13. Igualdad entre mujeres y hombres
Las desigualdades prevalecientes y la acelerada transformación de las relaciones sociales, así como la vulnerabilidad que conllevan los papeles de género socialmente asignados, hacen imperativo para cualquier gobierno contar con mecanismos para que las políticas públicas incorporen transversalmente un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. En especial, estos mecanismos deben garantizar las condiciones para que las mujeres puedan llevar una vida sin violencia, sin discriminación y en un ambiente que propicie la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de sus derechos, así como su participación equitativa en todos los ámbitos de la vida.
Al igual que en otros países con niveles de desarrollo comparables, en México las políticas públicas para impulsar la igualdad de género son relativamente recientes. A pesar de ello, en los últimos años nuestro país ha mostrado avances muy significativos en esta materia, tanto en el plano normativo como en el de programas y acciones de gobierno.
Con el fin de garantizar que mujeres y hombres puedan ejercer plenamente sus derechos en todas las esferas, las estrategias adoptadas por esta administración se han centrado en la colaboración entre poderes y órdenes de gobierno para lograr que ésta sea una agenda transversal. Igualmente, se han orientado a disminuir las brechas de género en materia de derechos sociales, económicos, políticos y culturales mediante acciones afirmativas previstas en las convenciones internacionales ratificadas por el Estado mexicano.
PANORAMA EN 2006
Para 2006 el Estado mexicano había ratificado diversos instrumentos internacionales que establecían la obligación de garantizar el acceso de las mujeres a la seguridad y a una vida libre de violencia, a la educación, a la salud y a tener las mismas oportunidades de generación de ingresos y superación de la pobreza que los hombres, así como acceso a la participación política y la toma de decisiones.
Destacan la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ratificada por México en 1981 y su Protocolo Facultativo, aprobado por el Senado en 2001; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993; la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 1991 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belem do Parà, y que fue ratificada por México en 1998.
Se habían dado avances en el plano institucional, en particular con la creación, en 2001, del Instituto Nacional de las Mujeres. Por ley, se establecieron sus atribuciones para conducir las políticas en materia de equidad de género. Su criterio de actuación se definió como el de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano.
Asimismo, en agosto de 2006 el marco normativo fue enriquecido con la publicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ésta instruía a elaborar una Política Nacional en Materia de Igualdad. Sin embargo, quedaba pendiente completar la legislación y establecer mecanismos para coordinar las acciones para la efectiva transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas. Igualmente, era necesario que todos los órdenes de gobierno y Poderes de la Unión contaran con el marco para ejecutar las acciones según su competencia.
Otro de los aspectos que requería atención era la generación de estadísticas sobre el impacto de las políticas públicas con datos desagregados por sexo. Hasta entonces, en el caso de muchos programas gubernamentales se desconocía en qué medida los recursos públicos se destinaban a mujeres u hombres, así como su contribución a la reducción de desigualdades o al mantenimiento del statu quo.
Los desafíos en cuanto a violencia contra las mujeres quedaban de manifiesto con la publicación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006. Ésta indicaba que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años habían padecido violencia de género en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en el hogar, o por parte de sus parejas o exparejas.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) de 2006, levantada por la Secretaría de Salud, indicaba que menos del 13% de las mujeres agredidas refería haber buscado apoyo legal. Entre las razones que esgrimían para no acudir a las instancias de procuración de justicia destacaban el miedo y el no saber que se podía denunciar al agresor. Esto indicaba no sólo desconocimiento de los derechos y mecanismos legales para hacerlos valer, sino falta de confianza en las instituciones y en su capacidad para ofrecer protección. Este hecho requería, ante todo, promover el fortalecimiento normativo e institucional de las instancias más próximas a las víctimas: aquellas a nivel local. También implicaba apuntalar los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel federal, en particular para garantizar que las políticas públicas con enfoque de género cumplieran con sus objetivos.
