5. Impulso a la competitividad y fomento productivo

Para afrontar estos desafíos, era indispensable emprender acciones que fomentaran el crecimiento de la actividad económica y del pib per cápita, y que a la vez impulsaran la competitividad de sectores clave como el minero, el turístico y el agropecuario. Las acciones debían encaminarse, por una parte, a estimular la creación de empleos, mejorar el ambiente de negocios y generar condiciones para incrementar la inversión en el país. Por otra parte, debían diseñarse e implementarse políticas específicas para atender las necesidades de cada sector.

Acciones de impacto general

En 2009 se puso en marcha el programa Reforma Regulatoria Base Cero, en el que se evaluó la carga regulatoria que enfrentaban los ciudadanos. El programa operó a partir de la derogación de todos aquellos acuerdos, oficios, decretos o reglamentos cuya necesidad no quedara clara y plenamente justificada. Para 2012 se había logrado eliminar más de 16 mil normas internas del Gobierno Federal y más de 2 800 trámites para los ciudadanos.

En el mismo año se puso en marcha el portal www.tuempresa.gob.mx para la constitución y apertura de empresas en línea de manera fácil y rápida. Con esto se logró reducir el número de trámites y traslados entre dependencias, y se simplificaron procedimientos con la implementación de un formulario único. Este portal, que hoy está habilitado en 30 entidades federativas, contribuyó a que el número total de días necesarios para abrir una empresa pasara de 58 en 2006 a sólo nueve en 2012.

Asimismo, se continuó fortaleciendo el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), orientado a la simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales para el establecimiento e inicio de operaciones de empresas de bajo riesgo público. Este sistema permite que se lleven a cabo, en una sola ventanilla y en menos de 72 horas, trámites federales, estatales y municipales necesarios para la apertura de una empresa. Durante esta administración se instalaron 100 sare, que facilitaron la apertura de más de 290 mil empresas, para generar así cerca de 500 mil empleos formales.

También se puso en marcha la ventanilla única digital de comercio exterior, donde se interconectan electrónicamente dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para poder realizar, una sola vez y en una ventanilla única, todos los requerimientos de exportaciones, importaciones y tránsito de mercancías. Desde su puesta en marcha se agilizaron y automatizaron los trámites ante las aduanas y, de esta manera, se logró disminuir el tiempo y costo de las operaciones de comercio exterior.

En el mismo rubro, se logró la inclusión de México en el Arreglo de Wassenaar, un régimen que ofrece un sistema de control de exportaciones amigable y permite que empresas extranjeras instalen en México algunas líneas de producción que anteriormente no estaban permitidas. La admisión a este arreglo se logró a partir del resultado positivo en la evaluación del funcionamiento y la efectividad del sistema nacional de control de exportaciones. Con esto, se reconoció a México como un país de origen seguro de bienes de uso dual y alta tecnología, y se le calificó como destino confiable para realizar inversiones para la producción de dichos bienes.

Por otro lado, se llevó a cabo el Programa de Simplificación Arancelaria con el propósito de reducir los aranceles y así acercarlos a las tarifas de los principales socios comerciales de México. Este programa abrió a más empresas los beneficios que antes aplicaban sólo a las que calificaban para programas especiales. Así, durante la administración se logró que el arancel promedio para productos industriales se redujera de 9.7% en 2008 a 4.4% en 2012. Con esto se contribuyó a que México avanzara 56 posiciones, entre 2008 y 2012, en el rubro de acceso a los mercados del Reporte Global de Facilitación del Comercio del Foro Económico Mundial, y que pasara de la posición 74 a la 59 en el subíndice de facilitación del comercio del reporte Doing Business del Banco Mundial entre 2010 y 2012.

Fortalecimiento de la normatividad para la competencia y la libre concurrencia

En materia de competitividad resulta primordial contar con bases normativas que garanticen la competencia y la libre concurrencia de los competidores en el mercado. Por ello, es fundamental fomentar la eficiencia de los mercados mediante la prevención y eliminación de monopolios, a la vez que se evitan las prácticas monopólicas y las concentraciones prohibidas.

Por iniciativa del Ejecutivo Federal, se reformó la Ley Federal de Competencia Económica, y se situó a la legislación del país a la altura de las mejores prácticas internacionales. Los cambios originados por esta reforma contribuyeron a facilitar el cumplimiento de la ley a través de la simplificación administrativa de trámites y acciones emprendidos por la Comisión Federal de Competencia (COFECO). Ahora la Comisión puede actuar de manera más expedita, para reducir la carga de litigios que con frecuencia provocaba que las resoluciones fueran letra muerta ante la tardanza de su ejecución.

