4. Consolidación de las finanzas públicas y estabilidad

A pesar del buen manejo de la economía nacional hacia 2006, la desaceleración económica de Estados Unidos empezó a significar un riesgo para nuestro país. Al ser esa nación nuestro principal socio comercial, se auguraba que nuestro crecimiento económico en 2007 se vería afectado negativamente. Por ello, el Gobierno Federal diseñó una estrategia para que la economía mexicana no se viera tan afectada. Ésta implicó ahorro y mayor efectividad en el gasto público; la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, la reducción y renegociación de la deuda pública; el apoyo al sistema financiero nacional y el desarrollo de mecanismos para enfrentar riesgos.

En 2008, el panorama mundial se complicó todavía más. No sólo Estados Unidos presentaba una fuerte desaceleración económica; lo mismo ocurría con otras economías. Para 2009, el mundo atravesaba por una crisis económica sin precedentes en la historia reciente. La emergencia trajo retos inesperados y obligó al gobierno a adoptar una estrategia dual. Por un lado, era necesario hacer frente a los efectos de la crisis, mitigar su impacto y promover lo más rápido posible la recuperación. Esto era factible porque el país enfrentaba la crisis desde una posición de fortaleza. Por otro lado, se continuó con los planes para el fortalecimiento institucional, promoviendo reformas que permitieran mejorar la competitividad y el potencial de crecimiento de mediano plazo.

La estrategia económica de mediano y largo plazo para el fortalecimiento de las finanzas públicas

Ingresos públicos

A pesar del difícil entorno económico que se vivió en el sexenio, fue posible concretar dos reformas fiscales (2007 y 2009), llevar a cabo un ambicioso esfuerzo de simplificación fiscal y mejorar la administración tributaria. Esto permitió un incremento en el número de contribuyentes: entre 2006 y 2012, los contribuyentes activos aumentaron de 23.9 a 37.5 millones. Con ello, los ingresos públicos se fortalecieron: en los últimos 30 años estos crecieron 2% del producto interno bruto (PIB) y la mitad de este crecimiento se logró en los últimos cinco años.

La reforma hacendaria por los que menos tienen (2007)

En febrero de 2007 se presentó una iniciativa de reforma hacendaria integral que se aprobaría en septiembre de ese mismo año. Una de sus principales innovaciones fue la introducción del impuesto empresarial a tasa única (IETU) como impuesto mínimo de control del impuesto sobre la renta (ISR). Este impuesto tiene como fin lograr una recaudación más equilibrada y justa, ya que no considera regímenes especiales ni deducciones o beneficios extraordinarios. Impuestos de esquema similar, que sólo se habían aplicado a nivel regional en Italia, han sido reconocidos por su capacidad de recaudar recursos públicos eficientemente sin inhibir la inversión. En México, el IETU logró incrementar la recaudación, ampliar la base tributaria y el número de contribuyentes, y eliminar los espacios de evasión y planeación fiscal para eludir el ISR.

La reforma introdujo también el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), como contribución complementaria del ISR y auxiliar en el control de la evasión fiscal. El IDE es un impuesto que se aplica a los depósitos en efectivo, ya sea por uno o por la suma de varios depósitos cuyo monto en el mes exceda de cierta cantidad. Este impuesto ha sido fundamental para combatir la informalidad, pues permite identificar la entrada de efectivo al sistema financiero y contrastarlo con las declaraciones de los contribuyentes al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

La reforma otorgó nuevas potestades tributarias a los estados para establecer impuestos locales a la venta final de bienes gravados por la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), como las gasolinas, el diesel y las bebidas alcohólicas; se constituyó así una importante fuente de ingresos para las entidades federativas. Asimismo, se transfirió a los estados la potestad de cobrar la tenencia vehicular con un periodo de transición suficiente para su implementación.

