6. Infraestructura para el desarrollo
El crecimiento económico del país y las oportunidades de bienestar de sus habitantes están claramente correlacionados con el grado de desarrollo de su infraestructura. Para consolidar una red de infraestructura competitiva a nivel internacional se requiere mantener niveles de inversión constantes con una visión de largo plazo, que conciba al sector como una palanca estratégica para el desarrollo del país por el efecto que éste tiene en la generación de empleos, la atracción de inversiones productivas, la seguridad energética y la igualdad de oportunidades.
La infraestructura es, por un lado, un factor esencial para elevar la competitividad de las diversas regiones del país y aprovechar su potencial económico. Más y mejor infraestructura se traduce en menores costos y tiempos de transporte, lo que no sólo facilita el acceso de productos y mercancías a mercados distantes, sino que también fomenta la integración de cadenas productivas, impulsando así la generación de empleos dentro de las comunidades.
La infraestructura es también un instrumento clave para contar con insumos energéticos suficientes, de calidad y a precios competitivos que den certidumbre al sector productivo y contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al desarrollo sustentable del país.
Además de fomentar el desarrollo económico, la ampliación y modernización de la infraestructura es una herramienta poderosa para acortar brechas entre el nivel de bienestar de las diferentes regiones del país. Permite incrementar las oportunidades de las familias más pobres al romper el aislamiento y la marginación de las comunidades, facilitar el acceso a la educación, la salud y la vivienda, favorecer la dotación de servicios básicos y multiplicar las posibilidades de que más ciudadanos se incorporen a las actividades productivas.
Para lograr los niveles de inversión que requiere México y detonar los beneficios que genera la infraestructura, se requieren políticas innovadoras que respondan eficazmente a las necesidades de usuarios, inversionistas, empresas constructoras y otros actores involucrados; y se necesita también una coordinación eficaz entre los diferentes niveles de gobierno, así como colaboración con el sector privado, a través de esquemas novedosos de participación.
En este capítulo se presentarán los retos que existían en 2006 en materia de infraestructura hidráulica, energética y de carreteras y transportes. Asimismo, se presentarán las principales estrategias, objetivos y metas planteados por el Gobierno Federal, así como los resultados obtenidos.
PANORAMA EN 2006
En 2006, el Foro Económico Mundial (FEM) ubicaba a México en el lugar 64 entre 125 países de acuerdo a la competitividad de su infraestructura. En ese año se invirtió un monto equivalente al 3.9% del PIB, mientras países como Chile o China invertían el 5.8 y el 7.3%, respectivamente.
Al inicio de esta administración, se planteó la necesidad de diseñar una estrategia coordinada e integral, con escenarios de inversión realistas, sostenibles, y, al mismo tiempo, suficientemente ambiciosos para lograr una transformación de largo plazo.
Situación de la infraestructura hidráulica en 2006
En 2006 se había logrado dotar de agua potable al 89.6% de la población y de servicio de alcantarillado al 86%. También se contaba con la infraestructura para dar tratamiento a 36% de las aguas residuales colectadas. No obstante, se enfrentaban retos derivados del crecimiento de la demanda de agua, de los bajos niveles de eficiencia física (debido a pérdidas de agua por fugas en la red) y eficiencia comercial (debido a bajos niveles de medición, facturación y cobranza) con los que operaban los organismos de agua estatales y municipales; de la sobreexplotación de los acuíferos y de la contaminación de los recursos hídricos por el escaso tratamiento de las aguas residuales.
Estos retos eran aún más críticos en las regiones centro y norte del país, que contaban con el 77% de la población nacional y tan sólo con el 31% de la disponibilidad de agua. En contraste, en la zona sureste, donde se ubicaba 23% de la población, se contaba con el 69% de agua.
En el subsector hidroagrícola, el principal reto era disminuir el uso ineficiente y excesivo del agua para riego. Esto permitiría liberar agua y ajustar los títulos de concesión para otros usos en función de la disponibilidad del líquido, así como reducir la sobreexplotación en diversos acuíferos que presentaban graves riesgos de sustentabilidad. De los 653 acuíferos que existen en el territorio nacional, 104 estaban sobreexplotados y de ellos se extraía el 60% del agua subterránea que se empleaba en el país.
Otros factores que inhibían el desarrollo del sector eran: i) bajas tarifas que no reflejaban el verdadero costo de ofrecer el servicio y que fomentaban el desperdicio del agua; ii) escasa participación de usuarios organizados para el manejo eficiente del agua; iii) insuficiente coordinación de programas, acciones y recursos entre los tres niveles de gobierno; iv) baja participación privada en el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura, y v) un marco normativo que dificultaba el ejercicio óptimo de la autoridad, por ejemplo, en la aplicación de multas, establecimiento de tarifas, prórrogas de vigencia de derechos, permisos de transmisión de derechos y corte del servicio.
Situación de la infraestructura energética en 2006
En 2006, la inversión destinada a la infraestructura del sector energético permitió lograr avances significativos en la exploración, desarrollo y explotación de los activos petroleros del país. Se contaba con más de 733 600 kilómetros de red eléctrica, una cobertura del servicio de energía eléctrica del 97% de la población y una capacidad instalada para la generación de 56 437 MW, 23% de los cuales provenían de fuentes renovables. Sin embargo, la inversión en infraestructura energética aún resultaba insuficiente para detonar al máximo el potencial de este sector estratégico.
La suficiencia energética del país depende principalmente del consumo de petróleo, gas natural y sus derivados. En 2006 la principal preocupación en materia de hidrocarburos era que la producción de petróleo se encontraba en declive como consecuencia del agotamiento natural del yacimiento Cantarell, que durante muchos años suministró más del 60% del petróleo nacional. Derivado de lo anterior, la tasa de restitución de reservas probadas (1P) en 2006, apenas alcanzaba el 41%. El gran reto era encontrar y extraer hidrocarburos en yacimientos de mucho mayor complejidad a la presentada hasta entonces. Para ello, era necesario incrementar la capacidad de ejecución y de inversión de Petróleos Mexicanos (PEMEX), adoptar las mejores prácticas en la administración del riesgo que implican las inversiones y utilizar la tecnología más adecuada para la explotación de los nuevos yacimientos.