La reforma contribuyó también a fomentar la transparencia y rendición de cuentas de la Cofeco, al permitir que las empresas investigadas presentaran sus argumentos de defensa en forma oral y pública. Al mismo tiempo, obligó a la Cofeco a publicar, cuando menos cada cinco años, los criterios técnicos para emitir sus resoluciones, lo que da certeza a todos los agentes económicos. Adicionalmente, las modificaciones le confirieron facultades para investigar a las empresas y sancionar a las que incurran en prácticas monopólicas mediante instrumentos que establecen las multas según los ingresos efectivos del transgresor. Esto refuerza las resoluciones de la Cofeco y reduce los incentivos para violar la ley, en virtud de que las ganancias generadas por contravenir la legislación son mucho menores que las sanciones impuestas, y no al contrario, como ocurría antes de la reforma. La nueva ley también creó juzgados especializados en la materia e introdujo una reforma al Código Penal Federal para castigar delitos contra la competencia.

Impulso a la innovación

En junio de 2009 se publicó una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que establece a la innovación como eje rector de la economía, crea el Comité Intersectorial para la Innovación y define incentivos para que los investigadores se puedan beneficiar de la propiedad intelectual generada. A su vez, el Comité Intersectorial desarrolló el Programa Nacional de Innovación, que establece políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios. El programa agrupa líneas de acción, actividades, indicadores y metas en seis pilares: el mercado nacional e internacional, la generación de conocimiento estratégico, el fortalecimiento de la innovación empresarial, el financiamiento a la innovación, el capital humano y el marco regulatorio e institucional.

El impulso a la innovación se vio también fortalecido mediante diversos instrumentos. Entre los más importantes están: el Programa de Estímulos para la Innovación (PEI), el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), el Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA), el México Ventures I, el Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética y el Fondo Sectorial de Hidrocarburos. Los esfuerzos en esta materia se vieron reflejados con el avance en el pilar de innovación del Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial. Entre 2009 —cuando se lanzó el Programa Nacional de Innovación— y 2012 México subió 27 posiciones. Entre esos años, el subíndice de compras públicas de productos de alta tecnología mejoró 29 posiciones; el de calidad de las instituciones de investigación, 25 posiciones, y el de colaboración universidad-industria, 39 posiciones.

Atracción de inversiones y comercio exterior

Otra de las dimensiones en las cuales se centró el fomento a la competitividad fue el comercio exterior y la atracción de inversiones. En 2007 se constituyó ProMéxico, un organismo dedicado a impulsar la internacionalización y las exportaciones de empresas mexicanas y atraer inversión extranjera a México.

Para impulsar las exportaciones mexicanas se diseñó y se puso en marcha un plan de promoción orientado principalmente a Latinoamérica y Asia. Específicamente, enfocó las actividades promocionales hacia Colombia, Perú, Chile, Brasil, Corea del Sur, China y Japón, sin dejar de lado los esfuerzos en Estados Unidos, Canadá y Europa, por su alta capacidad de compra.

Durante esta administración, los esfuerzos de atracción de inversiones se reflejaron en más de 340 proyectos de inversión extranjera directa, por un monto aproximado de 52 200 millones de dólares, así como la generación de más de 150 mil empleos permanentes. Los sectores con resultados más favorables han sido el automotriz y el de autopartes; el de energía (en particular energías renovables); el de logística e infraestructura, y el de turismo. Los principales países de origen de los proyectos fueron Estados Unidos, España, Japón y Alemania.

Adicionalmente, mediante el Fondo ProMéxico se apoyaron diversos proyectos de inversión extranjera para impulsar el desarrollo económico del país. Desde su creación, el Fondo ha autorizado más de 240 millones de dólares a más de 20 proyectos de inversión, para ejercerse durante el periodo 2009-2018. Entre ellos, destacan proyectos de los sectores automotriz y aeroespacial, que representarán una inversión total de más de siete mil millones de dólares, y generarán más de 19 mil empleos formales. Cerca de la mitad de esos empleos serán en áreas técnicas, de ingeniería y de ciencias. En lo que respecta a la promoción de exportaciones, a través de ProMéxico se otorgaron apoyos y servicios a más de cinco mil empresas con actividades de exportación. Entre ellas, más de tres mil exportaron productos y servicios por un valor agregado superior a los 23 mil millones de dólares.

Competitividad en el suministro de energía eléctrica

Uno de los aspectos que frenaba la competitividad y la productividad en la región centro del país era el bajo desempeño de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Los bajos estándares de calidad en la provisión del servicio eléctrico se reflejaban en cambios de voltaje, cortes en el suministro y otras deficiencias. Esto propiciaba la pérdida de productividad para la industria en el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Como resultado, muchas empresas dejaron de instalarse en la zona centro del país.