La reforma fiscal de 2009

En 2009, la economía mexicana —al igual que el resto de las economías del mundo— sufría los efectos de la crisis global. A la caída permanente en los ingresos públicos por la disminución en la producción de petróleo, se sumó la caída transitoria de los ingresos públicos como consecuencia de la crisis. La suma de estos dos factores se tradujo en la peor caída de los ingresos públicos de los últimos 30 años. México respondió con medidas que le permitieron hacer frente a los efectos transitorios. No obstante, fue evidente que, para enfrentar la caída permanente en los ingresos, había que llevar a cabo acciones estructurales. Por ello, el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010, enviado por el Presidente Calderón para aprobación de la Cámara de Diputados, incluía un nuevo impuesto llamado contribución para el combate a la pobreza (CCP).

El CCP consistía en establecer una tasa impositiva de 2% a todo el consumo (gravando los productos que tienen tasa cero), lo que permitiría recaudar 70 mil millones de pesos. A las entidades federativas se destinaría 30% de este monto, y 70% serviría para reforzar el gasto en programas prioritarios destinados a las familias que menos tienen. El CCP no se aprobó. En su lugar, el Congreso autorizó un incremento en la tasa general del impuesto al valor agregado (IVA) de 15% a 16%, y de 10% a 11% en la región fronteriza. Además, se incrementaron temporalmente las tasas del ISR corporativo y marginal de 28 a 30%; se creó el IEPS a las telecomunicaciones a una tasa de 3% y se incrementaron las tasas del IDE y el IEPS de juegos y sorteos, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. Al principio la medida generó desconcierto entre aquellos que pedían lidiar con la crisis incrementando la deuda y no los impuestos. Sin embargo, en diversos foros internacionales hay consenso sobre la conveniencia de que las economías del mundo adopten medidas de este tipo para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto fue clave para que México enfrentara con éxito la crisis económica mundial, a diferencia de lo que ocurrió con otras naciones, incluso desarrolladas, que tienen severos desbalances fiscales y están luchando por mantener a flote sus economías.

Simplificación fiscal

Esta administración realizó también un importante esfuerzo en materia de simplificación fiscal para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. El Banco Mundial (BM), en su informe Doing Business de 2007, señaló que en México se dedicaban en promedio 552 horas al año para pagar impuestos, debido a la complejidad del sistema. En contraste, los habitantes de Corea del Sur y el Reino Unido invertían, en promedio, 290 y 105 horas anuales respectivamente. La complejidad alentaba la evasión fiscal y contribuía a la baja recaudación.

Para atender esta situación, en julio de 2010 se publicó el Decreto por el que se Otorgan Facilidades Administrativas en Materia de Simplificación Tributaria. Los principales beneficiarios fueron los pequeños y medianos contribuyentes. Al mismo tiempo, el SAT empezó a facilitar a los contribuyentes el cumplimiento con sus obligaciones por medio de acciones como el pago a través de Internet. De acuerdo con el Banco Mundial, se redujo hasta en 40% el tiempo que los contribuyentes utilizan para cumplir con sus obligaciones fiscales. Esto permitió que México mejorara 36 lugares en el ranking internacional y que, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el sector productivo ahorrara hasta 15 mil millones de pesos anuales.

En marzo de 2012 el Presidente Felipe Calderón firmó el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, donde se concentran medidas fiscales dispersas en más de 90 decretos, y se elimina la necesidad de pedir factura impresa para comprobar gastos al pagar con tarjeta bancaria, siempre que ésta se asocie al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y que la transacción sea menor a 50 mil pesos (sin IVA).

Gasto público

En estos seis años, el Gobierno Federal fortaleció considerablemente el seguimiento al ejercicio del gasto y avanzó en la evaluación, medición y calificación de las políticas públicas, programas e instituciones. Con esto, el compromiso de gastar menos recursos para la administración y más para la población se volvió una realidad.

Presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño

El sistema de Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR-SED) se fundamenta en la Gestión por Resultados (GPR), y forma parte de la reforma fiscal de 2007. Su implementación permitió que la discusión sobre la distribución de los recursos se centrara en los resultados de la política pública y no sólo en el monto asignado. Esto permite alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados, evitando duplicidades y redundancias en los programas presupuestarios. Así, el PBR-SED fortalece la transparencia, la eficacia del gasto y la rendición de cuentas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha reconocido los logros y la rapidez de México en materia de evaluación del desempeño, pues a pesar de haber empezado en 2006, ya se sitúa entre los países de América Latina y el Caribe con mayor avance.