También resultaba fundamental que la industria dedicada a la refinación y petroquímica aumentara su capacidad para otorgar mayor valor agregado al petróleo, incrementando la producción nacional de los energéticos que demanda el país, y con ello, se promovieran mayores inversiones y empleos.
Por otro lado, desde 1998, la longitud de la red del Sistema Nacional de Gasoductos había permanecido prácticamente sin cambios y se encontraba concentrada en algunas regiones. Esto ocasionaba la saturación de la infraestructura existente y un acceso limitado al gas natural —combustible más limpio, económico y eficiente que el resto de los combustibles fósiles; mismo que mostraba una producción promedio de 5 356.1 millones de pies cúbicos diarios en 2006—, lo que se traducía en pérdida de competitividad e inhibía el desarrollo industrial de las entidades federativas sin acceso a este energético.
De manera paralela, se había fortalecido el sector eléctrico con la construcción de infraestructura tanto de generación (especialmente centrales termoeléctricas), como de transmisión y distribución. Sin embargo, era necesario reducir el margen de reserva que se encontraba por encima de los niveles recomendados (38% en 2006), así como llevar el servicio a toda la población. También, era apremiante disminuir la dependencia de la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, cuyos precios a la alza incrementaban el costo de producción de la Comisión Federal de Electricidad (cfe), y buscar una mayor diversificación de las fuentes de generación hacia energías limpias. Otro reto importante era incrementar la eficiencia en la generación y distribución de electricidad, especialmente en el área central y lograr tener precios competitivos que permitieran el desarrollo del sector.
Finalmente, en materia ambiental, existían dos áreas por atender: la proliferación de los residuos producto de la quema de combustibles fósiles y el uso de tecnologías industriales atrasadas tanto en la generación como en el aprovechamiento de la energía. Estas condiciones contribuían a incrementar la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y propician fenómenos como el cambio climático.
Situación de la infraestructura de comunicaciones y transportes en 2006
En 2006 el país había logrado un avance significativo en el desarrollo de infraestructura carretera. La Red Nacional de Carreteras contaba con alrededor de 357 mil kilómetros de longitud, sin embargo, existían grandes necesidades en cuanto a su ampliación y al mejoramiento de su estado físico. Por ejemplo, sólo 76% de la red se encontraba en buen estado, lo que ocasionaba un índice de accidentes elevado, de 0.47 por cada millón de vehículos/kilómetro.
El país había logrado avances en el desarrollo de infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria. Disponía de 26.6 mil kilómetros de vías ferroviarias, por las que se transportaron 95.7 millones de toneladas y 260 mil pasajeros; 202 144 metros de muelles con una capacidad de carga utilizada de 287.4 millones de toneladas; y en el sector aeroportuario, más de 8.6 millones de metros cuadrados en pistas, 3.8 en plataformas y 3.1 de rodajes; que permitían transportar 45.5 millones de pasajeros y 544 mil toneladas de carga.
Uno de los principales factores que inhibía el desarrollo del sector era el bajo nivel de inversión para la construcción, mantenimiento y ampliación de la infraestructura. Por ello, era prioritario complementar las fuentes públicas de financiamiento con recursos del sector privado que permitieran acelerar el desarrollo de obras estratégicas para elevar la conectividad y competitividad de la economía del país.
AVANCES Y TRANSFORMACIONES ENTRE 2006 Y 2012
Al inicio de este gobierno se presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (pni) como una respuesta tanto a las necesidades existentes, como a las oportunidades que planteaba un escenario de estabilidad económica y finanzas sanas que permitía planear inversiones de largo plazo. En este programa se definieron ocho objetivos estratégicos:
- Elevar la cobertura, calidad y competitividad de la
- Convertir a México en una de las principales plataformas logísticas del mundo, aprovechando su posición geográfica y la red de tratados internacionales con la que contaba.
- Incrementar el acceso de la población a los servicios públicos, sobre todo en las zonas de mayores carencias.
- Promover un desarrollo regional equilibrado, dando atención especial al centro, sur y sureste del país.
- Elevar la generación de empleos
- Impulsar el desarrollo
- Desarrollar la infraestructura necesaria para el impulso de la actividad turística.
- Impulsar un desarrollo regional más dinámico, justo e
Las estrategias que se plantearon para el logro de estos objetivos se pueden agrupar en torno a tres ejes. El primero está relacionado con la administración general de los proyectos, empezando por impulsar aquellos con mayor rentabilidad social, evaluada con base en su factibilidad técnica, económica y ambiental. Una vez seleccionados dichos proyectos prioritarios, era necesario mejorar su planeación, preparación, administración y ejecución, incorporando las mejores prácticas y estándares en la materia, y dándoles seguimiento desde el más alto nivel del gobierno para identificar y controlar de manera oportuna los factores que pudieran poner en riesgo su ejecución.
El segundo eje consistía en incrementar de manera sustancial la inversión pública y privada en el desarrollo de infraestructura. Por el lado de los recursos públicos, esto se podía lograr promoviendo la autorización de erogaciones plurianuales para proyectos prioritarios. Para atraer recursos privados, había que dar suficiente certeza jurídica y eliminar regulación innecesaria y otros inhibidores a la inversión.
Una de las acciones más relevantes en este sentido fue la publicación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (app) y su reglamento, que proporcionan un marco legal integral para impulsar la inversión en infraestructura y dar mayor certidumbre a la realización de proyectos que involucran la participación conjunta de los sectores público y privado. Este marco propicia la distribución equitativa de riesgos entre uno y otro sector a través de mecanismos flexibles, según las necesidades de cada proyecto. A la vez, brinda seguridad y certeza jurídica, toda vez que hace posible conocer de antemano las condiciones que rigen los procesos de concurso y adjudicación.