El 11 de octubre de 2009 se publicó el Decreto mediante el cual se extinguió Luz y Fuerza del Centro. La decisión se tomó con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las mismas cuando el funcionamiento de éstas no resulte conveniente para la economía nacional o el interés público. La empresa enfrentaba una situación financiera insostenible, toda vez que sus costos de operación eran casi el doble que sus ingresos. Para funcionar, cada año necesitaba una cantidad que equivalía al doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, o bien casi igual al monto destinado a combatir la pobreza a través del Programa Oportunidades. Para contrarrestar las crecientes pérdidas económicas de la empresa y mantener sus operaciones, se tendrían que haber aumentado desproporcionadamente las tarifas eléctricas o incrementado los impuestos, afectando muy negativamente a los usuarios, a las empresas en la región y a la población en general.

A partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumió la responsabilidad de prestar el servicio en la zona. Con esto, la operación se volvió mucho más eficiente: mientras que en 2009 se operaba con más de 44 mil trabajadores, se pasó en 2012 a menos de 13 mil. Las ventas pasaron de poco más de un millón a cerca de cuatro millones de pesos anuales por trabajador, y el número de clientes por trabajador pasó de 140 a 525. El tiempo de interrupción del suministro eléctrico por usuario se redujo de casi una hora a seis minutos entre enero de 2010 y mayo de 2012. A la vez, el costo de operación es 67% inferior al que se registraba en 2009. Lo anterior, aunado a las obras que se realizaron durante los últimos tres años para ampliar y modernizar la infraestructura, ha permitido mejorar sustantivamente la calidad en el suministro de energía eléctrica. Con esto, se propicia la eficiencia en el uso de los recursos públicos y se brinda a los usuarios y empresas un servicio que respalda su productividad y los vuelve más competitivos.

Desarrollo de alta tecnología

Con el fin de impulsar la industria de alta tecnología, que es clave para el avance de la competitividad en una economía, se diseñó el Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT). Su objetivo es fomentar la transferencia y adopción de tecnologías de vanguardia y, al mismo tiempo, potenciar la competitividad de los sectores precursores y de alta tecnología. El programa busca atender fallas de mercado que obstaculizan el desarrollo e impiden el crecimiento de la producción, el empleo y la productividad en el sector. Entre otras, atiende fallas de coordinación, asimetrías de información, costos hundidos y derramas de información. Los apoyos son de carácter temporal y se abocan principalmente a impulsar los sectores electrónico, automotriz y aeronáutico, así como a quienes se dedican a la fabricación de maquinaria y equipo de computación, comunicación y medición, componentes y accesorios electrónicos, equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, equipo de transporte y partes para vehículos automotores. Desde que el programa inició en 2009 se ha concentrado principalmente en subsidiar a empresas que producían bienes duraderos, para así evitar el despido de personal a raíz de la crisis financiera de 2008 que se originó en Estados Unidos, y cuyas consecuencias afectaron a la industria de alta tecnología en nuestro país.

De forma paralela, se creó el Programa de Aceleradoras de Negocios Nacionales e Internacionales/TechBa (TechBa) para facilitar el acceso de las empresas a los mercados internacionales de tecnología y a los fondos de capital de riesgo tanto nacionales como internacionales. El programa brinda apoyo mediante asesoría y contactos que permitan a las empresas mejorar sus procesos, productos y servicios, así como su imagen empresarial y sus modelos de negocios.

Acciones para el fomento productivo y desarrollo de MIPYME

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son fundamentales para la economía, pues representan alrededor de 99% de las empresas existentes y 75% de los empleos formales del país. Para ayudarlas a crecer y tener éxito, se diseñó e implementó una política integral para su desarrollo y consolidación con esquemas y programas que atendieran sus necesidades particulares. Con este fin, se estableció la estrategia México Emprende, para impulsar el financiamiento, la comercialización, la capacitación y consultoría, la gestión e innovación y el desarrollo tecnológico para las MIPYME. Por una parte, la estrategia contó con el Fideicomiso México Emprende, que se constituyó como mecanismo de garantías para dar acceso a financiamiento en condiciones competitivas. Mediante éste, se promueve que los intermediarios financieros evalúen las solicitudes de crédito desde una perspectiva de negocios y no por el valor de las garantías. Por otra parte, se instalaron los centros y módulos México Emprende para atender y asesorar a los emprendedores y empresarios que operan en organismos empresariales. Estos centros identifican las necesidades de las empresas y las vinculan con programas y servicios públicos o privados que puedan apoyar sus procesos.

Los centros México Emprende operan actualmente en 96 ciudades y ofrecen capacitación a través de la plataforma de la Universidad México Emprende, que contempla programas de desarrollo y formación de alto nivel. Otro componente importante fue el portal www.mexicoemprende.com y el centro de atención telefónica nacional, que complementan la estrategia de atención empresarial y permiten que las MIPYME tengan acceso a asesoría especializada desde cualquier parte del país.