Austeridad

A comienzos de 2007, el Presidente Felipe Calderón decretó una serie de medidas de austeridad y disciplina del gasto para la Administración Pública Federal (APF) para racionalizar el gasto en servicios personales, administrativos y de apoyo. Para ese año se estableció un objetivo de ahorro de 25 500 millones de pesos, sustentado en una disminución de 10% a los sueldos de altos funcionarios y otras medidas para reducir los gastos médicos mayores, la contratación de bienes y servicios y los gastos de telefonía y viáticos, entre otros.

El 12 de marzo de 2010 se dio a conocer el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, un programa plurianual que permitió articular y dar continuidad a esos esfuerzos e involucró a toda la APF. Tras un trabajo conjunto con el Poder Legislativo, se anunció una meta de ahorro global de al menos 40 100 millones de pesos para los siguientes años. Estos recursos debían destinarse a programas prioritarios del Gobierno Federal, entre otros: desarrollo y mantenimiento de infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria, social, médica, educativa, hidráulica, turística y deportiva, de protección social en salud, medio ambiente y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Gracias al compromiso del Gobierno Federal, para diciembre de 2011 la meta ya se había superado, cuando que originalmente se estableció para 2012. El ahorro acumulado al cierre de 2011 sumó 42 158 millones de pesos.

Además del ahorro, el gasto corriente mejoró considerablemente en las dependencias y entidades. En 2012, los subsidios que se entregaron vía programas sociales (como Seguro Popular u Oportunidades) representaron seis puntos porcentuales más que en 2006. Por el contrario, el gasto de operación y el destinado a pagar salarios y sueldos se redujo en esta administración.

Armonización contable

El 7 de mayo de 2008, en el marco de la reforma fiscal de 2007, se aprobaron diversas modificaciones en materia de gasto y contabilidad al artículo 73 constitucional que son de observancia obligatoria para los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como para los tres órdenes de gobierno. Posteriormente, el 1º de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la culminación del paquete de reformas que se llevaron a cabo desde 2006, para transformar el gasto público en México, mediante la implementación de la armonización contable.

Desde 2009 se ha avanzado sistemáticamente en esta materia, debido en buena medida a la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), un mecanismo de control inédito tanto a nivel nacional como internacional. Una vez que esté implementado, el sistema permitirá mejorar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos de cada orden de gobierno, para promover así la transparencia y la rendición de cuentas.

Finanzas públicas

Al comienzo de esta administración se impulsó una estrategia para reducir algunas de las principales presiones de gasto, como las relativas a las pensiones; se procedió a una recomposición del perfil de deuda pública, y se puso en marcha una estrategia integral para el manejo de riesgo que permitiera a las finanzas públicas resistir los efectos negativos de desastres, tanto económicos como naturales.

La reforma al sistema de pensiones

En 2006, el ISSSTE y prácticamente todos los sistemas de pensiones, salvo el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que fue reformado en 1997, se caracterizaban por financiarse con las aportaciones de los trabajadores en activo. Con la transición demográfica el esquema se hizo insostenible, pues en pocos años habría más pensionados que trabajadores en activo. Era necesario tomar medidas frente a los déficits crecientes de los sistemas de pensiones. Por ello la propuesta fue transitar a un esquema de contribución definida, con cuentas individuales que otorgaran plena certeza a los trabajadores sobre su pensión.

Con 2.8 millones de trabajadores, 10 millones de derechohabientes y medio millón de pensionados, el ISSSTE es el segundo sistema de seguridad social más grande del país. Como ya se dijo, hacia 2006, el ISSSTE tenía un déficit de caja de 42 mil millones de pesos, por lo que el Ejecutivo negoció con el Congreso opciones para remediar el problema. El 31 de marzo de 2007 quedó aprobada la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE que creó cuentas individuales similares a las existentes para las pensiones del IMSS.