Finalmente, el tercer eje reconoce la necesidad de una mejor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con el sector privado. La coordinación es, en este sentido, esencial para distribuir al mayor número los beneficios que la infraestructura genera.
Las acciones y proyectos estratégicos contenidos en el pni se enfocaron al desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes, de infraestructura hidráulica y de infraestructura energética. A continuación se detallan las estrategias y proyectos que se realizaron para enfrentar los principales retos identificados, así como los resultados obtenidos con cada uno de ellos.
Políticas públicas para el sector hidráulico
En el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (pnh) y en el pni, se estableció una serie de estrategias en relación con el manejo y preservación del agua, a fin de alcanzar cuatro objetivos generales:
En primer lugar, estaba el objetivo de mantener el equilibrio de acuíferos y cuencas hidrográficas, evitando dispendios, así como administrando eficazmente y aumentando la productividad del agua en todos los usos, especialmente en el sector agrícola que representa más del 70% del uso para consumo. Esto requería modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas, en coordinación con usuarios y autoridades locales; así como ampliar la frontera agrícola de riego y temporal tecnificado en zonas con disponibilidad de agua.
Un segundo objetivo fue incrementar la limpieza de los ríos al dar tratamiento a un mayor porcentaje de aguas residuales, redoblando el esfuerzo técnico y financiero para construir nuevas plantas y para rehabilitar y poner en operación las que estaban en desuso; además de fomentar el uso e intercambio de estas aguas.
En tercer lugar, llevar cada vez a más mexicanos los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto en las ciudades como en comunidades rurales, con miras a alcanzar la cobertura universal; ampliando y modernizando infraestructura e incrementando la eficiencia global, y especialmente la eficiencia física en la distribución para erradicar las pérdidas y las fugas en las redes y los domicilios.
Finalmente, incrementar la seguridad de asentamientos humanos frente a inundaciones potencialmente catastróficas, mediante la construcción de obras de control y regulación de caudales de ríos que protejan a los habitantes y a las zonas productivas ubicados en los sitios que tradicionalmente son más afectados por fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos. Esta medida se complementaría con acciones en materia de reordenamiento territorial para reubicar los asentamientos en zonas consideradas de alto riesgo.
Para alcanzar estos objetivos se estableció como prioridad lograr la participación activa de los gobiernos locales, que tienen bajo su responsabilidad la prestación de los servicios y la coparticipación de las inversiones, y la de los usuarios, a través del pago de la tarifa, su participación en las inversiones para garantizar la prestación del servicio y del uso racional del líquido.
Otro factor clave para alcanzar los objetivos establecidos, fue incrementar significativamente la inversión pública y privada en este sector. En el pni se estimó una inversión total requerida de 251 mil millones de pesos entre 2007 y 2012, divididos de la siguiente manera: 191 mil millones (134 provenientes de recursos públicos y 57 de recursos privados) para el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y 60 mil millones (45 provenientes de recursos públicos y 15 de privados) para el sector hidroagrícola y el control de inundaciones (cifras expresadas en pesos de 2012).
Al final del sexenio, observamos que se alcanzó una inversión total en infraestructura hidráulica de 237 mil millones de pesos. Se destinaron 164 mil millones al subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento y 73 millones de pesos al subsector hidroagrícola y de control de inundaciones. Cabe destacar que el monto de la inversión total fue 91% superior al invertido durante el sexenio anterior (124 mil millones de pesos).
Para medir el avance logrado en esta administración y el impacto de dicha inversión, se estableció una serie de metas, alineadas con los objetivos estratégicos ya señalados, cuya evaluación al final del sexenio arroja resultados muy positivos. Vale la pena enumerar los siguientes:
- Se logró el avance comprometido en materia de cobertura de servicios de agua y de alcantarillado: entre 2006 y 2012 el porcentaje de la población con acceso a agua potable pasó de 6 a 92%. En cuanto a alcantarillado, la cobertura se incrementó de 86 a 90.5%, más de dos puntos porcentuales por encima de la meta establecida.
- Uno de los avances más significativos se dio en el saneamiento de aguas Mientras que en 2006, en México sólo se trataba el 36%, al final de esta administración la proporción es cercana al 55%. Esto mejora las condiciones para recargar los mantos acuíferos en varias regiones del país y destinar un menor volumen de agua potable a la industria y al riego.
- Se cumplió con la meta de modernizar o tecnificar 1.2 millones de hectáreas de superficie agrícola de riego. También se incorporaron 166 517 hectáreas nuevas de riego y temporal tecnificado, 3 617 más de las que se fijaron como meta.
- Se logró casi el doble de la meta en materia de hectáreas agrícolas con obras de protección contra el riesgo de inundaciones: mientras que en 2006 sólo existían 81 175, en 2012 se cuenta con 294 306 hectáreas en estas condiciones, muy por encima de la meta fijada de 150 mil hectáreas.
- Finalmente, se cumplió con la meta de incrementar en 6 millones el número de habitantes apoyados con obras de protección contra el riesgo de inundaciones. La población beneficiada por estas acciones pasó de 6 millones de personas, en 2006, a 10.6 millones de habitantes en 2012.
Además de cumplir con las metas del Programa Nacional Hídrico y del Programa Nacional de Infraestructura, México logró rebasar las metas en materia de agua potable y saneamiento establecidas en los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias a ello, se ha logrado incidir de manera positiva en las condiciones de vida de la población, reduciendo así su vulnerabilidad. Por mencionar un ejemplo, con el incremento en la cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se ha logrado disminuir la prevalencia de enfermedades diarreicas en la población, especialmente en la infantil.