AVANCES Y TRANSFORMACIONES ENTRE 2006 Y 2012
La igualdad entre mujeres y hombres se estableció como una de las prioridades de la administración 2006-2012. En el eje de Igualdad de Oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo (PND), quedó establecido el objetivo de: “eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”. Para dirigir los esfuerzos hacia dicho objetivo, la política pública en la materia se articuló alrededor de siete estrategias, cuyo desarrollo se presenta a continuación:
- Construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la administración pública.
- Implementar políticas para prevenir la violencia y proveer mecanismos de protección, asesoría y apoyo para las mujeres que son víctimas de ella.
- Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del género.
- Emprender acciones para ampliar las oportunidades a través de la educación.
- Promover una cultura de prevención de las enfermedades de la mujer y garantizar el acceso a servicios de calidad.
- Combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral y facilitar su integración al mismo.
- Promover la participación política de la mujer.
Coordinación intergubernamental y transversalización de la perspectiva de género en la administración pública
Coordinación y transversalización
Al inicio de la administración, en febrero de 2007, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lGAMVLV). El objeto de ésta fue establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para la implementación de las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto favorecería la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno.
La aplicación efectiva de esta ley, al igual que la de la Ley de Igualdad publicada en 2006, requería de un respaldo legal e institucional que apuntara a la coordinación y transversalidad de esta perspectiva en las políticas ejecutadas desde todas las áreas y poderes públicos. Con este objetivo, en marzo de 2007 se suscribió el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo federales y gobernadores de varias entidades federativas.
A partir de este marco, se dio un paso fundamental con la creación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en 2009, tal cual se disponía en la lGAMVLV. El programa derivó el fortalecimiento del Fondo de Fomento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las entidades federativas y municipios. Éste se fusionó con el Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), impulsados desde la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995) como un medio efectivo para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en instrumentos internacionales desde el ámbito local.
El financiamiento federal a través de dicho programa permitió el fortalecimiento de las instituciones de la mujer en las 32 entidades federativas. También hizo posible la publicación de leyes para proteger a las mujeres de la violencia de género y la implantación de sistemas de coordinación entre instituciones locales en cada una de las entidades. Se apoyó el establecimiento de leyes para promover la igualdad entre mujeres y hombres en 27 entidades federativas y la creación de mecanismos de coordinación para la igualdad en 14 de ellas.
De igual manera, el Fondo fue fortalecido para apoyar la creación de más mam municipales. Si en 2006 existían apenas 50 de ellos, hacia 2012 había más de 1 200. Con esto, más de 50% de los municipios del país contaban con instituciones para garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la distribución, operación y administración de los recursos públicos locales.
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Como se mencionó, otro de los pendientes para dar cumplimiento a la ya citada Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006 era la creación de un Programa Nacional en la materia. Fue así que en 2009 se instituyó el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad). Su objetivo fue establecer un marco programático para que la perspectiva de género fuera transversal; es decir, para transformar la manera en que opera la Administración Pública Federal (APF) en sus esfuerzos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
Proigualdad se articuló a partir de dos vertientes. Una de éstas se enfocó a realizar acciones para incidir en la construcción de una cultura institucional en cuya práctica cotidiana se observara la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La otra incorporó la categoría de análisis de género en la planeación estratégica. De esta manera, desde el proceso de formulación hasta el de ejecución y evaluación de las políticas públicas, quedaba garantizado un enfoque que tuviese un impacto positivo en beneficio de las mujeres. El programa se concibió para agrupar las acciones de la APF en el marco del PND 2007-2012 y orientarlas hacia el logro de los objetivos, estrategias y prioridades nacionales en materia de género.
Transparencia presupuestaria y medición del impacto de las políticas públicas
Las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el DOF en enero de 2012, vendrían a complementar y a fortalecer, desde la dimensión presupuestal, la implementación de la perspectiva de género de manera transversal. Con esta reforma, se estableció la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de un Anexo Transversal en el que concurren programas presupuestarios, componentes de éstos y/o unidades responsables, que realizan acciones para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. De esta forma, la temporalidad de los presupuestos etiquetados, acotada a un año, adquirió carácter permanente, además de que se confirió al Gobierno Federal la responsabilidad de incorporar en el PEF la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad. La ley también estableció que no se podrían hacer reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres.