Además de la reforma al ISSSTE, se reformó (2008) el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) que norma las pensiones de los trabajadores del IMSS. La modificación, muy similar a la impulsada para el ISSSTE, se tradujo en un ahorro de más de 50 mil millones de pesos que el instituto ha podido utilizar para mejorar la calidad de sus servicios. Además, fue un gran precedente para las reformas a los sistemas de pensiones de otras empresas paraestatales, como el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se llevó a cabo ese mismo año.

Con estas reformas se incorporó a más de 90% de los trabajadores con derecho a recibir una pensión y se cubrió más de 90% de los pasivos. Se abrió paso a la posibilidad de establecer un auténtico Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que permita a los trabajadores mantener su pensión a pesar de moverse entre sectores. Estas reformas también posibilitaron la incorporación de trabajadores independientes al sistema de pensiones.

Gracias al incremento en el ahorro que supuso la creación del SNP fue posible impulsar una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), para lograr la disminución en las comisiones que se cobran por los sistemas de administración de las pensiones (Afores). Con esto se incrementó el rendimiento y se redujeron los traspasos irregulares. De esta manera, se permitió que los trabajadores tuvieran un mayor ahorro y la posibilidad de una mejor pensión. Del cierre de 2006 a marzo de 2012, se incrementó en casi nueve millones y medio el número de cuentas administradas por las afores, y los recursos administrados en el mismo periodo aumentaron en más de cuatro puntos del PIB. El ahorro de las afores equivale a más de 20% del ahorro interno total, y las convierte en el inversionista institucional más importante del país. A marzo de 2012, su régimen de inversión ha permitido el financiamiento de proyectos productivos por 641 mil millones de pesos, principalmente a los sectores de vivienda e infraestructura.

Manejo integral de riesgo

Durante la presente administración se ha consolidado una estrategia integral para el manejo de los distintos riesgos que pueden afectar a las finanzas públicas. Como parte de esta estrategia, la SHCP activó múltiples líneas de acción diseñadas para estabilizar las finanzas públicas en contra de contingencias que pudieran frenar el crecimiento económico: 1) la contratación de coberturas petroleras (seguros en caso de una caída de los precios internacionales) y el uso de distintos Fondos de Estabilización; 2) una política de acumulación de reservas internacionales y la contratación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI); 3) un manejo proactivo y eficiente de la deuda pública, y 4) el desarrollo de instrumentos financieros para contar con recursos que permitan hacer frente a desastres naturales.

El Gobierno Federal cuenta con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), que se creó en 2001 y en el que se acumulan los recursos excedentes derivados de ingresos petroleros o tributarios superiores a los establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el año respectivo. Se utiliza cuando el precio del petróleo o los ingresos tributarios caen por debajo de lo estimado, para aminorar su efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional. El FEIP se complementa con la compra de coberturas ante posibles disminuciones en el precio del petróleo. Mediante estas coberturas, el gobierno asegura un precio de venta por barril de petróleo. De esta manera, el nivel de gasto público se aísla de posibles caídas abruptas en el volátil precio internacional del hidrocarburo.

Con objeto de blindar la economía ante condiciones desfavorables en los mercados internacionales de capital, como resultado de la crisis financiera internacional, México solicitó en 2009 al FMI el acceso a la Línea de Crédito Flexible, un instrumento preventivo para países con economías muy fuertes y que no cuenta con ninguna condicionalidad sobre las políticas que sigue el país. En 2011, se obtuvo una LCF por un monto aproximado de 72 mil millones de dólares para un plazo de dos años. Este crédito, sumado a las reservas internacionales acumuladas por el Banco de México, da al país una cobertura por 232 mil millones de dólares para hacer frente a contingencias.

En lo que se refiere a desastres naturales, se estima que entre 2000 y 2010 el costo acumulativo de estos eventos fue de más de 25 mil millones de dólares, que afectaron, en distintos grados, a cerca de ocho millones de personas. Esta situación podía generarle dificultades a las finanzas públicas en caso de no contar con recursos para responder ante una emergencia severa. Por ello se estableció una estrategia basada en tres pilares: a) un instrumento financiero, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que permite al Gobierno Federal presupuestar año con año recursos para cubrir los costos ocasionados por los tipos más frecuentes de desastres; b) un programa de bonos catastróficos que permite al FONDEN, previo pago de un seguro, conseguir recursos inmediatos para la atención de emergencias, y c) un programa de reaseguro que permite al FONDEN hacerse de recursos complementarios para la reconstrucción de bienes dañados cuando los pagos del fondo exceden un nivel preestablecido. Con ello, se ha asentado un modelo vanguardista de manejo de riesgos que potencia los recursos financieros del FONDEN.