Entre las principales obras de esta administración, destaca el Túnel Emisor Oriente, que contará con 62 kilómetros de longitud y 7 metros de diámetro y que permitirá incrementar en 150 m3/s la capacidad de desalojo de aguas residuales y de lluvia de la Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm). El Túnel Emisor Oriente es la obra de drenaje más grande en el mundo. El avance físico de la obra es de 55%, a fines de 2012 quedará concluido el Tramo I cuya longitud es de 10 kilómetros, mientras que la obra completa se concluirá a finales de 2014.
En cuanto a plantas de tratamiento de aguas residuales, sobresale la Planta Atotonilco, que será la más grande de América Latina y que permitirá pasar de un porcentaje de tratamiento de aguas residuales de la zmvm del 10 al 60%. Además del logro que representa en términos de ingeniería e impacto ambiental, esta planta recibió el 2011 el Premio Global de Agua (Global Water Award) en reconocimiento al diseño del esquema de financiamiento y cooperación pública y privada para su operación.
Finalmente, cabe destacar el Plan Hídrico Integral de Tabasco, en el que se invirtieron cerca de ocho mil millones de pesos y que consiste en la construcción de múltiples obras, entre las que destacan la construcción de bordos y muros de protección, canales de alivio, estructuras de control, puentes, desazolve de ríos, drenes y arroyos, para disminuir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las que se encuentra la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Políticas públicas para el sector energético
Los recursos energéticos de México generan grandes oportunidades para el crecimiento económico y el desarrollo del país. Por ello, esta administración estructuró una estrategia integral para promover el desarrollo sustentable del sector de manera responsable y eficiente, que permitiera asegurar el suministro de energéticos a precios competitivos, mitigar el impacto ambiental de sus actividades, operar con estándares internacionales de calidad y promover el uso racional de los recursos, considerando un horizonte de largo plazo.
Al inicio de este sexenio, tanto en el Programa Nacional de Infraestructura como en el Programa Sectorial de Energía, se definió una serie de objetivos y metas que sirvió para diseñar las principales estrategias para el desarrollo del sector hidrocarburos y del sector eléctrico.
Uno de los objetivos más apremiantes era reducir el desequilibrio entre la extracción de hidrocarburos y la incorporación de reservas, de manera que la tasa de restitución de reservas de hidrocarburos se elevara a 50 por ciento.
Para ello, se debía alcanzar una producción superior a los 2.5 millones de barriles diarios de petróleo, al tiempo que se restituyeran las reservas de petróleo con la exploración y el descubrimiento de nuevos yacimientos que permitieran identificar la cantidad de reservas probables y posibles con las que contaba nuestro país. En materia de gas natural, se fijó la meta de mantener un nivel de producción de cinco mil millones de pies cúbicos diarios; así como construir, con recursos privados, al menos 800 kilómetros de gasoductos.
Para alcanzar estas metas, era necesario impulsar la exploración y producción de crudo y gas, estableciendo las bases para iniciar la exploración y explotación en aguas profundas. Éste era un campo no explorado en nuestro país al inicio de la administración, cuyos costos superaban por mucho la capacidad de inversión que existía en 2006.
Con el fin de propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos extraídos, se estableció también el objetivo de incrementar la capacidad de almacenamiento, suministro y transporte de petrolíferos, así como el de aumentar la capacidad de procesamiento y transporte de gas natural.
En materia de refinación, la meta era incrementar la capacidad de procesamiento de crudo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) a por lo menos 1.4 millones de barriles diarios en 2012, a fin de brindar una mayor viabilidad e independencia al sector de hidrocarburos, y mantener una relación entre la importación y ventas de gasolina no mayor a 40%. Asimismo, se estableció el objetivo de que en el proceso de refinación en México, se redujera el contenido de azufre en los combustibles para cumplir con la normatividad ambiental.
Para desarrollar el sector eléctrico, se plantearon cuatro objetivos estratégicos al iniciar esta administración. En primer lugar, se requería desarrollar la infraestructura de generación, transmisión y distribución necesaria para satisfacer la demanda de energía eléctrica al menor costo posible.
La ampliación de la infraestructura energética va de la mano con el segundo objetivo: incrementar la cobertura del suministro de electricidad, particularmente en las zonas rurales, permitiendo mejorar la calidad de vida y oportunidades de las personas. Este objetivo representa siempre un reto incremental, debido a la dificultad técnica y económica de conectar a la red eléctrica a la población que aún no cuenta con el servicio, y que se encuentra, casi en su totalidad, en zonas muy remotas.
El tercer objetivo que se planteó fue diversificar las fuentes para la generación de energía eléctrica, impulsando especialmente el uso de energías renovables. Finalmente, todas las acciones en la materia debían contribuir a mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica, y con ello, la satisfacción de los usuarios.
Para evaluar el avance logrado en cada uno de estos objetivos, se establecieron metas específicas, entre las que destacan mantener la confiabilidad del suministro de energía eléctrica, utilizando en la planificación de la infraestructura de generación, márgenes de reserva entre 23 y 25%; incrementar la capacidad efectiva de generación en nueve mil megawatts, y poner en operación más de 14 mil kilómetros/circuito de líneas en los diferentes niveles de tensión.
En materia de cobertura de electricidad, se estableció la meta de dotar a 97.5% de la población con este servicio. Asimismo, se fijó la meta de que al menos 5% de la capacidad efectiva de generación proviniera de fuentes renovables.
Para lograr las estrategias y objetivos definidos, en el PNI se estimó una inversión necesaria para el periodo 2007-2012 de un billón 456 mil millones de pesos para desarrollar la infraestructura del sector hidrocarburos, y de poco más de 460 mil millones para el sector electricidad (cifras expresadas en pesos de 2012).
Al final del sexenio, observamos una inversión en infraestructura en el sector de hidrocarburos, de aproximadamente un billón 636 mil millones de pesos, 12.4% superior a lo establecido en el pni, y 67.1% más que lo invertido durante el sexenio anterior, en términos reales. Para el sector eléctrico la inversión impulsada alcanzó 307 757 millones de pesos.
De manera específica, en lo que respecta a la inversión necesaria para la industria petrolera nacional, el Gobierno Federal impulsó al inicio del sexenio una serie de cambios legales que permitieran mayor viabilidad financiera a la exploración y explotación de yacimientos de gran complejidad de acceso y/o extracción, entre otros aspectos. Con estas reformas legales, aprobadas por el Congreso de la Unión en 2008, se dotó de mayor flexibilidad a PEMEX al permitir esquemas de inversión especializados para proyectos de exploración y producción.
Dichas reformas legales y sus consecuentes mejoras en los métodos técnicos y en los procesos de administración, dieron como resultado la innovación y aplicación de las nuevas tecnologías para la perforación y explotación de pozos horizontales no convencionales en el activo Aceite Terciario del Golfo (también conocido como Chicontepec). Gracias a ello, la producción de petróleo en este activo se incrementó en casi 200% desde s reactivación en 2007, incluso a pesar de ser uno de los de mayor complejidad geológica del mundo. Esto sienta el precedente de lo que será la extracción de hidrocarburos en el futuro del país.
Igualmente, por primera vez, como parte de las operaciones exitosas en aguas profundas y ultra profundas, se realizó el descubrimiento de cinco yacimientos de gas húmedo en el Cinturón Plegado Catemaco por medio de la perforación del pozo Kunah-1 con la plataforma Centenario. Con ellos se estima certificar reservas probadas, probables y posibles (3P) de entre 1.5 y 2 billones de pies cúbicos de gas. Asimismo, a través de las perforaciones realizadas; primero con la plataforma Bicentenario en el pozo Trión-1 y después con la plataforma West Pegasus en el pozo Supremus-1, ambos dentro del Cinturón Plegado Perdido, se realizó el primer descubrimiento de crudo en aguas ultra profundas. El potencial del yacimiento completo se estima de entre cuatro mil y 10 mil millones de barriles de petróleo; recursos prospectivos que, de confirmarse como reservas representarían el descubrimiento más importante desde el yacimiento de Cantarell a principios de los años setenta.
Con todas estas acciones, la producción promedio diaria de petróleo y gas natural se ubicó en 2.7 millones de barriles y 6.1 miles de millones de pies cúbicos, respectivamente; superando en ambos casos la meta del PNI. En materia de restitución de reservas, el primero de enero de 2012, como resultado de los trabajos realizados en exploración terrestre y marina (costa afuera), por primera vez se alcanzó una tasa de restitución de reservas probadas (1P) superior al 100%. Esto significa que por cada barril de petróleo que se produce, se incorpora uno nuevo a la reserva nacional, lo cual garantiza la seguridad energética del país y refleja el manejo responsable de sus recursos no renovables.
Para cumplir con los objetivos planteados en materia de refinación, una de las acciones más relevantes fue la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, que requirió una inversión de más de 57 700 millones de pesos. Ésta es la inversión en refinación más importante de los últimos 30 años y permite incrementar la producción de combustibles de alto valor agregado y optimizar el procesamiento de crudo pesado.
Además, se implementaron una serie de acciones técnicas en el proceso de refinamiento de los combustibles, con las que se redujo el contenido de azufre en las gasolinas de las zonas metropolitanas del país de 500 a 30 partes por millón en promedio. Con ello, no solamente se beneficia el medio ambiente, sino también a los consumidores del país, con combustibles de mejor calidad.
Con el fin de mejorar el sistema de transporte de gas natural y desarrollar una nueva red de distribución, se puso en marcha el Programa de Cambio Estructural en el Mercado de Gas Natural en México, el cual permitirá ampliar la cobertura de gas natural a 26 estados del país para el año 2020. Este programa contempla la incorporación de 56 568 kilómetros a la red de distribución al igual que la construcción de casi 4 300 kilómetros de nuevos ductos a través de los siguientes proyectos: Noroeste, Chihuahua, Los Ramones, Manzanillo, Tamazunchale, Morelos, Zacatecas y Yucatán. Lo anterior representa un incremento del 37% en la longitud total de la red de transporte respecto a la de 2010 y una inversión de casi 10 900 millones de dólares.
En el sector electricidad también se observan logros importantes. A junio de 2012 y a pesar de que no se tuvo el crecimiento en la demanda de energía eléctrica esperado en los escenarios de planeación de CFE, se logró reducir el margen de reserva de 38% en 2006 a 30.8 en 2012, logrando tener una mejor relación entre la capacidad de generación instalada efectiva y la demanda de energía eléctrica.
En términos de cobertura de electricidad, se estima que, al cierre de 2012, 97.9% de la población, es decir, más de 113 millones de mexicanos, contará con el servicio de energía eléctrica, con lo que se cumple la meta establecida en esta materia. Respecto a la calidad del servicio, considerando el indicador de tiempo de interrupción a los usuarios, se observó una mejora significativa al pasar de casi 79 minutos de interrupción por usuario al año en 2006 a menos de 41 minutos en agosto de 2012.
Por otro lado, en este gobierno se logró que la participación de las fuentes de energía renovable en la capacidad efectiva de generación del país se incrementara de 23 a 25%. Tan sólo en energía eólica, la capacidad de generación pasó de dos megawatts en 2006 a casi 600 MW para el servicio público al final de la administración con la entrada en operación de las centrales eólicas La Venta III y Oaxaca I, II, III y IV.
En este tema, resulta importante destacar la implementación del esquema Temporada Abierta, a través del cual inversionistas privados construyen parques eólicos en Oaxaca para su autoabastecimiento, gracias a una inversión conjunta con la cfe para la construcción de la infraestructura necesaria para transportar la energía generada. La primera etapa de este esquema representó 1 985 MW por parte de los inversionistas privados.