Por otra parte, la reforma creó un mecanismo sin precedentes en cuanto a la transparencia e información sobre el gasto federalizado. Ésta estableció que el ejercicio de los recursos federales aprobados en el PEF y transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios, debía ser reportado indicando beneficiarios y destinatarios de los programas de manera diferenciada entre hombres y mujeres. De esta forma, en el uso de los recursos públicos se integró una herramienta para medir la transversalidad de las políticas.
Esto se vio complementado por el mecanismo para la evaluación del impacto de las políticas públicas. Por primera vez, se estableció que la cuenta pública debía contener indicadores específicos para evaluar la incidencia de los programas presupuestarios sobre la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación. De esta manera, se suplementó la utilidad del Sistema de Indicadores de Género, que ya proveía información nacional, estatal y municipal sobre diversos temas sociales, económicos y demográficos asociados a las convenciones internacionales sobre género.
Adicionalmente, a partir de 2008 el Inmujeres y la Secretaría de la Función Pública (SFP) integraron al Sistema de Estadísticas de los Padrones de Programas Gubernamentales 83 padrones de beneficiarios que corresponden a 70 programa sociales, y se procesaron los padrones de 31 programas para obtener una base de datos a nivel de localidad con información desagregada para mujeres y hombres para todos los municipios del país.
Prevención, protección, asesoría y apoyo para las mujeres víctimas de violencia de género
Red Nacional de Atención Telefónica a Personas en Situación de Violencia
La operación del Proigualdad y el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia demandaban la puesta en práctica de mecanismos orientados a prevenir, proteger, asesorar y brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia. En el marco de estas acciones, en 2009 se creó Red Nacional de Atención Telefónica a Personas en Situación de Violencia (RENAVTEL). Para 2012, se habían integrado a la red 42 instancias públicas federales, estatales y municipales, así como líneas de asistencia del sector privado. Mediante la participación del Inmujeres, se capacitó y certificó según el estándar ec0029 de Asistencia Vía Telefónica a Víctimas y Personas en Situación de Violencia de Género, a operadores de la red. Esto permitió hacer más eficientes y cercanos los mecanismos de asistencia.
Refugios y centros de atención para las mujeres víctimas de violencia
Otra de las disposiciones de la lGAMVLV indicaba que debía aumentar el presupuesto que venía otorgándose a organizaciones de la sociedad civil (OSC) especializadas en la atención de refugios para mujeres violentadas y en prevención de la violencia. Los recursos destinados a estas organizaciones crecieron en más de 300%; paralelamente, se adoptó una estrategia de certificación de personal en estándares de competencias, auditoría y normas de asistencia telefónica, con objeto de homogeneizar la prestación de servicios de asistencia. A través de convenios de colaboración entre la Secretaría de Salud y 34 OSC, así como entre ésta y 10 instituciones públicas que brindan servicios de refugio a mujeres y sus hijas e hijos, la red logró cobertura en 25 entidades federativas. Con esto se ofreció protección a más de nueve mil mujeres y más de 16 mil niñas, niños y adolescentes.
La Secretaría de Salud fue también responsable de la puesta en práctica del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, en las 32 entidades federativas. Mediante sus acciones, entre 2007 y 2012 se brindó atención a casi 560 mil mujeres. Se proporcionaron más de un millón 44 mil servicios de consejería, más de 446 mil de apoyo psicoemocional y casi 250 mil servicios médicos especializados.
La expedición de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-ssa2-2005 (Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención) en abril de 2009, proporcionó el complemento normativo para garantizar la atención médica a mujeres víctimas de violencia sexual. Mediante ésta, se estableció la obligatoriedad de las instituciones públicas de salud de brindar atención de manera inmediata a las víctimas.