De igual importancia ha sido el Programa de Compras de Gobierno establecido en enero de 2009 tanto para el desarrollo y crecimiento de las MIPYME como para estimular el desarrollo del mercado interno. Éste estableció como meta que se adjudicara a las MIPYME cuando menos 35% del total de las compras gubernamentales que no deben someterse a concurso internacional. Desde la creación del programa se han adjudicado más de 230 mil millones de pesos a las MIPYME, y cada año se ha logrado superar la meta de adjudicarles cuando menos 35 por ciento.

Sectores estratégicos

Si bien las acciones descritas en la sección anterior contribuyen a impulsar la competitividad de todos los sectores de manera transversal, existe también un conjunto de políticas diseñadas específicamente para sectores considerados estratégicos. Entre ellos están el de tecnologías de información, el minero, el turístico y el agropecuario.

Políticas públicas para el sector de tecnologías de información

Las estrategias relacionadas con el sector de las tecnologías de información (TI) lograron situar a México como el cuarto proveedor de servicios de ti en el mercado internacional, sólo por debajo de India, China y Filipinas. Este sector se definió como estratégico por su alto impacto en la productividad y la competitividad de todos los sectores de la economía, y por su relevancia como impulsor del crecimiento económico del país. La industria de tecnologías de información tiene gran potencial para atraer inversiones y detonar la innovación tecnológica, además de ser intensiva en conocimiento y en mano de obra calificada. Su capacidad de generar empleos bien remunerados la hace sumamente benéfica para el desarrollo de una economía.

Una de las acciones en este rubro fue el lanzamiento, en 2008, del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft 2.0), que recogió la experiencia de programas anteriores para el desarrollo de dicha industria. Prosoft 2.0 se concibió con los objetivos de desarrollar el capital humano, fortalecer la certeza jurídica en la materia, expandir el mercado interno, elevar la competitividad de las empresas locales a través de la adopción de estas tecnologías y expandir las opciones de acceso a financiamiento para empresas del sector servicios de las ti.

Algunas de las acciones de Prosoft 2.0 son la puesta en operación de Mexico first (Mexico Federal Institute for Remote Services and Technology, A. C.) para el desarrollo y promoción de capital humano, cofinanciado entre Prosoft y el Banco Mundial; el proyecto Talento en ti que busca alinear los requerimientos de capital humano de la industria con la oferta académica de las instituciones educativas; la difusión del uso de los Sellos de Confianza para estimular el comercio en línea, y el estímulo a la creación de parques tecnológicos de ti, entre otros.

Mediante estas políticas, se fomentan condiciones para apuntalar a las empresas de ti basadas en México. Esto permite hacerlas competitivas internacionalmente y facilita el desarrollo de polos tecnológicos de clase mundial en el país.

Políticas públicas para el sector minero

La industria minera es un proveedor fundamental de materias primas para el aparato productivo. A la vez, genera empleo en zonas de difícil acceso y tiene incidencia en el desarrollo regional. Durante esta administración se realizaron esfuerzos orientados a fomentar la competitividad y productividad de esta industria. Las estrategias que se implementaron tuvieron por objetivo incrementar la inversión y permitir la expansión del sector.

Por una parte, se propició una intensa participación de México en eventos de la industria minera internacional, para lograr incrementar el número de proyectos y empresas con capital extranjero que invierten en el sector minero nacional. En 2011 México conservó el primer sitio en América Latina y el cuarto a nivel mundial como destino para la inversión minera orientada a la explotación, de acuerdo con datos del Metals Economic Group publicados en marzo de 2012.

Por otra parte, se implementó el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM), que promueve, entre otros aspectos, el incremento en la productividad de los servicios otorgados a los concesionarios mineros y al público en general. Éste ofrece procesos automatizados y optimizados para cumplir en tiempo y forma con los trámites del Gobierno Federal. A la vez, permite realizar consultas técnico geológicas desde cualquier parte del mundo en tiempo real y facilita el acceso público y transparente a toda la información relacionada con las más de 27 mil concesiones mineras vigentes en el país.

Otra de las acciones para fomentar la productividad del sector consistió en canalizar recursos para la adquisición y reposición de equipo para el desarrollo de nuevos proyectos y para exploración. Durante este gobierno se han destinado más de 4 400 millones de pesos a este rubro, que contrastan con los poco más de mil millones de la administración anterior.

Con esto, México se situó como uno de los principales productores de 17 minerales a nivel mundial, se mantuvo como segundo productor de fluorita y como tercero de celestita y avanzó hasta colocarse como décimo productor mundial de oro. Además, a partir de 2010, también recuperó el primer lugar en la producción mundial de plata.

El incremento en la inversión privada total en el sector minero metalúrgico refleja la confianza en el sector. Mientras que durante la administración anterior se invirtieron poco más de cinco mil millones de dólares, entre 2006 y 2012 esta cifra superó los 22 mil millones de dólares.

Políticas públicas para el sector turístico

El turismo representa cerca de 9% del PIB, es la tercera fuente de ingresos en el país y genera 2.5 millones de empleos directos y cinco millones de empleos indirectos. Es un sector con gran potencial que en los últimos años se ha constituido como motor del desarrollo económico. Actualmente, México se sitúa en la posición número 10 entre los países que atraen más turistas internacionales, con poco más de 23 millones de visitantes internacionales al año.

Para impulsar el turismo, esta administración definió una estrategia integral con cuatro objetivos prioritarios. El primero fue establecer mecanismos de concertación que alinearan los intereses de quienes participan en el sector y crearan condiciones para trabajar coordinadamente en torno a objetivos comunes. El segundo fue impulsar la inversión en infraestructura. El tercero consistió en fortalecer la oferta turística mediante la diversificación de productos y mercados para atraer turistas provenientes de nuevos mercados y, por último, reposicionar la imagen de México en el mundo, mediante la promoción, las relaciones públicas y la presencia en organismos internacionales.

Para orientar esfuerzos hacia el primer objetivo, en 2011 se firmó el Acuerdo Nacional por el Turismo. Por primera vez, se definió una agenda común entre todos los actores del sector. Las acciones que ahí se plantearon buscan situar a México entre los primeros cinco destinos del mundo hacia 2018.

El Acuerdo comprendió 101 acciones agrupadas en 10 ejes estratégicos: 1) incremento de la conectividad; 2) aumento y mejora de la infraestructura turística; 3) fortalecimiento de la promoción; 4) incentivos a la inversión pública y privada; 5) incremento de la competitividad de las empresas y destinos turísticos; 6) diversificación y enriquecimiento de la oferta; 7) fomento a la integración de cadenas productivas; 8) oferta de mejores servicios y promoción de una cultura turística; 9) impulso de cambios regulatorios, y 10) promoción del desarrollo sustentable.

La diversificación de los productos turísticos y el impulso en nuevos segmentos —que significó incluir más destinos en la promoción nacional e internacional del país— permitió lograr un impacto positivo en la industria. Al incluir el componente cultural, se aprovechó uno de los grandes activos del país. Esto permitió fortalecer programas como el de Pueblos Mágicos, que suman ya 67, y que beneficia a más de un millón de personas, y el programa Mundo Maya 2012, que beneficia a cinco estados de la República. También se impulsaron las ciudades con el título de Patrimonio de la Humanidad (conferido por la UNESCO), y se organizaron tres ediciones de la Feria Mundial de Turismo Cultural, en Morelia, Michoacán.

Otro de los esfuerzos se dirigió a impulsar las Rutas de México mediante el diseño de recorridos que promueven el aprovechamiento de los atractivos del país en conjunto con otros esquemas de turismo. Con esta estrategia se logró reconocimiento internacional a dos rutas: la de Don Vasco, en Michoacán, y la de los Conventos, en Morelos.

El componente gastronómico también fue parte de la estrategia de diversificación del turismo. Para impulsarlo, se definieron 18 rutas gastronómicas en las que se incluyeron más de 1 500 platillos de todas las entidades de la República y se promovieron festivales gastronómicos, tanto en México como en el extranjero. La diversificación también comprendió fortalecer los segmentos de convenciones, turismo de lujo, turismo de aventura y turismo religioso.

Aunque se siguió dando difusión a los destinos de sol y playa, se determinó que como parte de la diversificación el Tianguis Turístico —que durante años había tenido lugar en Acapulco— tuviera un carácter itinerante. Esto haría posible la modernización de esta plataforma de negocios y propiciaría una sana competencia entre los posibles destinos interesados en ser sede del evento.

Como resultado de la estrategia para diversificar los destinos turísticos, y de otras acciones como aquellas para agilizar el trámite de expedición de visas, se logró un incremento promedio de 80% de turistas que viajaron a México provenientes de 148 naciones distintas a Estados Unidos y Canadá. Esto permitió reducir la dependencia del mercado norteamericano de 77 a 71% en los últimos años.