También sobresale la construcción de la Central Hidroeléctrica La Yesca, con una capacidad de generación de 750 MW de energía limpia y que cuenta con la segunda presa en su tipo más alta del mundo. Esta generación equivale al 50% de la demanda de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Además de las obras mencionadas, es de resaltar la importancia del Proyecto Integral Manzanillo, que incluye la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado, la repotenciación de la central termoeléctrica Manzanillo I, el gasoducto Manzanillo-Guadalajara y las obras ferroviarias, carreteras y portuarias necesarias. Esta es la obra de infraestructura energética más relevante de la administración, pues implicó una inversión de 34 538 millones de pesos.
Políticas públicas para el sector comunicaciones y transportes
El sector comunicaciones y transportes había tenido un importante crecimiento a partir de la década de los años noventa. Sin embargo, éste había sido insuficiente para estar a la altura de las necesidades de un país que compite con las economías más grandes del mundo. Por ello, esta administración decidió asumir como prioridad la conectividad para hacer de nuestra nación una plataforma logística, atractiva para la inversión.
El monto invertido en comunicaciones y transportes no tiene precedente. En el subsector carretero, se invirtieron aproximadamente 349 298 millones de pesos, 62.1% más que en el sexenio anterior; mientras que en infraestructura ferroviaria, portuaria y aeroportuaria se invirtieron alrededor de 138 065 millones, 24.4% más que lo invertido por la administración anterior (cifras expresadas en pesos de 2012).
Subsector carretero
En este subsector, la administración planteó los siguientes objetivos: completar la modernización de los corredores troncales transversales y longitudinales que comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del país con carreteras de altas especificaciones; mejorar la continuidad en el flujo y la conectividad de la red carretera a través de la construcción de libramientos y accesos; mejorar el estado físico de la infraestructura existente y reducir el índice de accidentes; así como integrar ejes interregionales y mejorar la comunicación en regiones con potencial de desarrollo.
Durante este gobierno, se logró la construcción y modernización de más de 21 mil kilómetros de carreteras, autopistas y caminos rurales; superando en más del 19% la meta planteada en el pni. Esta cifra representa un incremento de 85% con respecto al sexenio anterior y de 165% en comparación con el periodo 1995-2000.
Con las obras realizadas en esta administración, se fortaleció la red troncal del Sistema Carretero Nacional, constituida por nueve corredores troncales longitudinales y seis transversales, con una longitud de 14 392 kilómetros y 5 576 kilómetros, respectivamente; que conecta a las principales ciudades, puertos, cruces fronterizos y centros turísticos del país.
Entre los proyectos más importantes impulsados se encuentra la autopista Durango-Mazatlán, que completa el eje carretero Mazatlán-Matamoros, es decir, permite unir al Pacífico con el Atlántico en el norte del país. Esta autopista tendrá 230 kilómetros de longitud, que incluyen 61 túneles y 115 estructuras, entre las que destacan el túnel el Sinaloense de 2.8 kilómetros y el puente Baluarte, el puente atirantado más alto del mundo.
Otra obra a destacar es el Arco Norte de la Ciudad de México, autopista de 224 kilómetros de longitud que va de Puebla al Estado de México, y que comunica al Golfo con el centro del país sin necesidad de atravesar la Ciudad de México.
Finalmente, se pueden mencionar obras de alto impacto como la autopista Monterrey-Saltillo y el Libramiento Norponiente de Saltillo, la autopista México-Tuxpan, o las carreteras Campeche-Mérida, La Paz-Todos Santos-Cabo San Lucas, Zacatecas-Saltillo y Río Verde-Cuidad Valles en San Luis Potosí. Cada una de estas obras contribuirá a detonar el potencial económico de las regiones y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Otro de los objetivos en este subsector, fue mejorar el estado físico de la infraestructura existente y reducir el índice de accidentes. En este sentido, se logró un avance importante con relación a la situación de 2006, pues se pasó de 76 a 81% de la red federal operando en buenas condiciones conforme a estándares internacionales. Asimismo, el índice de accidentes se redujo de 0.47 a 0.24 por cada millón vehículos/kilómetro.
Se implementaron también los Programas de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores y de Conservación de la Red Federal Carretera Libre de Peaje, para para atender las necesidades de comunicación en las zonas de mayor marginación del país. Los caminos rurales y alimentadores permiten enlazar en congruencia con los esquemas y planes de desarrollo estatales, a los polos de producción con los centros de consumo, facilitando con seguridad el acceso permanente de bienes y servicios. La construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores implica, al igual que las carreteras federales de altas especificaciones, un trabajo de ingeniería de alto nivel. La orografía accidentada de las regiones en las que se desarrollan la mayoría de estos proyectos dificulta los estudios topográficos, geotécnicos e hidrológicos necesarios para la ejecución de los proyectos. A pesar de estos obstáculos, en este gobierno se construyeron y modernizaron casi 14 mil kilómetros de este tipo de caminos.
Subsector de Transporte
Para fortalecer la competitividad del transporte ferroviario, se estableció el objetivo de construir nuevas vías y mejorar las existentes, mediante la construcción de pasos a desnivel, cruces y libramientos. En su conjunto estas obras permitirían incrementar la velocidad promedio del sistema ferroviario, que en 2006 era de 24 kilómetros por hora.
Un segundo objetivo, fue impulsar el desarrollo de corredores y terminales multimodales, para hacer más eficiente el transporte de mercancías, priorizando aquellos que unen a los puertos del Pacífico con los del Atlántico y con las fronteras.
Finalmente, se estableció el objetivo de impulsar el desarrollo de trenes suburbanos de pasajeros para reducir de manera significativa el tiempo de traslado de las personas, así como mejorar la convivencia del ferrocarril en zonas urbanas. Un primer paso para lograr este objetivo debía ser la puesta en marcha del Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En lo que respecta al sistema portuario, las estrategias y acciones implementadas fueron diseñadas con miras a cumplir el objetivo de fomentar la competitividad del sector y ofrecer un mejor servicio acorde con estándares internacionales; especialmente en cuanto a la capacidad de manejo de contenedores.
Para ello, era necesario construir nuevos puertos y ampliar o modernizar los existentes, construir muelles para cruceros, aumentar la capacidad instalada para el manejo de contenedores de cuatro millones a más de siete millones de teus (unidades equivalentes de 20 pies de largo), e incrementar el rendimiento de las operaciones en terminales especializadas de contenedores, de 68 a 75 contenedores horas/buque en operación
Por otro lado, se estableció el objetivo de ampliar y modernizar la infraestructura y los servicios aeroportuarios, que permitieran una mayor capacidad de pasajeros al año y que mejoraran el nivel de servicio, tanto a los usuarios como a las empresas aéreas de carga y pasajeros. Considerando la importancia del sector turismo en la economía nacional, se estableció que los proyectos de puertos y aeropuertos que ayudaran a detonar el desarrollo de los corredores turísticos debían impulsarse de manera prioritaria.
Como resultado de la inversión en infraestructura ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, se lograron importantes transformaciones que elevan la competitividad del país y sientan la base para un desarrollo regional más equilibrado.
La infraestructura ferroviaria se vio fortalecida con obras como la construcción de 28 pasos a desnivel en once estados de la República, y la señalización de 240 pasos a nivel y 256 cruces para mejorar la fluidez y seguridad de la operación ferroviaria. Además, se encuentran en construcción otras obras, como el Puente Internacional Ferroviario MatamorosBrownsville; primer cruce ferroviario fronterizo que se desarrolla desde hace 100 años entre México y Estados Unidos.
Para hacer más eficiente el transporte de mercancías, durante este sexenio se pusieron en marcha un total de 36 terminales intermodales, entre las cuales se encuentran seis terminales intermodales de carga que iniciaron operaciones en 2012, dos de ellas ubicadas en el Estado de México, dos en Hidalgo, una en Nuevo León y una en Querétaro.
En lo que respecta a transporte de pasajeros, se puso en marcha, en junio de 2008, la primera fase del Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en su tramo BuenavistaLechería, y en enero de 2009 el tramo Lechería-Cuautitlán, que completa la ruta de 27 km Buenavista-Cuautitlán, misma que ha transportado a más de 150 millones de pasajeros entre 2008 y septiembre de 2012. Actualmente se encuentran en preparación los sistemas 2 y 3, y se realiza el análisis de la viabilidad de trenes suburbanos para otras ciudades.
En materia de puertos de carga, se realizó la construcción de terminales especializadas y plantas industriales en los puertos de Altamira, Tampico, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Guaymas. Asimismo, se construyó un nuevo puerto en la Laguna de Cuyutlán, para recibir las embarcaciones que abastecen a la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, Colima, que presta servicio a la Comisión Federal de Electricidad.
Se realizó también la ampliación del Puerto Lázaro Cárdenas, que incluyó la construcción de la terminal especializada de contenedores, la terminal de minerales a granel y la terminal para desmantelamiento de embarcaciones. En este puerto se erigió también el Puente Albatros, de 2.5 kilómetros de longitud y cuatro carriles de circulación, que une a la Isla de En Medio con la Isla del Cayacal. El Albatros es el único puente levadizo en América Latina.
Mediante estas obras, y otras estrategias complementarias, se logró incrementar la capacidad instalada para el manejo de contenedores de cuatro millones a 7.2 millones de teus. Asimismo, se aumentó el rendimiento de las operaciones en terminales especializadas de contenedores de 68 a 81.9 contenedores por horas/buque en operación.
En cuanto a puertos turísticos se refiere, en este sexenio se construyeron cinco nuevos muelles para cruceros en Manzanillo, Mazatlán, Guaymas y dos en Puerto Vallarta; y se ampliaron y modernizaron los puertos de Ensenada, Mazatlán, Altamira, Guaymas, Dos Bocas, Puerto Chiapas, Topolobampo y Tuxpan.
Con estas acciones, ha sido posible que la transportación marítima de carga en nuestro país esté a la vanguardia, logrando con ello facilitar y promover el intercambio comercial internacional. Asimismo, a través de la transportación marítima de pasajeros, se moderniza al subsector y se detona el crecimiento del turismo nacional y extranjero.
Para consolidar la infraestructura aeroportuaria del país, se construyeron nuevos edificios terminales en los aeropuertos de las ciudades de México, Cuernavaca, Monterrey, Loreto y San José del Cabo; y se ampliaron los edificios terminales en Toluca, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla, Querétaro, Hermosillo, Tijuana, Los Mochis, Mexicali, Morelia, Ciudad Juárez, Chetumal y Culiacán. Asimismo, se construyó la segunda pista del aeropuerto de Cancún.
Como un proyecto totalmente nuevo, esta administración construyó el aeropuerto internacional de Mar de Cortés en Puerto Peñasco Sonora, mismo que inició operaciones en agosto de 2009. Además, se encuentra en construcción el nuevo aeropuerto de Palenque en Chiapas, que tendrá capacidad para atender hasta a 300 mil pasajeros al año y se prevé concluir en el primer trimestre de 2013.
Estas inversiones permitirán mejorar la conectividad aérea del país, lo que a su vez redituará en mayores facilidades para los viajeros de trabajo o de placer así como en la facilidad para la transportación aérea de carga, logrando con ello ahorros en tiempos, costos y disminución en el tráfico de un gran número de terminales aéreas. Todo lo anterior permitirá que distintas ciudades del país se conviertan en polos importantes de inversión industrial, empresarial o turística, por su competitividad derivada, entre otros factores, de su conectividad aérea.