Órdenes de protección y procuración de justicia
Una de las más importantes previsiones de la lGAMVLV es la facultad que da a autoridades federales, estatales y municipales de otorgar órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia. Las órdenes se definen como medidas de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima; son fundamentalmente precautorias y cautelares. Este mecanismo se apoya en los estándares establecidos en convenciones internacionales en la materia, pues deben otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. A lo largo de esta administración, las instancias de procuración e impartición de justicia emitieron cerca de seis mil órdenes de protección y 40 mil medidas con base en los ordenamientos penales, civiles y familiares de las entidades federativas.
En lo que se refiere a procuración de justicia, otro de los logros de esta administración fue la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), adscrita a la Procuraduría General de la República. Creada en 2008, se estableció con el objetivo de investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y trata de personas, para contribuir al derecho de la ciudadanía a que se le procure justicia.
Por medio de sus centros de atención, la FEVIMTRA ha proporcionado cerca de 19 500 servicios de apoyo legal, emocional y social a víctimas de violencia y trata de personas. Igualmente, diseñó un programa de divulgación sobre la trata y tráfico de personas, con una concurrencia de 340 organismos federales, estatales, municipales y de la sociedad civil, en 160 mil puntos del país ubicados en escuelas, unidades de salud, comercios y oficinas públicas.
La tipificación del feminicidio a nivel federal y en 16 entidades federativas constituyó otro importante avance. Con esto, se atendieron las demandas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de familiares de víctimas y se buscó sentar las bases para hacer más eficaz y eficiente la prevención, investigación y sanción de este crimen. Junto con la expedición, primero, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007) y, luego, con su abrogación y la posterior publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos (2012), se constituyó un marco que obliga a los tres órdenes de gobierno a coordinarse para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta última disposición, además, regula la reparación del daño a las víctimas de trata de manera integral.
Difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres
Durante esta administración se emprendieron acciones para impulsar un cambio de cultura que promueva la igualdad entre mujeres y hombres y permita prevenir la violencia contra las mujeres. Por una parte, se enfocaron los esfuerzos a la formación de policías, personal de ministerios públicos y del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, las acciones estuvieron dirigidas a la población en general, tanto a través de campañas, como mediante la difusión de actitudes y valores a través de la educación pública.
A fin de profesionalizar a los elementos de las policías para que éstos puedan extender sus labores hacia la prevención de violencia de género, la Secretaría de Seguridad Pública Federal capacitó a más de 50 mil elementos federales y municipales en derechos humanos de las mujeres y prevención de la violencia familiar y de género. En septiembre de 2011, dicha dependencia presentó el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género y su Manual de Implementación. De esta manera, se dotó al personal de la policía federal y a los cuerpos de seguridad pública locales y municipales, de los mecanismos y procedimientos para actuar eficazmente ante la violencia contra las mujeres.
En lo que se refiere al personal de procuración de justicia, por primera vez el Inmujeres estableció acuerdos con la Procuraduría General de la República y todas las Procuradurías Generales de Justicia estatales para identificar el nivel de conocimiento en la materia. A partir del diagnóstico, fue posible capacitar al personal del Ministerio Público en ambos órdenes de gobierno según las necesidades específicas de conocimiento.
Dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) se desarrolló el proyecto Análisis Jurimétrico Prospectivo del Impacto de las Políticas Públicas en Materia de Protección a los Derechos Humanos de las Mujeres. A partir de él, se capacitó en la materia a consejeros, magistrados, jueces, y a más de 15 mil servidores públicos administrativos y de los órganos jurisdiccionales auxiliares del PJF de todo el país. El objetivo fue ofrecer al personal elementos sobre las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, para que en las resoluciones judiciales se partiera de una perspectiva género. A este esfuerzo se sumó la creación de la maestría en derechos humanos, impartición de justicia y género por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que tuvo un registro inicial de dos mil servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órganos jurisdiccionales y auxiliares del Poder Judicial de la Federación.
