores que comprometían la viabilidad de empresas comunitarias, volvían incierta la posibilidad de mantener los beneficios de los bosques a mediano y largo plazos.
Por medio de ProÁrbol se atendieron todas estas limitantes, con apoyos para capacitar a los productores, ayuda para elaborar ordenamientos comunitarios, estudios técnicos para determinar la productividad de los bosques y adquisición de infraestructura y equipo, entre otros. Así, durante esta administración, la superficie que se benefició por medio del impulso recibido de ProÁrbol para apoyar y favorecer el manejo técnico forestal, alcanzó 8.4 millones de hectáreas. Simultáneamente, mediante el programa se plantaron 1 300 millones de árboles.
La valoración de los bosques también se amplió con el estímulo y la consolidación de 12 circuitos de naturaleza que cumplían con los requisitos y las especificaciones de sustentabilidad para el ecoturismo, ubicados en Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Yucatán. En México, la población indígena no puede estar desligada de la política ambiental en materia de aprovechamiento y conservación de la biodiversidad. Era entonces necesario aprovechar la cultura de respeto por la naturaleza que tienen los pueblos indígenas, que viven y se benefician de ella. Los principales centros de diversidad del país se yuxtaponen con territorios indígenas que, al igual que las poblaciones rurales, guardan una estrecha relación con sus ecosistemas aledaños, dependen de los bienes y servicios que les proveen y se ven afectados de inmediato y de manera directa por su deterioro o desaparición.
Durante esta administración se fortaleció y expandió el modelo de silvicultura comunitaria a través del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, para obtener mayores beneficios sociales y económicos para los habitantes de las zonas forestales. Representó una estrategia para robustecer y consolidar procesos de desarrollo local, mediante la creación de capital social y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de ejidos y comunidades forestales. Ello contó con el acompañamiento permanente que les permitiera —en el mediano plazo— ser autogestores de su propio desarrollo. A través de este programa se ha apoyado a poco más de tres mil ejidos o comunidades en diversas actividades orientadas al manejo sustentable de sus bosques.
Otra forma de aprovechamiento de la biodiversidad son las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), a través de las cuales se ha promovido el aprovechamiento de la vida silvestre de forma legal y viable, con esquemas alternativos de producción, por medio del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales; ejemplos de estos esquemas son el ecoturismo, la producción de pie de crías e, incluso, la investigación, adicionales a los fines cinegéticos. La instalación de UMA también puede darse dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que genera beneficios adicionales, como la disminución de la presión de las comunidades para transformar la vegetación natural en las zonas protegidas, conservar los hábitats de las especies de interés y conocer mejor sus especies, hábitat y ecosistemas. La superficie total acumulada en el país, destinada al aprovechamiento de la vida silvestre por medio de este esquema, ya supera los 30 millones de hectáreas, una superficie mayor que la que ocupan las ANP.
Pago por servicios ambientales
Para incentivar la conservación de las superficies boscosas se promovió la valoración de los servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas, mediante esquemas de compensación a los dueños y poseedores de terrenos forestales por los costos de conservación, activa o pasiva, de las áreas naturales. También se impulsó la creación y desarrollo de mercados locales e internacionales para este tipo de servicios.
La estrategia de conservación pasiva se promovió mediante el Programa de Pago por Servicios Ambientales tanto Hidrológicos (PSAH) como los de Captura de Carbono y los derivados de la Biodiversidad, y para fomentar el establecimiento y mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA), se otorgaron pagos directos anuales a los propietarios y poseedores de terrenos cubiertos por bosques, selvas y otros tipos de ecosistemas forestales en buen estado de conservación, por un periodo de cinco años. En los primeros cinco años de esta administración se incorporaron al pago por servicios ambientales 2.7 millones de hectáreas y se tiene la intención de cerrar en 3.3 millones de hectáreas. Los montos por pagos ambientales que se otorgan a los propietarios de terrenos se fijan en función del tipo de vegetación y el riesgo de deforestación que tienen, dando prioridad a ecosistemas de mayor provisión de servicios ambientales y con un riesgo alto de perderse, como el bosque mesófilo de montaña.
Bajo la estrategia de conservación activa con pago de servicios ambientales se promovieron tres esquemas innovadores: el pago por los servicios ambientales que genera una reforestación establecida con objetivos de restauración; el pago por los servicios ambientales relacionados con labores de protección y reducción de riesgos de agentes de disturbio; y, el pago por servicios ambientales relacionados con la implementación de acciones de manejo forestal sustentable. En el primer esquema se ubica la atención a la restauración de cuencas hidrológicas prioritarias, estrategia que combina la restauración de suelos, reforestación, protección forestal y pago por servicios ambientales. El segundo instrumento promueve el desarrollo de un manejo forestal sustentable con objetivos de conservación e incentivar acciones como manejo del fuego, control de plagas y mecanismos de aprovechamiento sustentable de productos no maderables. Bajo el tercer instrumento se fomentan iniciativas de manejo forestal maderable sustentable. En este aspecto se avanzó en el desarrollo de mecanismos de mercado de servicios ambientales, como el desarrollo de un mercado voluntario de captura de carbono, así como la sustancial ampliación de la superficie bajo certificación forestal.