Crédito público

La política de endeudamiento interno ha mantenido un alto grado de flexibilidad para adaptarse a la evolución de los mercados financieros nacionales, privilegiando la liquidez y su buen funcionamiento. El endeudamiento externo sólo se ha utilizado de manera complementaria, buscando diversificar las fuentes de financiamiento y ampliar la base de inversionistas. Esto ha permitido que el acceso al financiamiento esté disponible, en condiciones de costo y riesgo favorables, aun en situaciones de volatilidad internacional. Con ello, México ha alcanzado una posición relevante en los principales mercados financieros internacionales, destacándose como importante emisor de deuda en dólares, euros y, recientemente, yenes.

Un elemento fundamental de la estrategia ha sido desarrollar un mercado local que cuente con una activa participación de inversionistas locales y extranjeros. Por lo que toca a los primeros, destaca el impulso y el desarrollo que se ha dado a las administradoras de fondos para el retiro, que son inversionistas institucionales importantes, tanto por la cuantía de los recursos que administran como por su horizonte de inversión de largo plazo.

En el mercado externo de deuda, destaca la emisión, en 2010, de un bono a 100 años por un monto de mil millones de dólares a una tasa de rendimiento de 6.10%. Con ello, México se convirtió en el primer país latinoamericano y el segundo soberano en el mundo, después de China, en emitir un bono con este plazo.

Entre los principales logros que dan cumplimiento a los lineamientos y a la estrategia de crédito público que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo destacan los siguientes:

1. El costo financiero de la deuda total se mantuvo en niveles reducidos aun en los periodos más complejos de la crisis financiera internacional.  El manejo del crédito público se consolidó como un factor de fortaleza para las finanzas públicas y de estabilidad para la economía.
2. Se profundizaron significativamente los mercados de deuda, tanto internos como externos. Se ampliaron de manera relevante la duración y los plazos por vencer de la deuda interna (casi al doble); la deuda externa lo hizo en menor medida pero también significativamente (casi un tercio).
3. Se ha intensificado de forma considerable la competencia en el mercado local de deuda, con un universo histórico de participantes por la amplia base de inversionistas internos y externos.
4. La capacidad de obtener financiamiento en los mercados internacionales se ha incrementado, como lo comprueban el acceso al financiamiento hasta por 100 años en dólares y el acceso al mercado japonés.

Sistema financiero

Regulación y supervisión del sistema financiero

Ante la crisis de 2008-2009 y desde una posición de fortaleza, se decidió revisar el sistema de regulación y supervisión del sistema bancario para hacerlo más firme. Aunque no fue la norma entre los países del mundo, se tomó la decisión de revisar y fortalecer la regulación internacional para evitar que una crisis como la que acababa de ocurrir se repitiera. En ese proceso, México ha sido un actor relevante, sobre todo por su participación en el Comité de Basilea y en el Consejo de Estabilidad Financiera.

Como resultado de la revisión se emitió un nuevo estándar de regulación internacional, conocido como Basilea III, de implementación obligatoria para todos los países. Gracias al trabajo previo y al desarrollado en administración, México cumple hoy con muchos de los requerimientos incorporados en esa regulación. Al mismo tiempo, se ha trabajado en fortalecer los estándares de provisión de información para las empresas que emiten valores públicos, así como para minimizar cualquier contagio internacional a nuestro sistema financiero.

La banca de desarrollo

Al principio de esta administración, México tenía una Banca de Desarrollo (BD) sana, con un excedente de capital que le permitió convertirse en un instrumento para impulsar el desarrollo. La estrategia consistió en dirigir los recursos públicos que se utilizaban como subsidios implícitos para fortalecer un esquema transparente de garantías, complementando de manera eficaz el esfuerzo del sector financiero privado y logrando la potenciación de los recursos.

En estos seis años, tanto el monto del crédito otorgado por la BD como la cartera de clientes se incrementaron de manera considerable, en un marco de sustentabilidad y responsabilidad financiera. El saldo del crédito directo e impulsado durante el sexenio tuvo un incremento en términos reales de 85% respecto de 2006. En estos seis años, se ha apoyado a 85% más MIPYMES, 58% más productores rurales de bajos ingresos, 89% más municipios de alto y muy alto grado de marginación, y se otorgaron 27% más créditos para vivienda a personas con ingresos de hasta seis salarios mínimos vigentes, que en 2006.

Inclusión financiera

La administración 2006-2012 estableció como prioridad el fomento al acceso y uso de servicios financieros en virtud de los efectos positivos para la población. Se estableció una medida que permitiera ampliar el acceso a los servicios financieros formales a la población de menores ingresos, los municipios de alta y muy alta marginación y las microempresas. Al cierre de 2011, 71% de los municipios —donde vive 97% de los adultos—, cuenta con algún tipo de infraestructura financiera.

La estrategia tuvo tres componentes: primero, la ampliación de la oferta de productos y servicios financieros sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero; segundo, la promoción de la educación financiera para que los usuarios cuenten con la información adecuada para tomar mejores decisiones en un mercado en competencia, y, por último, la protección a los usuarios de estos servicios. Destaca también el esfuerzo por incorporar a los beneficiarios de los programas sociales a los beneficios del sistema financiero formal, mediante la distribución, en cuentas bancarias, de los apoyos que reciben. Hoy más de 6.5 millones de familias en todo el país, beneficiarias de programas como Oportunidades o Apoyo Alimentario, están contempladas en el esquema.

Lavado de dinero

El combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo es parte central de la estrategia contra la delincuencia organizada, pues se orienta a combatir la capacidad de los criminales para hacerse de recursos. Derivado de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se fortaleció el régimen de prevención al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero. Esto multiplicó 16 veces el número de entidades financieras supervisadas, al pasar de 316 a 5 154.

Para hacer frente al excedente de dólares que eran repatriados a Estados Unidos, se hicieron reformas que restringieron la entrada de dólares en efectivo al sistema financiero mexicano. Estas disposiciones se reflejaron en la disminución de 38% en la captación de dólares en efectivo en bancos, casas de bolsa y casas de cambio entre 2010 y 2011; al comparar con las cifras de 2007, la disminución es de 70 por ciento.

El 26 de agosto de 2010 se presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Ésta se basa en dos pilares. El primero se enfoca en la detección y prevención de aquellos actos u operaciones denominados “actividades vulnerables”, que pudieran servir en procesos de lavado de dinero, como juegos y sorteos; tarjetas de servicio y prepagadas; cheques de viajero y prestación de servicios profesionales para llevar a cabo operaciones a otro nombre. El segundo consiste en introducir límites para las operaciones pagaderas con efectivo en actividades específicas. Restringir el uso de efectivo tiene como fin acabar con el anonimato que permite y favorece el lavado de dinero. Con algunas modificaciones, la iniciativa se aprobó en el Senado y se turnó a la Cámara de Diputados, donde también se aprobó el último día de sesiones y volvió al Senado para su ratificación. El 17 de octubre de 2012 la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Grupo de los 20

A finales de 2008 y ante la crisis financiera internacional, la necesidad de una acción rápida y coordinada para hacer frente a los retos que se enfrentaban, llevó a Estados Unidos a convocar por primera vez a los líderes de los países del G20. Desde entonces, ese organismo se consolidó como el foro multilateral por excelencia para enfrentar los retos en materia económica y financiera. En 2012, México tomó la presidencia del G20 en un entorno internacional complejo y en el que prevalece la incertidumbre económica mundial, principalmente por los problemas económicos y políticos de la zona euro. La presidencia permitió a México incidir en el diseño e implementación de políticas económicas a nivel mundial. No sólo fue el anfitrión del foro económico-financiero más importante a nivel global, hecho que por sí mismo representaba un gran reto, sino que se consolidó como el artífice de una agenda robusta y focalizada a nivel sustantivo, la cual incluyó la estabilización económica y las reformas estructurales para el crecimiento y el empleo; el fortalecimiento de los sistemas financieros y el fomento de la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico; la mejora de la arquitectura financiera internacional; la promoción de la seguridad alimentaria y la volatilidad del precio de las materias primas, y el desarrollo sustentable, incluyendo infraestructura, eficiencia energética, crecimiento verde y cambio climático.

Durante el primer semestre de 2012 se dio el primer gran resultado de la presidencia mexicana en el G20: se anunció, en conjunto con el Comité del Fondo Monetario Internacional, una inyección de recursos al fmi por más de 430 billones de dólares. Entre los principales promotores de esta medida estuvo México, representado por el Gobernador del Banco de México. Con la presidencia de México, el G20 impulsó el programa de vinculación más amplio de su historia: se visitaron más de 20 países no miembros para recabar insumos, preocupaciones y propuestas, con el objetivo de construir la agenda de manera colectiva e incluyente. Asimismo, se invitó a participar en las reuniones a países no miembros: Benín, Cambodia, Colombia, Chile, España y Etiopía. Esto contribuyó a que los trabajos y la declaración de Los Cabos resultaran más significativos en cuanto a contenido, compromisos y acciones específicas.

La crisis económica internacional

En 2007, la economía mexicana creció en 3.3% del pib, expansión más moderada que la del año previo, debido sobre todo a que la actividad económica en Estados Unidos comenzaba a mostrar señales de desaceleración. Durante 2008, y aunque la economía mexicana había estado creciendo más que la de Estados Unidos, los problemas en ese país se tradujeron en una desaceleración: la economía mexicana creció únicamente en 1.3 por ciento.

Hacia 2009, el deterioro económico global impactó cada vez con más fuerza a la economía mexicana mediante diversos canales. Se dio un incremento en la volatilidad en los mercados financieros internacionales y una caída abrupta de la confianza de inversionistas, empresas y hogares en todo el mundo. El consumo y la inversión en México también se contrajeron ante una perspectiva económica menos favorable.

Lo anterior, aunado a la epidemia de influenza, condujo a un abrupto descenso de la actividad económica, que a su vez supuso una reducción en los ingresos tributarios del gobierno. Entre 2004 y 2009, las finanzas públicas se vieron afectadas también por la reducción de casi una cuarta parte en la producción de petróleo. A esto se sumaría la fuerte caída en los precios a finales de 2008: en enero de 2009 el precio de la mezcla mexicana era menor en 68% al de seis meses atrás. La combinación de estos factores provocaría en 2009 una caída en los ingresos del gobierno equivalente a 278 mil millones de pesos, la más severa en los últimos 30 años.

Esta situación pudo haber sido devastadora si México la hubiera enfrentado en una condición similar a la que tenía en 1995. Por fortuna, el país había ajustado sus políticas y los fundamentales de la economía en aspectos como las finanzas y la deuda pública, la inflación, el sistema financiero y las cuentas externas estaban sólidos.

Los años 1995 y 2009 marcan las dos últimas crisis económicas que ha enfrentado México, y si bien es cierto que en ambas la caída de la actividad económica fue de magnitud similar —con tasas de crecimiento de –6.2 y –6.0%, respectivamente— los indicadores asociados al bienestar de la población se comportaron de manera muy distinta. En 2009, en el mercado laboral la disminución en el empleo fue la mitad de la observada en 1995, y la reducción en los salarios reales fue 15 veces más baja. La menor caída del ingreso laboral hizo que el consumo privado se redujera 23%. En lo que se refiere a actividad productiva e inversión, las contracciones en el número de empresas y en la inversión total fueron de una tercera parte.

Finalmente, la pobreza multidimensional (medida oficial de pobreza en el país) aumentó 10 veces menos entre 2008 y 2010 que entre 1994 y 1996. Entre 2008 y 2010 la pobreza multidimensional extrema se redujo ligeramente en términos porcentuales y permaneció constante en términos absolutos, mientras que en la crisis anterior aumentó 16 puntos porcentuales o en 15 millones de personas.

La diferencia radica en las medidas implementadas por el gobierno. La estrategia se guio por el principio de que era necesario establecer políticas que permitieran mitigar el efecto de la crisis financiera, pero sin generar una debilidad en las finanzas públicas o el sistema financiero que llevara a problemas de credibilidad. Se criticó la estrategia, pero la señal de que las medidas resultaron exitosas es el contraste entre los problemas que hoy enfrentan Estados Unidos y varios países de Europa como resultado de haberse excedido en los estímulos, y la sólida recuperación de la economía mexicana. A diferencia de ocasiones previas en las que el país enfrentó una situación de crisis económica, esta vez existían los márgenes necesarios para usar ingresos extraordinarios por 314 mil millones de pesos del Banco de México, las coberturas petroleras, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y otras fuentes, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Una vez cubierto el faltante de ingresos para 2009, quedaba pendiente enfrentar los efectos que la caída en los ingresos públicos tendría en el mediano plazo.

La SHCP planteó una estrategia basada en una norma elemental de prudencia financiera: los faltantes permanentes deberían solventarse con nuevos recursos, también de carácter permanente, en tanto que los faltantes temporales serían cubiertos con herramientas transitorias o contingentes. Esta norma guio el diseño de la estrategia, y combinaba los tres instrumentos fiscales de que dispone el Gobierno Federal: ajustes al gasto público, incremento de los ingresos fiscales y un mayor endeudamiento. Para cubrir el componente temporal de la reducción en los ingresos asociado a una actividad económica por debajo de su tendencia de mediano plazo, de 2010 a 2012 se utilizó por primera vez la excepción prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De esta manera, el paquete económico podía incurrir en un déficit presupuestario en condiciones excepcionales. Este déficit debía ser moderado y temporal para no generar dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del país en un momento de tensión en los mercados financieros internacionales. Un componente esencial fue establecer la obligatoriedad de reducir anualmente el déficit, de tal modo que el déficit aprobado para el año debía ser menor al del año anterior. Además, se fijó un plazo para el regreso al equilibrio presupuestario.

Para lidiar con la caída permanente en los ingresos asociada a la reducción de la producción petrolera, se adoptaron medidas tanto de ingreso como de gasto. En cuanto a ingreso, se elaboró la propuesta de reforma fiscal de 2009 ya descrita. En el gasto, como se explicó, en marzo de 2010 se anunció el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público que permitiría ahorrar 40 100 millones de pesos adicionales.

La estrategia rindió frutos y, en 2010, el crecimiento de la economía se ubicó en 5.5% y el nivel desestacionalizado del PIB observado para el cierre del año fue superior al máximo registrado antes de la crisis. La recuperación de la actividad económica se tradujo en un aumento de 730 mil trabajadores registrados en el IMSS durante 2010. Así, como sucedió con el PIB, el empleo al cierre del año se ubicó por encima de los máximos observados antes de la crisis.

La recuperación mexicana fue importante, en especial considerando que la economía de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, experimentó una recuperación mucho menos rápida y vigorosa. La mayor velocidad de recuperación de la economía mexicana se reflejó en un mejor desempeño en la evolución de variables como el PIB, el consumo, la inversión y el empleo.

En lo que se refiere a las finanzas públicas, los presupuestos propuestos para 2011 y 2012 fueron responsables y adecuados: el monto del déficit público registrado en los últimos años en el contexto de la respuesta a la crisis financiera global es reducido, lo que permite que la deuda pública se estabilice en niveles moderados. En términos de deuda pública, la de México también es mucho menor que la de países desarrollados.

En relación con la situación del sistema financiero, el crédito del sistema bancario al sector privado ha experimentado una expansión vigorosa (crecimiento de 12% al cierre de 2011) y sobre bases muy sólidas. Las cuentas externas del país también se encuentran en orden. El déficit de cuenta corriente se ha ubicado en sus menores niveles en décadas y es totalmente cubierto por las entradas de inversión extranjera directa.