En cuanto al impulso al cambio cultural, entre 2006 y 2012 el Inmujeres, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud y otras instituciones de los ámbitos público y privado, condujeron 15 campañas nacionales que abordaron el problema de la violencia desde diversos enfoques. Se promovió el acercamiento a las instancias municipales de atención a la mujer; la construcción de una cultura libre de violencia desde la infancia, así como el respeto, la igualdad y el reconocimiento pleno de derechos.
Cabe destacar que la Oficina Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) para América Latina y el Caribe, otorgó el Premio Huellas a la mejor campaña contra la violencia de género, al trabajo realizado por la SEP junto con el Inmujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) y la propia UNICEF en la campaña Sensibilización a la no Violencia de Género.
La SEP también realizó esfuerzos para fortalecer el cambio cultural mediante el programa Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género. Éste incluyó publicaciones, talleres y capacitación en materia de equidad de género, y se dirigió a los alumnos, maestros, directivos y autoridades estatales de educación básica y al personal docente del nivel medio superior. Destacan la revisión y el análisis de los contenidos pedagógicos de 114 libros de texto gratuitos de educación básica con enfoque de género; la publicación de los libros Equidad de género y Prevención de la violencia para preescolar, primaria y secundaria y la capacitación de formadores de educación preescolar y básica en 19 entidades federativas. En el mismo sentido, se llevó a cabo el proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad en los estados de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Puebla, con lo que se permitió la incorporación de 910 escuelas. Asimismo, se publicó el primer Informe Nacional sobre Violencia de Género en la educación básica en México, con el acompañamiento de UNICEF y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Igualdad de oportunidades a través de la educación
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, el promedio de escolaridad de la población femenina de 15 años y más era de 7.9 años; en el caso de la masculina el promedio era de 8.4 años. Con el objetivo de reducir esta brecha, se buscó evitar la deserción escolar de las mujeres. De esta manera, en el marco del Programa Oportunidades, se determinó que el monto de las becas educativas recibidas por las mujeres a partir del primer grado de secundaria fuera superior al monto de la beca de los hombres.
Entre 2007 y 2012, el total de mujeres beneficiadas con becas educativas ascendió a poco más de 13.2 millones, que representan 50.2% del total de becas otorgadas. Durante esta administración los montos de las becas para las mujeres se incrementaron en todos los niveles. A la vez, el número total de becas otorgadas a mujeres se incrementó en 14.9 por ciento.
Otra de las acciones clave para garantizar el acceso de las mujeres a la educación en igualdad de condiciones fue el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. Entre 2007 y 2012 se atendió a un total de 43 905 becarias para que concluyeran la educación básica.
Mediante el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes), durante esta administración se otorgaron becas a más de 932 mil mujeres. Esta cifra fue superior en 15% a las becas otorgadas a hombres. De esta manera, las condiciones que permiten a las mujeres y sus familias alcanzar una mejor calidad de vida se fomentan desde el ámbito educativo, y permiten generar un círculo virtuoso que beneficia a la sociedad en su conjunto.
Prevención de las enfermedades de la mujer y acceso a servicios de calidad
Entre las acciones que recibieron mayor atención durante esta administración estuvieron promover la cultura de prevención de las enfermedades de la mujer y garantizar el acceso a servicios de calidad para la atención de las mismas. Con este objetivo, se realizaron esfuerzos para impulsar la prevención, detección y atención temprana del cáncer de mama y del cáncer cérvicouterino.
Entre 2007 y 2012 se realizaron 2.7 millones de pruebas de ADN para virus de papiloma humano a mujeres de 35 a 64 años de edad, y se amplió la capacidad en cuanto a laboratorios de biología molecular para el análisis de las muestras. Actualmente, se dispone de 18 laboratorios, lo que representa una capacidad instalada suficiente para procesar el 100% de las muestras de la población en riesgo.
La infraestructura para la detección y diagnóstico de cáncer de mama se incrementó para llegar a 579 mastógrafos, 45 de los cuales son unidades móviles. Asimismo, se han transferido recursos para la adquisición de unidades móviles a algunas entidades federativas.