RETOS A FUTURO
Retos en el sector hidráulico
La concentración de la población urbana y rural en asentamientos marginales y en zonas de difícil acceso ponen en riesgo los avances alcanzados. La falta de acceso a agua potable y a saneamiento, así como el aumento de desastres relacionados con el agua como inundaciones y sequías, son problemas que conllevan serias consecuencias para la salud, el bienestar y la seguridad de la población y para el medio ambiente.
En materia de inversión, es necesaria la convergencia de recursos federales, estatales, municipales y del sector privado, para la operación y mantenimiento de la infraestructura actual.
El volumen de aguas residuales no tratadas es aún sustancial, lo que contamina el suelo y las aguas superficiales, tanto en zonas urbanas como rurales, creando un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Es imperativo seguir avanzando en este tema.
Finalmente, es importante diseñar, aplicar y actualizar tarifas que permitan a los prestadores de servicios cubrir los costos de operación, administración y mantenimiento de los sistemas a su cargo, así como lograr la autosuficiencia financiera, al tiempo de transmitir a los usuarios el costo real en que se incurre al dotarlos del servicio de agua, fomentando su uso racional. Además, al contar con mayores recursos, las entidades prestadoras de servicios podrán financiar proyectos para mejorar la calidad de los mismos.
Retos en el sector energético
A pesar de haber realizado una inversión histórica en el sector energético, misma que se reflejó en los logros obtenidos, aún existen áreas de oportunidad para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, e incrementar la competitividad del país.
Uno de esos retos es evaluar el potencial de los recursos prospectivos de shale gas y establecer un programa para su desarrollo sustentable, que incluya la regulación necesaria para su explotación, así como las mejores prácticas en materia tecnológica y de protección al ambiente. Otro es el de continuar con la implementación del Programa de Cambio Estructural en el Mercado de Gas Natural en México para fortalecer los sistemas de transporte y distribución de éste energético a fin de impulsar el desarrollo regional. Asimismo, es necesario seguir fomentando la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural, alineada con las políticas del sector.
El reto en materia de exploración y producción petrolera estará en seguir modernizando al subsector y sus mecanismos de gestión con diferentes proyectos. Uno de ellos será mantener e incrementar la tasa de restitución de reservas probadas, para asegurar que en el futuro se cuente con el petróleo necesario para subsistir, tanto en materia de consumo como de venta. Esto significará seguir explorando los campos maduros de petróleo, así como las aguas profundas de nuestros litorales, generando alternativas para la explotación de los yacimientos ahí contenidos. Por otra parte, México deberá seguir mejorando sus procesos de refinación para estar a la altura de países de desarrollados y poder disminuir las importaciones de combustibles y derivados.
Conservar el medio ambiente es un reto fundamental para la sostenibilidad de cualquier país. Por eso se deberá seguir trabajando en reducir el impacto ambiental del sector energético, derivado de la utilización de los recursos naturales y de la disposición de residuos contaminantes que se emplean o generan en las actividades del sector (gases de proceso y aditivos químicos, entre otros). Adicionalmente, se deberá impulsar el desarrollo de un mercado competitivo de biocombustibles como alternativa a los combustibles fósiles, con una estrategia que garantice que no se afecte el desarrollo nacional.
En el subsector eléctrico, será necesario continuar planeando la construcción de infraestructura de generación y garantizar el uso eficiente de las centrales con un margen de reserva que se encuentre dentro de los estándares mundiales. También se deberán seguir diversificando las fuentes de generación, mediante el impulso a energías renovables y el uso de tecnologías más eficientes, que además puedan ayudar a incrementar la cobertura del servicio, especialmente en comunidades remotas.
Retos en el sector de comunicaciones y transportes
Durante los próximos años deberá avanzarse en la modernización de la red troncal. Esto implica continuar con la construcción de libramientos, entronques y accesos para agilizar el tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios en las principales zonas metropolitanas del país.
Un área de atención sumamente importante es la conectividad y accesibilidad a los centros de intercambio modal: aeropuertos, puertos, terminales ferroviarias y cruces fronterizos. Por ello, se deben resolver los cuellos de botella que dificultan el tráfico intermodal en los 13 corredores principales y promover el desarrollo de nuevos corredores que permitan optimizar la cadena logística para impulsar la competitividad del país y captar mayores inversiones. Estas obras también contribuyen a hacer más seguro el transporte ferroviario.
En cuanto al uso eficiente de la tecnología, se deberá tener en la mira ampliar la utilización de Sistemas de Transporte Inteligente (its por sus siglas en inglés) para mejorar la calidad del servicio, seguridad y eficiencia que ofrece la red nacional de carreteras.
Transportar masivamente a los ciudadanos en las áreas urbanas se ha convertido en uno de los principales retos para los tres órdenes de gobierno. Por ello es necesario dar solución a los conflictos de movilidad, sustituyendo de forma paulatina y constante el uso del automóvil por el de transporte colectivo limpio, seguro y eficiente.
En materia de conectividad marítima, para hacer más efectiva y eficiente la red de puertos con la que actualmente cuenta nuestro país, debemos asegurar la conectividad a puertos de magnitud intermedia que se ubiquen en corredores ferroviarios existentes: Guaymas, Topolobampo y Mazatlán (Corredor Mexicali-Guadalajara-Ciudad de México); Puerto Madero, Salina Cruz y Coatzacoalcos (Corredor Manzanillo-Salina Cruz-Coatzacoalcos) y Progreso (Corredor Coatzacoalcos-MéridaProgreso).
Por último, en materia de infraestructura aeroportuaria se deberá descentralizar el tráfico aéreo, para evitar congestionar aeropuertos como los de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, y hacer estudios técnicos para concesionar rutas entre ciudades que actualmente tienen un gran intercambio turístico o de negocios y que no cuentan con conectividad aérea directa. Para ello, será necesario promover la inversión oportuna de concesionarios y operadores en los principales aeropuertos del país, de modo que sus condiciones de servicio sean óptimas.