Con el objetivo de mejorar la atención al turista se emprendieron diversas acciones. Destaca la modernización de los Ángeles Verdes, cuyas unidades recorren diariamente miles de kilómetros de carreteras atendiendo al turista nacional y extranjero. Se encuentran también la operación de la línea telefónica 078 de atención al turista, el lanzamiento de la tarjeta de descuentos Yo Soy Turista y el programa Embajadores Turísticos, integrado por estudiantes de todo el país, que atienden al turista en aeropuertos y puntos clave en los destinos más concurridos de México. La inversión sin precedente en materia de infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria dio un impulso importante al turismo. En el subsector carretero se invirtieron más de 349 mil millones de pesos, 62% más que en el sexenio anterior, y más de 138 mil millones en infraestructura ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, lo que representa 24% más que lo invertido durante la administración anterior.

En materia de difusión se llevaron a cabo intensas campañas para promover el turismo nacional e internacional. En cuanto al primero destaca Vive México, que buscaba reactivar el turismo después de la emergencia sanitaria causada por el virus de influenza ah1n1, y la campaña México se Siente, que promovió que más mexicanos disfrutaran de las riquezas turísticas nacionales. En el plano internacional, se lanzaron las campañas Mexico, The Place You Thought You Knew y Mexico Today, que a la par de un intenso trabajo de promoción permitieron dar a México una imagen renovada a nivel mundial. Asimismo, se produjo el programa Mexico, The Royal Tour, en el que participó el Presidente Felipe Calderón.

México recuperó liderazgo internacional en materia turística al participar y ser sede de importantes reuniones a nivel mundial; por ejemplo, de la Cuarta Reunión Ministerial de Turismo (T20), en la que participaron representantes de las 20 mayores economías del mundo. En un hecho inédito y debido al liderazgo de México, se logró que por primera vez se incluyera a la industria de los viajes y el turismo en la Declaración Final de los Líderes del G20.

En el marco de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y siguiendo el décimo eje del Acuerdo Nacional por el Turismo, se buscó la convergencia entre la industria turística y el desarrollo sustentable. El criterio de sustentabilidad fue central en el diseño e implementación de las estrategias para impulsar la competitividad del sector. Un ejemplo significativo fue la certificación EarthCheck conferida a Huatulco, el primer destino a nivel mundial en obtenerla. Con esto, se le acreditó como comunidad turística sustentable y como destino neutro en emisiones de carbono. Los convenios celebrados con EarthCheck y Rainforest Alliance para reconocer y certificar las prácticas sustentables de prestadores de servicios en todo el país son también representativos de las acciones en esta materia.

Gracias a estas y otras acciones, al cierre de este sexenio México se ubica entre los primeros 10 lugares de la tabla de clasificación de la Organización Mundial del Turismo. Como muestra de ello, en 2011 el arribo de turistas nacionales e internacionales a diversos puntos del país alcanzó la cifra record de 191 millones de personas, y en junio de 2012 se cumplieron 15 meses consecutivos de crecimiento en el promedio acumulado de cuartos ocupados.

Políticas públicas para el sector agropecuario

En los últimos seis años México enfrentó dos crisis a nivel internacional que tuvieron un impacto sin precedentes en el sector alimentario: la crisis financiera mundial en 2008, que ocasionó la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos, y la suscitada en 2012 por la sequía en Estados Unidos y Rusia, que afectó principalmente los precios del maíz y el trigo.

Además, es importante considerar que el cambio climático ha acentuado los riesgos y la magnitud de las pérdidas de producción agropecuaria. En México, por ejemplo, ocurrieron intensas inundaciones, como la que sufrió Tabasco en 2007, heladas atípicas como las registradas en 2011 en el noroeste y centro del país, así como la intensa sequía que afectó a parte considerable del territorio entre 2011 y 2012. Esto incidió tanto en la pérdida de producción y bienes materiales, como en mayores riesgos sanitarios.

En ese contexto, se implementaron políticas públicas para incrementar la oferta de alimentos de manera rápida, eficiente y sustentable; para mejorar el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros, y para disminuir las disparidades regionales. Las políticas estuvieron orientadas, por una parte, a crear infraestructura y a diversificar la producción de acuerdo con el potencial de cada región, al tiempo que se propició la adaptación a las nuevas condiciones climatológicas. Por otra parte, se fomentó la cultura de aseguramiento de los bienes agropecuarios para evitar que se perdieran las inversiones de las cosechas y el ganado en caso de fenómenos meteorológicos catastróficos.

Investigación en desarrollo agroalimentario

Para fomentar el desarrollo agroalimentario es necesario invertir en bienes públicos, tales como la infraestructura, la investigación, la capacitación, las medidas sanitarias, la información e inteligencia de mercados y la promoción de productos mexicanos en el extranjero. En lo que se refiere a investigación, el apoyo en este rubro se ha orientado, por una parte, al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan mantener una producción constante, con mejor calidad y a menores costos. Por otra parte, la investigación se ha enfocado a ofrecer alternativas productivas para afrontar los cambios climatológicos y los fenómenos meteorológicos sin perder competitividad. Una tercera vertiente se ha concentrado en identificar áreas de oportunidad para la siembra de productos que no son originarios de ciertas zonas de cultivo, para permitir diversificar la producción y hacer más competitivo al sector agroalimentario. Un cuarto foco de atención ha sido el conocimiento en áreas como la biotecnología y la genómica, que ofrecen grandes oportunidades para la modernización y la productividad en el campo; oportunidades que deben aprovecharse para asegurar que el país se ubique de manera oportuna a la vanguardia en el desarrollo de nuevos cultivos.

Como parte de los esfuerzos en esta materia, se ha impulsado el acercamiento a la comunidad científica nacional e internacional. Así, México se ha convertido en el país que mayor colaboración ha tenido con los centros de investigación coordinados por el Grupo Consultivo Internacional de Investigación Agrícola (CGIAR). Asimismo ha participado en el Programa de Desarrollo Ganadero con el Instituto Internacional de Investigación Pecuaria (ILRI) de Kenia; en el Programa de Desarrollo del Sector Pesquero con el Centro de Investigación Pesquero de Malasia, y en el Programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) junto con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) de México.

El más emblemático entre ellos, MasAgro, es un proyecto de largo plazo orientado a incrementar la producción y los rendimientos de maíz, trigo y otros cultivos de grano pequeño en predios de menor desarrollo y productividad. Busca introducir mejores prácticas de producción y el uso de semillas mejoradas para contribuir al suministro nacional de esos granos.

En el mismo sentido, la política de apoyo al sector agroalimentario ha puesto especial énfasis en ofrecer más y mejores instrumentos que permitan mayor grado de certidumbre en la planeación y ejecución de las actividades, mediante el fortalecimiento de infraestructura tecnológica para la seguridad alimentaria. En este rubro destacan:

• El Centro Nacional de Recursos Genéticos, que permitirá preservar, proteger y salvaguardar, por más de 100 años, los recursos originarios de México que tienen importancia agroalimentaria.
• El Centro de Mando Geoespacial, que concentra toda la información del sector y la combina para aportar soluciones geoespaciales a temas asociados con la seguridad alimentaria, como son los efectos del cambio climático, la protección civil y el ordenamiento te
• El Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos, uno de los laboratorios más avanzados del mundo en cuanto a investigación y aplicaciones del pronóstico climático en la planeación agrícola.
• El Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, en donde se llevan a efecto descubrimientos genómicos que aportan resultados concretos y comercializables para el sector agroalimentario, mediante un uso sustentable y sostenible de la
• Las boyas y barcos de investigación en el litoral del Pacífico y Golfo de México. Las primeras medirán las variables oceanográficas en tiempo real y los barcos identificarán los recursos pesqueros que pueden extraerse hasta una profundidad de cuatro mil metros, ya que en la actualidad sólo se aprovechan los primeros 150 metros.

Manejo y administración de riesgos

Durante esta administración se implementaron medidas de prevención de riesgos de mercado, sanitarios y climatológicos que permitieron mantener la capacidad productiva de agricultores y ganaderos, garantizar el abasto de alimentos para las familias del país y contener la potencial escalada de precios ante los grandes problemas que ha enfrentado el sector agropecuario. En particular, esto último fue importante para garantizar la seguridad alimentaria.

En materia de manejo de riesgos climáticos, se fomentó la cultura del aseguramiento y se respaldó a los productores de menores recursos para que pudieran asegurar sus cultivos y ganado ante los efectos provocados por desastres naturales atípicos e impredecibles. En seis años se multiplicó cinco veces el número de hectáreas aseguradas, y en más de 22 el de cabezas de ganado. Con esto quedaron protegidas 80% de las unidades de producción agrícolas y 60% de las pecuarias, pertenecientes al sector social. En cuanto a los riesgos de mercado, se fortaleció el programa de cobertura por medio del Programa de Agricultura por Contrato. Esto permitió que durante esta administración se impulsara la comercialización de 14 millones de toneladas anuales de productos agropecuarios, tres veces más que el volumen apoyado al final del sexenio anterior. Con la estrategia se logró que el impacto de la volatilidad de precios internacional fuera menor en el país.

Por otra parte, en 2012 se inició la adopción de un instrumento derivado del futuro sobre el maíz en el mercado de derivados (Mexder). Con esto se busca ofrecer una cobertura de precios más adecuada a los productores, quienes podrán tomar coberturas financieras mediante un instrumento listado en Mexder que les permitirá tener contratos más pequeños y en pesos, para disminuir el riesgo por variaciones en el tipo de cambio. A la vez, permite el acceso a los mercados de Chicago y de Nueva York.

La eliminación de riesgos sanitarios es otro bien público que beneficia al sector agroalimentario. Mediante el mantenimiento y la mejora de los estándares en la materia, y con campañas de salud animal y sanidad vegetal, se logró que se eliminaran más de 45 barreras fitozoosanitarias a productos agropecuarios mexicanos, lo que permitió su comercialización en mercados internacionales. En particular, ante contingencias que ponen en riesgo la producción agroalimentaria, México mostró que cuenta con capacidad técnica, operativa, de infraestructura y de gestión en materia sanitaria. Tal fue el caso del dispositivo de emergencia de salud animal que logró contener el brote de influenza aviar ah7n3, registrado en los Altos de Jalisco en julio de 2012. Mediante el dispositivo se instaló un cerco sanitario y un plan para la elaboración de más de 140 millones de vacunas a fin de proteger a la parvada nacional. De este modo, se evitó que el virus se propagara hacia otras regiones productoras del país.

Apoyo ante incrementos en los costos de producción

Otro de los componentes de la política fue la adopción de apoyos de carácter temporal para que los productores sortearan coyunturas relacionadas con los costos de producción; a la par que se minimizaba el impacto en los precios a los consumidores. Desde 2008, bajo el marco del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), se aplicaron acciones mediante tres subprogramas:

1. Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (Proincaña). Este programa tiene como objetivo mantener la producción de azúcar, impulsar la competitividad y fomentar la integración y el fortalecimiento de la cadena caña-azúcar. En 2008 se otorgó un subsidio de carácter temporal para el pago de la caña de azúcar en una coyuntura que se caracterizó por la acumulación de inventarios y excedentes de azúcar no El programa apoyó al 77% de los ingenios participantes en la zafra, cuya participación en la producción de azúcar fue de 83 por ciento.

• El Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (Proharina), que otorgó apoyos por 3 646 millones de pesos durante 2007 y 2008 para aminorar los efectos en el precio internacional de maíz amarillo, que se incrementó en 91 por ciento.
• El Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (Promasa) apoya a los industriales del sector molinero de nixtamal, para evitar que el incremento de insumos como maíz, gas y electricidad se reflejen en el precio final de las tortillas. Los apoyos de este programa surgieron en el contexto de la crisis financiera internacional de 2008 ante el incremento de la población desocupada y el hecho de que los precios del maíz llegaron a un nivel histórico. Hacia finales de 2012 los apoyos otorgados ascienden a más de 650 millones de pesos.

Seguridad alimentaria, infraestructura hidroagrícola y certeza jurídica

Una de las principales preocupaciones de cualquier país es garantizar el suministro de alimentos a la población sin una dependencia excesiva en las importaciones, ya que esto se sujeta a diferentes factores de riesgo.

En México, la disponibilidad de alimentos se satisface principalmente con producción interna; hoy se produce 6.2% más alimentos que al finalizar el sexenio anterior. En 2011 se alcanzó una cifra récord en cuanto a exportación de alimentos: en los primeros cinco años de esta administración las exportaciones representaron 83% más que en el mismo periodo del sexenio anterior.

Como parte de la estrategia de seguridad alimentaria, en seis años se multiplicó en 4.4 veces la superficie de agricultura protegida apoyada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), México es un país que goza de seguridad alimentaria, ya que destina sólo 7.2% de sus ingresos por exportaciones totales a la compra de alimentos en el exterior. Según el Índice Global de Seguridad Alimentaria (elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist) ocupa el segundo lugar en América Latina en materia de seguridad alimentaria, sólo después de Chile.

El crecimiento de la infraestructura hidroagrícola es otro de los rubros en los que se lograron avances muy significativos. En un contexto en que el cambio climático provoca sequías más prolongadas o inundaciones más abundantes, esto cobra especial importancia. Hoy, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en infraestructura hidroagrícola, con 6.5 millones de hectáreas, organizadas en 85 distritos de riego y más de 39 mil unidades de riego. En seis años se tecnificaron 647 mil hectáreas en el país, lo que representa un ahorro anual de 3 500 millones de metros cúbicos de agua.

Otro de los logros de esta administración se dio en cuanto a la protección de los derechos de propiedad, como elemento fundamental para garantizar la certeza jurídica y propiciar la competitividad en el sector agropecuario. Entre diciembre de 2006 y julio de 2012 se solucionaron más de 900 conflictos sociales por la tenencia de la tierra en el medio rural. Esto trajo como consecuencia la desactivación de la conflictividad en casi 312 mil hectáreas que ahora pueden reincorporarse a la actividad productiva, en beneficio de más de 100 mil personas. Cabe destacar que, del seguimiento dado a los asuntos resueltos durante los últimos tres años, se ha logrado que 89% de la superficie que antes estaba en conflicto actualmente esté reincorporada a las actividades productivas.