Cabe destacar que la vacuna contra el virus del papiloma humano se incluyó en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, ampliando así la capacidad de brindar a las mujeres una intervención altamente efectiva para la prevención del cáncer cérvicouterino. Adicionalmente, se dio atención a mujeres sin seguridad social a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud en casos de cáncer de mama y cáncer cérvicouterino. En el caso de este último padecimiento, la mortalidad observó una baja de 1.8 puntos porcentuales respecto a 2007.
Combate a la discriminación en el ámbito laboral y empoderamiento económico de las mujeres
El acceso al empleo remunerado es una de las dimensiones en que la desigualdad entre mujeres y hombres es más visible. Por ello, la mayor inversión federal en cuanto a recursos etiquetados para promover la igualdad se destinó a fortalecer e incrementar el acceso a programas de empleo y apoyo a proyectos productivos, así como a la creación y ampliación de la oferta de servicios de cuidado infantil mediante subsidios a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres y el Modelo de Equidad de Género
La certificación del Modelo de Equidad de Género (MEG) se ha convertido en una aportación de México al mundo para garantizar la no discriminación en el ámbito laboral. El modelo se integró en 2006 como política pública federal dentro del marco de las actividades del Inmujeres. Éste permite a las organizaciones formalizar una política de equidad de género mediante procedimientos y acciones definidas, establecer mecanismos de evaluación de políticas de igualdad, integrar sistemas de gestión de calidad organizativa, integrar equipos de trabajo y fortalecer el capital humano de las organizaciones mediante el impulso a la igualdad entre hombres y mujeres. Para agosto de 2012, 1 256 centros laborales, tanto del sector público como del privado, contaban con la certificación meg, lo que ha permitido beneficiar de manera directa a cerca de un millón de personas en el país. Otro de los grandes logros de este gobierno para eliminar las prácticas discriminatorias por razones de género en el ámbito laboral, fue la creación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. Este instrumento de política pública se concibió para erradicar la desigualdad, discriminación, exclusión, violencia y hostigamiento sexual en los lugares de trabajo. La norma, única en su tipo, comprueba el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en materia de recursos humanos.
Este instrumento jurídico de certificación, desarrollado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), establece requisitos expresados en prácticas e indicadores, los cuales comprueban que las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social y el clima laboral adecuado, la libertad sindical y la accesibilidad laboral para mujeres y hombres. El 8 de marzo de 2011, en el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el Presidente de la República instruyó la certificación de las dependencias y entidades de la APF en el marco de la norma. A mediados de 2012 se habían certificado 21 dependencias del sector central, 25 entidades del sector paraestatal y 23 órganos desconcentrados federales; 50 entidades se encontraban aún en proceso de certificación.
Cabe destacar que el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, organismo especializado de Naciones Unidas, observó con satisfacción la adopción de la norma como un medio para alcanzar la inclusión laboral de las mujeres sin discriminación de ningún tipo.
Estancias Infantiles
Una de las acciones de política social con mayor reconocimiento durante esta administración ha sido la creación de las Estancias Infantiles. Éstas han permitido ofrecer espacios de cuidado infantil a un costo bajo, y han hecho posible que miles de mujeres que antes no podían dejar a sus hijos al cuidado de terceros, tuvieran la posibilidad incorporarse al mercado laboral.
El programa ha permitido prácticamente duplicar la oferta de servicios de cuidado infantil con que contaba el país en el siglo pasado. Mediante el subsidio a los servicios, no sólo se ha brindado apoyo a las madres que quieren trabajar para que cuenten con un lugar seguro donde dejar a sus niños, sino que también se ha apoyado a miles de mujeres que tienen la disposición y el espacio para atender a los niños. En este sexenio se abrieron casi 10 mil estancias infantiles en todo el país, con lo que se ha atendido a más de un millón 75 mil niños y niñas.
En junio de 2012, la Organización de las Naciones Unidas otorgó al Programa de Estancias Infantiles, el segundo lugar de los Premios a la Administración Pública en la Categoría Promoting Gender Responsive Delivery of Public Services (“Promoviendo el enfoque de género en la prestación de servicios públicos”), por su capacidad de fomentar la integración al mercado laboral de las mujeres en igualdad de condiciones.