La conservación, el aprovechamiento sustentable y la recuperación de ecosistemas deben convertirse en un componente de desarrollo para que las comunidades en situación de marginación tengan opciones de desarrollo y reduzcan su vulnerabilidad. De los 125 municipios incluidos en la Estrategia 100 × 100, 107 cuentan ya con algún instrumento de política ambiental: 57 orientados a la conservación (Áreas Naturales Protegidas o Pago por Servicios Ambientales); 39 con proyectos de aprovechamiento sustentable de recursos forestales o de vida silvestre, y 101 con obras de recuperación, sobre todo de reforestación.
La conservación de la biodiversidad y sus servicios ambientales
La política de conservación de la biodiversidad no podía estar fundamentada sólo en su valor económico actual o potencial. A pesar de los avances en la valorización de los servicios ambientales de los ecosistemas, estamos lejos de poder asignarle un valor económico a la biodiversidad mexicana y sus servicios ambientales. Sería ingenuo suponer que el valor de una especie como el cóndor se contabilice sólo por el pago que las personas harían por verlo volar en la sierra de San Pedro Mártir, o que el valor de las tortugas marinas sea equivalente al valor de su carne o huevos.
La valoración de los ecosistemas es aún más complicada. ¿Cuánto valen los bosques de cactus columnares del valle de Tehuacán, las comunidades xerófitas del desierto del Pinacate, las selvas de Chiapas o los arrecifes de coral del Caribe mexicano? Suponer que valen por lo que se puede obtener de su venta como materias primas o atractivo turístico sería riesgoso y simplista. Cada especie de planta o animal y los ecosistemas en su conjunto tiene importancia independientemente de que la especie humana le haya aplicado un valor económico.
Por esa razón la política de conservación nacional no se restringe a instrumentos económicos, sino que toma en cuenta criterios del campo de la cultura y la ética. La conservación no sólo es por lo que valen en términos económicos, sino por lo que son y representan para la sociedad, aunque esto implique destinar importantes recursos económicos.
El principal mecanismo que se empleó en la política de conservación de la biodiversidad en este gobierno fue el fortalecimiento de la estrategia de ANP diseñada durante el sexenio anterior. Es importante remarcar que esta visión de conservación no deja fuera al hombre, sino que lo integra, procurando que las acciones que se realicen en torno a la conservación tengan un impacto positivo en su desarrollo y bienestar fomentando actividades sustentables de bajo impacto ambiental que pueden mejorar las condiciones de vida de los pobladores de esas áreas protegidas.
El objetivo último de la política de conservación es mantener a México entre las cinco naciones con mayor diversidad biológica en el mundo por medio del manejo eficiente de sus áreas protegidas, con la aplicación de una política de rescate de especies en riesgo, en armonía con la búsqueda de bienestar para la población que en ellas habita y apostando al fortalecimiento de una cultura de la conservación entre la sociedad mexicana. Es importante recordar y tener presente que en un país como México, que ocupa el segundo lugar en número de ecosistemas y el cuarto en número de especies que habitan en él, la relevancia de la conservación se convierte en un asunto de importancia no sólo nacional sino global.
Áreas Naturales Protegidas
Durante la presente administración se decretaron 16 nuevas ANP federales. Destacan por la superficie que abarcan las Reservas de la Biósfera de Janos, en Chihuahua (con más de medio millón de hectáreas) y la de Bahía de los Ángeles, Canales de ballenas y Salsipuedes, en el Golfo de California, con cerca de 384 mil hectáreas.
El incremento en superficie protegida, incluyendo estas 16 nuevas ANP, y los reajustes en superficie que tuvieron otras cinco más, fue de 3.5 millones de hectáreas, con lo que se alcanzaría hacia el final del sexenio la cifra acumulada en las 174 ANP de 25.3 millones de hectáreas, lo que equivale a 12.9% del territorio terrestre nacional.
Las ANP federales incluyen la mayoría de los ecosistemas que existen en el país. Entre los ecosistemas terrestres predominan los matorrales xerófilos (36% de la superficie protegida, cerca de 7.3 millones de hectáreas), los bosques templados (21%, 4.2 millones de hectáreas) y las selvas subhúmedas y húmedas (9 y 7%, respectivamente, 3.1 millones de hectáreas en conjunto). En cuanto a las zonas marinas, algunos de los más importantes sistemas arrecifales del país se han protegido dentro de las ANP federales. Destacan en la costa del Océano Pacífico, Cabo Pulmo; en el Golfo de México, el Sistema Arrecifal Veracruzano; y en el Caribe, los arrecifes de Cozumel y la Barrera Arrecifal Mesoamericana, esta última considerada como la segunda más grande e importante del mundo después de la gran barrera de arrecifes australiana.
Durante este sexenio se impulsó el fortalecimiento de las áreas naturales, pues el decreto en sí no asegura su conservación y tampoco garantiza el apoyo que requieren los habitantes de los espacios protegidos para mejorar su bienestar. Las labores de fortalecimiento a las ANP incluyen acciones para restaurar zonas dentro de las ANP que muestran algún deterioro, para fomentar la cultura y valoración de la biodiversidad, instrumentos de gestión para el mejor funcionamiento de estas áreas, así como Programas de Manejo que definen y describen explícitamente las actividades permitidas y sus características, en un marco de sustentabilidad ambiental y social.
Cuando finalice la presente administración se habrán logrado fortalecer 16 millones de hectáreas en ANP tan importantes como las Reservas de El Triunfo y La Encrucijada, en Chiapas; Ría Lagartos, en Yucatán; y la Tehuacán-Cuicatlán, en los estados de Oaxaca y Puebla.
Por otro lado, para promover el desarrollo humano compatible con la sustentabilidad ambiental, se brindaron apoyos por medio del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), dedicado a la ejecución de proyectos de conservación y restauración de ecosistemas, proyectos productivos, elaboración de estudios técnicos de programas de desarrollo comunitario, estudios para el monitoreo de especies importantes, ordenamiento territorial y cursos de capacitación sobre gestión, aplicación de nuevas tecnologías y educación ambiental. Cada año se ha logrado que entre dos mil y 2 500 localidades ubicadas dentro de las ANP o regiones prioritarias para la conservación, participen en estas actividades.
Otro programa complementario a la conservación de las áreas naturales protegidas fue el Programa de Empleo Temporal (PET) que apoya la contratación de jornaleros que se emplean para realizar actividades intensivas de mano de obra como el control de incendios (apertura de brechas corta fuego), la conservación de suelos, manejo de residuos, desarrollo de infraestructura para la mitigación de riesgos, labores de prevención de incendios forestales y control de plagas y enfermedades, vigilancia comunitaria y cultura ambiental. Con el PET se propició una auténtica “economía de la conservación”. El Programa de Empleo Temporal es, además, una de las experiencias exitosas para incorporar la perspectiva de género en el sector ambiental, ya que de 2008 a 2011 ha logrado mantener un equivalente a la paridad de género, al beneficiar en promedio a 57% de hombres y 43% de mujeres. El presupuesto del PET asignado a actividades del sector pasó de poco más de 100 millones de pesos en 2006 a cerca de 550 millones en 2012, con lo que se benefició en este último año a aproximadamente 121 mil personas.
Conocimiento científico e información
La conservación de los ecosistemas y su biodiversidad requiere de conocimientos científicos sobre los componentes, patrones y procesos ecológicos involucrados, así como de la forma en que responden las especies ante diferentes condiciones ambientales. Esta información es la piedra angular del diseño de estrategias de conservación o manejo sustentable que permitirán cierta confianza en su éxito. En este contexto, una línea estratégica fue apoyar la generación de información confiable y sistematizada, para evaluar la efectividad de las acciones aplicadas, y en su caso adecuarlas. Entre los resultados más significativos de este rubro durante esta administración, se encuentran los primeros volúmenes de la obra Capital natural de México, en los que participaron más de 600 investigadores de 227 instituciones académicas y gubernamentales, así como de organizaciones civiles de la mayor parte de las entidades de la República. Esta obra fue coordinada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), y consiste en una minuciosa evaluación científica de la información existente acerca de los componentes de la biodiversidad mexicana y los factores de impactos directos e indirectos que han deteriorado el capital natural del país. Así mismo incluye información valiosa para la gestión sustentable de la biodiversidad mexicana.
Otras dos obras importantes para la planeación de la conservación de la biodiversidad fueron los resultados del Análisis de vacíos y omisiones en conservación para ambientes terrestres y marinos, publicado en 2007, y la obra Planeación para la conservación de la biodiversidad terrestre de México: retos en un país megadiverso, publicado en 2011. También la CONABIO ha estado coordinando la publicación de las Estrategias Estatales de Biodiversidad de nueve entidades federativas y se espera que otras seis concluyan en 2012.
La importancia de la información en el proceso de planeación, toma de decisiones, evaluación y fomento a la participación social, se ve claramente reflejada en la creación o desarrollo de varios sistemas de información de acceso amplio, con información actualizada y confiable, como el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, el Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad y el Sistema Nacional de Información Forestal, entre otros.
Programa de Conservación de Especies en Riesgo
Dentro del Programa de Monitoreo Biológico se ha podido seguir el comportamiento de 35 especies emblemáticas, entre las que se incluyen las de hábitats terrestres, como el berrendo; acuáticas, como el ajolote; marinas, como algunas especies formadoras de arrecifes que rodean la isla de Cozumel, el tiburón blanco, en la Isla Guadalupe en Baja California Sur; tortugas marinas, algunas especies de plantas como la palma camedor, en la Reserva de la Biósfera de la Sepultura en Chiapas, así como especies migratorias como la mariposa monarca y la ballena gris. Al cierre de la administración se espera ya estar monitoreando 40 especies emblemáticas.
En 2007 se puso en marcha el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), cuyo propósito consiste en establecer las bases, coordinar, impulsar y articular los esfuerzos del Gobierno Federal y de diversos sectores de la sociedad, para la conservación y recuperación de las especies en riesgo. La meta para 2012 es contribuir a la conservación de 30 especies por medio de la implementación de los Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE). Ya están en marcha programas específicos para la conservación de las siguientes especies: el águila real, la vaquita marina, el berrendo, el jaguar, el lobo mexicano, el oso negro, la ballena jorobada y varias especies de tortugas marinas y loros.
Legalidad y medio ambiente
En el ámbito de la conservación, otro elemento importante al que se le ha dado relevancia es la procuración de la aplicación de la ley por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y los Comités de Vigilancia Comunitarios para evitar y sancionar actividades ilegales. Una muestra de los buenos resultados obtenidos es haber logrado la meta de “cero tala ilegal”, en el núcleo de Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. La PROFEPA realiza en todas las ANP acciones de inspección y vigilancia permanentes e intensivas con el respaldo de fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. Ello ha permitido frenar la incidencia de delitos ambientales como la tala ilegal y la extracción de madera y ejemplares de vida silvestre.
RETOS A FUTURO
A pesar de los avances alcanzados durante esta administración, queda pendiente alcanzar una verdadera sustentabilidad ambiental. Desafortunadamente, el crecimiento y la concentración poblacional seguirán aumentando y los riesgos naturales y sociales seguirán impactando el medio ambiente.
Uno de los retos inmediatos es seguir reduciendo la pérdida de superficies con vegetación natural hasta alcanzar la tasa neta de deforestación cero en la próxima década y comenzar un proceso de aforestación (recuperación neta de superficies forestales). Debe prestarse particular atención a frenar la pérdida de vegetación primaria, para así conservar la biodiversidad de esos ecosistemas y sus servicios ambientales. Conviene dirigir los programas de aprovechamiento de la biodiversidad a ecosistemas con algún grado de afectación.
Al mejorar las reglas de operación y la evaluación transparente de los programas del sector, se podrán atender con mayor eficacia los problemas ambientales, sociales y económicos de las comunidades donde se ejerzan. También habrá que incrementar la superficie incorporada en las Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos de conservación, en las que queden representados todos los tipos de ecosistemas naturales del país además de que se incorporen actividades de bajo impacto ambiental que brinden oportunidades para el desarrollo de los pobladores de estas áreas.
Durante esta administración se avanzó en la identificación de zonas costeras y marinas en las que resulta prioritaria la conservación, por medio de instrumentos de planeación como los ordenamientos ecológicos marinos y la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas; sin embargo, la conservación y el aprovechamiento de su biodiversidad con un enfoque sustentable, como en los ecosistemas terrestres, por falta de información es aún limitada. Se requiere, entonces impulsar la investigación al igual que proyectos de acción y reguladores en torno a estas zonas.
Dada la complejidad y el carácter multifactorial de los problemas ambientales, se debe mantener la transversalidad en las políticas públicas, muestra de ello son el Ordenamiento Ecológico General del Territorio y el Programa Especial de Cambio Climático. Sin embargo, la sustentabilidad ambiental debe apoyarse en programas de los distintos sectores del gobierno.
La cultura y la educación ambiental se deben continuar apoyando ya que a largo plazo es la mejor política para el cuidado del ambiente. Ello garantiza que las nuevas generaciones estén comprometidas con la gestión y consumo responsable de los recursos naturales y energéticos, y se manifiesten y actúen en pro de la conservación de la biodiversidad, en todas sus formas. En esta labor, el papel que pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil y la academia resulta fundamental. Los espacios que en esta administración han ganado, deben incrementarse aún más. Ellos serán los verdaderos garantes de una cultura ambiental que permita un desarrollo sustentable para el país y su población.