Proyectos productivos
El apoyo a proyectos productivos ha sido clave para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres. Entre los programas a los que se ha dado mayor impulso durante esta administración destacan el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), el Programa de la Mujer en el Sector Agrario y el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas.
A través del FOMMUR se ofrecen microcréditos a las mujeres que viven en comunidades rurales, con el fin de fomentar la inversión productiva e impulsar la cultura del ahorro y la capitalización de este grupo. Durante esta administración, el FOMMUR invirtió 3 345 millones de pesos para otorgar más de 915 mil créditos en beneficio de cerca de 721 mil mujeres. La cobertura del programa se incrementó en 61% durante estos seis años, pasando de 482 a 777 municipios.
Por su parte, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) se ha constituido como un medio eficaz para coadyuvar a la creación de empresas rentables y promover la generación de empleo para mujeres en núcleos agrarios. Entre 2007 y 2012 mediante el PROMUSAG se han canalizado recursos por cerca de cinco mil millones de pesos, para financiar más de 30 mil proyectos y beneficiar a cerca de 190 mil mujeres.
El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas brinda apoyo económico para proyectos productivos relacionados con actividades pecuarias, agrícolas, acuícolas, forestales, artesanales y de servicios; se enfoca principalmente a mujeres indígenas de comunidades clasificadas como marginadas. Durante esta administración se han apoyado más de 14 mil proyectos productivos por cerca de 1 500 millones de pesos en beneficio de más de 167 mil mujeres.
El apoyo destinado a mujeres para financiar proyectos productivos ha mostrado ser un mecanismo eficaz para impulsar su empoderamiento económico. Permite generar empleos para mujeres en el medio rural y mejorar tanto su ingreso como las condiciones de bienestar de sus familias y comunidades. Más aún, ofrece a las mujeres la oportunidad de construir su propia fuente de ingreso.
Participación política y toma de decisiones
Durante esta administración se han llevado a cabo diversas acciones para garantizar que las mujeres vivan la democracia en igualdad de circunstancias que los hombres, y tengan la posibilidad de acceder a cargos de elección popular y de toma de decisiones en todos los ámbitos de gobierno y Poderes del Estado, así como en las estructuras de los partidos políticos y en organizaciones sociales.
Con este fin, se ha trabajado en alianza con organizaciones de la sociedad civil, instituciones no gubernamentales y organismos internacionales para proveer oportunidades de formación y brindar acompañamiento a mujeres interesadas en ocupar cargos de elección popular. El apoyo también se ha brindado a mujeres que ya han sido electas, y se ha visto suplementado mediante el establecimiento de acuerdos con partidos políticos e instancias y tribunales electorales.
Uno de los avances más importantes en este sentido es el desarrollo de la Plataforma Estratégica para la Equidad Política. Mediante ésta, se busca impulsar la participación y representación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el Estado, así como consolidar una cultura democrática incluyente. La plataforma se articuló a partir de tres mecanismos:
- a) un Observatorio Interinstitucional y Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, que monitorea el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y en los ordenamientos estatales, relativos a los sistemas de cuotas para garantizar la presencia de mujeres en la conformación de los congresos federal y locales; b) un portal electrónico denominado El Avance Político de las Mujeres… en la Mira, que tiene por objetivo monitorear la participación de las mujeres y su arribo a cargos de representación popular, y c) un Programa de Formación para el Fortalecimiento de los Liderazgos Femeninos.
Mediante estos mecanismos, y con la concurrencia de recursos federales y fondos internacionales destinados a organizaciones de la sociedad civil, se realizaron diversos seminarios y cursos permanentes de formación especializada. Destaca entre ellos el Congreso Internacional de Participación Política y Liderazgo Femenino, realizado en octubre de 2011 en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
Por otra parte, están las reformas al marco normativo que han permitido fomentar la participación política de las mujeres. En enero de 2008 entraron en vigor las modificaciones al COFIPE por las que se establece la obligatoriedad de los partidos políticos de no postular más de 60% de candidaturas del mismo sexo en diputaciones y senadurías. La misma establece la sanción por registrarlas incumpliendo este precepto. También se aprobó el Reglamento de Fiscalización de los Partidos Políticos, con lo que se logró normar la utilización de 2% de su presupuesto para la capacitación y formación de las mujeres miembros. Estas modificaciones contribuyeron a que en 2012 se registrara la más elevada participación de mujeres en la historia de México, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
Cabe destacar que el Informe sobre la Brecha de Género Mundial 2012, elaborado por el Foro Económico Mundial, reportó que México había mejorado en la igualdad de las mujeres al pasar del lugar 89 en 2011 al 84 en 2012, entre 135 países evaluados. El avance de estas cinco posiciones puede atribuirse sobre todo al aumento en el porcentaje de mujeres en cargos de toma de decisiones, que se elevó de 11 a 21 por ciento.
RETOS A FUTURO
La política para la igualdad entre hombres y mujeres en México ha tenido un avance muy significativo en los últimos años. Por una parte, se ha enfocado en la construcción de un sólido andamiaje normativo; por otra, ha incrementado tanto el alcance como la profundidad de las políticas públicas con enfoque de género. No obstante, los esfuerzos en materia de regulación y legislación secundaria, así como aquellos orientados a fortalecer la transversalización en las instituciones de los tres órdenes de gobierno, deben continuar.
Es indispensable, por ejemplo, dar mayor impulso a la armonización de la legislación entre órdenes de competencia. En particular, debe promoverse la actualización de los códigos penales estatales para evitar y sancionar prácticas impermisibles que atentan contra los derechos de las mujeres. Sólo de esta manera podrá construirse un frente institucional y normativo amplio que ponga un alto a la violencia de género.
Es materia de presupuesto y transparencia, es necesario seguir fomentando la corresponsabilidad financiera de los gobiernos locales en el seguimiento y evaluación de los resultados en materia de género. Asimismo, debe trabajarse para disminuir la dispersión de recursos en los tres órdenes de gobierno. Contar con fuentes de información en estados y municipios, diseñadas para abordar las problemáticas sociales que reproducen las desigualdades de género, será fundamental en este sentido, y permitirá que los esfuerzos concurrentes se orienten con mayor eficiencia.
En lo que se refiere a la vida política, hoy existe, como nunca antes en la historia del país, participación de las mujeres. Recientemente Roderic Ai Camp, en una entrevista publicada en el diario Reforma, consideró que éste fue el cambio más importante que experimentó México en los últimos 15 años. Entre 2006 y 2012, la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados pasó de 23 a 37%; y de 17 a 33% en la Cámara de Senadores. No obstante, la presencia de mujeres en los Congresos locales, en promedio, alcanza cerca de 24% y no supera el 6% en los gobiernos municipales.
También se han dado avances sustantivos en materia de igualdad laboral. Durante esta administración se ha consolidado la política en la materia a través de instrumentos como la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. Esta figura de certificación ha hecho posible que el trabajo se considere, no sólo en su dimensión de producción, sino como parte esencial de la dignidad humana. Ampliar el universo de organizaciones certificadas es el reto más relevante en este sentido. Superarlo permitirá generalizar los parámetros laborales mínimos a los que debe aspirar cualquier institución, más allá de su tamaño o actividad. Sin duda, el reto mayor está en la educación. Resulta fundamental desarrollar programas que eviten que los niños reproduzcan la cultura discriminatoria hacia las mujeres. Este cambio cultural se ha fomentado a través de la educación formal, pero debe también impulsarse desde los hogares y diseminarse hacia todos aquellos espacios, tanto en las comunidades como en el medio laboral, en que las mujeres siguen teniendo desventajas.
Aunque debe admitirse que falta mucho por lograr para alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es innegable que durante esta administración se han dado avances sin precedentes para fortalecer la política en materia de género y proporcionar el marco normativo que garantice a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos.