7. Telecomunicaciones y radiodifusión
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son el medio que permite la transmisión de información a través de medios electrónicos, que es habitualmente conocida como telecomunicaciones. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), hay un vínculo directo entre el desarrollo de las tic en un país y el desempeño de su economía. Las tic son, además, una herramienta que puede facilitar la inclusión social, pues al reducir el aislamiento y algunos costos de transacción, generan oportunidades laborales y de capacitación.
Diversos estudios documentan los beneficios sociales y económicos que genera el uso de las tic en diferentes ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en la labor de gobierno facilita la interacción de los ciudadanos con los tres órdenes de gobierno, favorece la cultura de la transparencia y la democracia, y permite diseñar políticas que generen mejores oportunidades educativas y laborales. Tales estudios también hacen notar la necesidad de definir e implementar políticas públicas en el ámbito digital y regulaciones que propicien mercados de telecomunicaciones más competitivos y eficientes.
Oiang y Rossotto (2009), en uno de los estudios más citados en el sector de las tic, concluyen que un aumento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha (acceso de alta velocidad a Internet) a nivel nacional, en países de ingresos bajos a medios, se asocia con un incremento del producto interno bruto (PIB) de 1.4%. Destaca también el análisis de The Boston Consulting Group (2012), que estima que en 2010 la contribución de Internet al PIB de las economías del G20 significó 4.1%, y pronostica que para 2016 alcance 5.3%. Para México, se estima que la contribución aumentará de 2.5 a 4.2% del PIB, en el mismo periodo. Esto implica que las actividades económicas que se desarrollan en línea tendrán mucho dinamismo en los próximos años. De ahí la exigencia de mejorar las regulaciones que afectan a los mercados relacionados.
En el plano laboral, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2011) estimó que entre 2000 y 2009, en promedio, una tercera parte del crecimiento en la productividad laboral en 19 países miembros se debió al crecimiento del capital tic, lo que respalda los beneficios de programas que estimulan la inversión en éste. En lo que se refiere a educación, estudios como el de Murillo y Román (2012) concluyen que hay una relación positiva entre el desempeño académico y la disponibilidad de computadoras en la escuela o en el hogar. Por ello, es prioritario implementar políticas que faciliten la adquisición de computadoras y la conexión a la Internet en los hogares, y el equipamiento de las instituciones educativas. Considerando este rol estratégico que juegan las tic, los gobiernos deben implementar regulaciones que fomenten la eficiencia y resuelvan algunas de las fallas del mercado asociadas a esta industria, y, por otro lado, deben emplearlas intensivamente en sus diversos ámbitos de acción, tanto para mejorar los servicios a los ciudadanos como para operar con mayor eficiencia, apoyados en el potencial que las tic representan para ello.
En este capítulo se exponen las acciones que se llevaron a cabo durante la administración, tanto en telecomunicaciones, como en radiodifusión y fomento al uso de las tecnologías, y se toman como pilares los principios de competencia en los mercados, convergencia tecnológica y cobertura para la población.
PANORAMA EN 2006
En diciembre de 2006, se contaba con una red de telecomunicaciones digitalizada de cerca de 133 mil kilómetros de fibra óptica, lo que representaba una gran ventaja en el sector, sin embargo, ésta presentaba un alto grado de subutilización. En materia de telefonía, la red consistía en poco más de 20 millones de líneas fijas, 57 millones de líneas móviles, y un acceso a Internet de más de 20 millones de usuarios.
Esta red era un buen piso de arranque, sin embargo, era indispensable incrementar el equipamiento y la propia cobertura de los servicios, y estimular el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, para que la población tuviera acceso a una mayor diversidad de servicios, y para que éstos se adaptaran a las demandas de los consumidores mexicanos, en especial en zonas urbanas y rurales de escasos recursos. Esto permitiría sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país y hacer a México más competitivo, sobre todo frente a aquellos con los que se tiene una relación comercial estrecha.
Para enfrentar este desafío, se requerían tarifas que promovieran y facilitaran el acceso de un mayor número de usuarios a los servicios de esta industria. Para ello, era importante fomentar que la competencia entre concesionarios se diera en condiciones de mayor equidad, para generar una oferta más diversa a precios más atractivos, que permitieran lograr una mayor penetración de la industria entre la población.
Por otro lado, se identificó la necesidad de aprovechar el potencial de las telecomunicaciones y su convergencia con la informática para proporcionar servicios de salud, educación, finanzas, comercio y gobierno a la población de recursos limitados y en las regiones más marginadas del país.
También, al comienzo de este sexenio había que planear la renovación de parte de la infraestructura satelital. Aunque algunos de los sistemas en operación aún tenían años de vida útil, debían ser renovados hacia fines de la administración, y por ello era necesario definir planes y proyectos para asegurar que esto sucediera y, así, mantener la adecuada comunicación satelital del país.
Por último, en relación con la regulación, había que hacer un importante esfuerzo de modernización de leyes, reglamentos y acuerdos vigentes, para hacerlos coincidir con los nuevos requerimientos de la política de telecomunicaciones, pues muchos de esos ordenamientos eran obsoletos y no contemplaban las nuevas tecnologías ni las nuevas necesidades de los consumidores.
ACCIONES Y TRANSFORMACIONES ENTRE 2006 Y 2012
Telefonía
El servicio de telefonía, principalmente móvil, es uno de los más dinámicos del sector. En México, a fines de 2011, había 84.2 suscripciones móviles por cada 100 habitantes, 21.6 más que en 2007. Dado este crecimiento, es necesario vigilar las condiciones en las que se presta el servicio de telefonía y disponer de una normatividad que garantice condiciones óptimas de competencia, calidad y precio, toda vez que es el servicio de telecomunicaciones que más mexicanos utilizan. A continuación, se describen las acciones que son transversales a los mercados de telefonía fija y móvil, y más adelante se enumeran las que son específicas a cada servicio.
Portabilidad numérica para telefonía fija y móvil
La portabilidad numérica es un mecanismo que otorga a los usuarios de telefonía la posibilidad de conservar su número cuando cambian de operador. En ausencia de portabilidad, cambiar de operador conlleva costos, que en economía se conocen como costos de traslado (switching costs), tales como cambiar de equipo terminal, perder el número telefónico, etc. Ante esta problemática, en diversos países se ha implementado la portabilidad numérica como medida regulatoria para reducir o eliminar los switching costs y, en consecuencia, favorecer la oferta de servicios y competencia en los mercados de telefonía, tanto fija como móvil, pues permite a los usuarios aprovechar la diversidad de planes tarifarios existentes en el mercado y escoger el que mejor se adapte a sus necesidades.
Así, para favorecer la oferta de servicios y la competencia en los mercados de telefonía fija y móvil, se implementó en México la portabilidad numérica y se emitieron lineamientos bajo los cuales se rige, convirtiéndola en una medida regulatoria para reducir o eliminar los switching costs.
Interconexión para telefonía fija y móvil
Uno de los temas más controversiales en el sector telecomunicaciones es la interconexión de las redes. De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones (IFT), los concesionarios están obligados a interconectar sus redes, y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) es el órgano que se encarga de dirimir las condiciones de interconexión que no hayan podido convenir los operadores. Es la COFETEL quien tiene la función de asegurar que las condiciones bajo las que se presta el servicio sean razonables y no discriminatorias, y fijar tarifas de interconexión que fomenten la sana competencia, y que al mismo tiempo conserven los incentivos para invertir de los operadores.
En febrero de 2009, la COFETEL expidió el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad (PTFII), que rige las condiciones en las que se debe prestar el servicio de interconexión y la interoperabilidad de las redes. Cabe mencionar que, en el pasado, las resoluciones respecto a tarifas de interconexión con frecuencia se suspendían en tribunales, adonde llegaban por inconformidad de algunos de los operadores, y esto daba por resultado que las tarifas que se cobraban fueran más altas que las resueltas por la autoridad. Ante una controversia de tesis presentada en mayo de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no es procedente suspender las tarifas de interconexión que fija la COFETEL. A partir de esa fecha, las tarifas resueltas por la COFETEL deben respetarse hasta que termine el proceso de apelación.
Tarifas de interconexión para telefonía móvil
La disminución de la tarifa de interconexión en redes móviles fue una de las acciones más importantes que se realizó en beneficio de los usuarios. En 2011 la COFETEL estableció una tarifa de 39.12 centavos de peso por minuto, que significó una reducción de alrededor de 60% con respecto a 2010; también resolvió que la duración de las llamadas se contara en segundos sin redondear al minuto. En ese año, la COFETEL puso por primera vez a disposición del público, los modelos de costos utilizados en las resoluciones, transparentando sus decisiones y abriendo canales para la retroalimentación por parte de la industria.
Dado que la interconexión móvil es un insumo para las llamadas bajo el esquema El que Llama Paga, y su tarifa disminuyó, se espera que la reducción se traslade a los precios finales. En ese sentido, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en diciembre de 2011, se observó una disminución del índice de precios de la subcanasta de servicio telefónico de 9.1% con respecto al mismo mes de 2010. Esto, a su vez, se reflejó en una tasa de crecimiento anual de tráfico móvil de 14.5% entre 2010 y 2011.
Tarifas de interconexión y Convenio Marco de Interconexión en telefonía fija
A través de diversas resoluciones la COFETEL ha determinado tarifas de interconexión para el mercado de telefonía fija. En 2008 utilizó un modelo de costos basado en una Red Pública Telefónica Conmutada, y para 2011 redujo la tarifa 60%, hasta llegar a 3.951 centavos de pesos por minuto, al estimar costos con base en una Red de Tecnología IP (Internet Protocol) que es mucho más eficiente.
En 2006, se publicó el Acuerdo de Convergencia de Servicios Fijos de Telefonía Local y Televisión y/o Audio Restringidos que se Proporcionan a través de Redes Públicas Alámbrica e Inalámbrica, que establecía que la COFETEL debía emitir un Convenio Marco de Interconexión (CMI), con el fin de promover y vigilar la eficiente interconexión, y que sirviera de referencia para resolver desacuerdos en esta materia. En 2011, se conformó el Comité Consultivo que redactó un proyecto de CMI que se aprobó en junio de 2012 y después se envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), donde se encuentra actualmente. De aprobarse, este convenio podría facilitar una interconexión eficiente en un contexto de condiciones no discriminatorias.
Calidad del servicio local móvil
Ante la aparición de nuevos servicios que se proporcionan a través de las redes de telefonía móvil, es necesario contar con especificaciones de calidad en beneficio de los usuarios. En 2003, la COFETEL había emitido un Plan Técnico Fundamental de Calidad de Redes Móviles, pero éste era aplicable sólo al servicio telefónico de voz. Considerando la diversidad de nuevos servicios que ahora se realizan vía telefonía móvil, en agosto de 2011, la COFETEL dio a conocer el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil, que establece indicadores de calidad para servicios de telefonía móvil, mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) y acceso a Internet que prestan los concesionarios de telefonía móvil. De acuerdo con este plan, si el valor mensual de algún indicador está por debajo de la meta, el concesionario debe presentar un informe indicando causas del incumplimiento, acciones correctivas y plazo en el que se compromete a corregir la deficiencia. El plan también obliga a los concesionarios a hacer más transparente la información sobre tarifas, facturación y atención de quejas, así como los mapas de cobertura garantizada. Con estas herramientas, la COFETEL puede evaluar a los concesionarios con mayor objetividad y dar información a los consumidores sobre su desempeño, de modo que ellos puedan utilizarla al momento de elegir a su proveedor; asimismo, se fortalecen los incentivos para mejorar la calidad del servicio y, en general, el ambiente de competencia en estos mercados.
Consolidación de áreas de servicio local (ASL) en telefonía fija
Actualmente el territorio nacional se divide en 397 áreas de servicio local (ASL), las cuales son el criterio para determinar si el costo de una llamada es local o de larga distancia. Si la llamada que hace un usuario se emite y se recibe dentro de una misma ASL, ésta tiene un costo de llamada local; si por el contrario la llamada se origina en una ASL y termina en otra diferente, se cobra como llamada de larga distancia. Bajo este esquema, la consolidación de ASL se traduce en ahorros para los usuarios, pues la fusión de dos o más de estas áreas significa que hay llamadas que pasarían de ser de larga distancia a locales.
Considerando estos potenciales beneficios para los usuarios, en 2006, la COFETEL dio a conocer lineamientos para modificar las ASL y, de 2007 a 2009, emitió diversas resoluciones que ordenan la fusión de algunas ASL, de manera que se redujeran a sólo 196. No obstante, algunos operadores impugnaron dichos lineamientos, por lo que hasta el momento todas las resoluciones de consolidación de ASL quedaron sin poder ejercerse.
Para llevar a cabo la consolidación de las ASL evitando el litigio, en junio de 2012 la COFETEL eligió abrogar los lineamientos de 2006 y comenzar de nuevo el proceso. Actualmente se trabaja en una nueva propuesta de consolidación para así beneficiar a los consumidores con tarifas más atractivas.
Regulación específica de precios en telefonía fija
De acuerdo con el Título de Concesión de Teléfonos de México, S. A. de C. V. (TELMEX), una canasta de servicios básicos se encuentra sujeta a un control tarifario a través de un Sistema de Precios Tope. Existe la obligación para la empresa y la autoridad de revisar cada cuatro años los parámetros relevantes de este sistema. Entre 2006 y 2012, la COFETEL llevó a cabo dos revisiones de los parámetros: una para el periodo 2007-2010 y otra para 2011-2014. Con éstas, se han establecido las condiciones sobre las cuáles el operador puede ir modificando los precios de los servicios básicos controlados de acuerdo con el Título de Concesión de la empresa, y que incluyen la telefonía local y de larga distancia, entre otros.
Infraestructura de telecomunicaciones
La creciente demanda de conectividad en el país ha impuesto presión a la capacidad de las redes de telecomunicaciones y, por lo tanto, ha sido necesario impulsar la capacidad de transmisión, empleando mejores tecnologías y haciendo un uso más eficiente de los recursos con los que hoy se cuenta.
Las redes de telecomunicaciones demandan conectividad no sólo a nivel local sino entre regiones o ciudades y un despliegue de infraestructura de una magnitud tal que se requiere una fuerte inversión; por lo tanto, es difícilmente replicable en el corto plazo. Ello dificulta la competencia.
Considerando esta situación, el Gobierno Federal emprendió diversas acciones para procurar un mejor uso de los recursos disponibles y para favorecer la competencia en los mercados de los insumos que los operadores requieren para brindar sus servicios, y cuyo precio y calidad a su vez se reflejan en mejores productos para los usuarios finales.
Una de estas acciones fue poner a disposición de los operadores dos hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2010, la SCT llevó a cabo la licitación de 19 457 kilómetros de fibra oscura, con la posibilidad de crecer hasta 1 735 kilómetros divididos en tres rutas: Pacífico Centro y Golfo. La licitación fue resuelta en favor del consorcio Grupo de Telecomunicaciones Alta Capacidad, que tendrá la obligación de operar la red bajo un esquema compartido con la obligación de dar acceso y subarrendamiento a otros operadores. Con esto se logró incorporar a un nuevo oferente de transmisión interurbana de datos.
La inversión inicial para construir y desplegar una red pública de telecomunicaciones se ha convertido en una barrera de entrada a dicho mercado, debido a la dificultad de conseguir sitios adecuados para su instalación que, junto con la obra civil, representan entre el 50 y 80% del costo total de la inversión. En respuesta a esta situación, en marzo de 2012 se emitió un Acuerdo Intersecretarial con el objetivo de poner a disposición de los operadores móviles inmuebles federales para instalar redes públicas de telecomunicaciones, lo que permitirá acelerar el despliegue de dichas redes.
Así, en un primer esfuerzo se pondrán a disposición del mercado 6 400 inmuebles que cubrirán casi la totalidad de los nuevos sitios que los operadores móviles demandarán para incrementar la capacidad y cobertura de sus redes en los próximos dos años, de acuerdo con estimaciones de la sct. Los operadores que obtengan en arrendamiento estos sitios tendrán la obligación de compartirlos con otros operadores, al igual que la infraestructura de redes públicas de telecomunicaciones que instalen en ellos, bajo condiciones que determinará la SCT. Con esta acción, se promueve la eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados y se fortalecen las condiciones de competencia en el mercado de comunicaciones móviles, en beneficio de los usuarios.
Administración del espectro radioeléctrico
Desde 2007, se emprendieron diversas acciones con el objeto de hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico e incrementar la oferta de servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con los principios de competencia, convergencia y cobertura.
Licitaciones de espectro
En 2010, la COFETEL llevó a cabo dos licitaciones de espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones de acceso inalámbrico fijo y móvil. Tras otorgar las concesiones de dichas bandas de frecuencias, se logró aumentar la tenencia promedio de espectro por operador de 39.6 a 61.3 MHz. Al aumentar la cantidad de espectro disponible para los operadores, se incrementa también su capacidad para transmitir datos, lo cual mejora la calidad de los servicios que ofrecen.
Con esto, se dio un paso hacia el establecimiento de condiciones equitativas de acceso al espectro, ya que operadores que antes tenían un acceso muy limitado a éste pudieron ampliarlo, favoreciendo así a los mercados de telefonía móvil y banda ancha inalámbrica.
Declaración de bandas de uso libre
La declaración de bandas de uso libre evita que el espectro se concentre en un solo operador. Declarar que una frecuencia es de uso libre significa que se puede utilizar sin necesidad de concesión, permiso o registro. En 2011, se declaró como banda de uso libre el segmento de 1920-1930 MHz, donde existe la posibilidad de prestar servicios fijos y móviles de última milla, así como de desplegar redes pequeñas o hacer un uso complementario a redes de fibra óptica. En 2012, se declaró como bandas de uso libre a las frecuencias de 71-76 y 81-86 GHz, utilizadas para servicios de punto a punto, conocidas como fibra óptica inalámbrica.
Uso eficiente del espectro
La legislación aplicable a bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Bienes Federales y Ley Federal de Telecomunicaciones), contempla la posibilidad de rescatar las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico cuando éstas están subutilizadas o no utilizadas.
Bajo este principio, en agosto de 2012 se inició el procedimiento de rescate de la banda de 2500-2690 MHz. Actualmente, los 190 MHz que comprende esta banda se utilizan para la prestación de servicios de audio y video restringido (distribución multipunto de microondas). Sin embargo, se ha identificado que las frecuencias en cuestión son adecuadas para el despliegue de servicios de banda ancha inalámbrica. Esto abre un abanico de usos alternativos para esta banda de frecuencia, lo que hace necesario evaluar las ventajas y costos que cada opción representa, a la par de analizar las tendencias internacionales.
Radiodifusión
Como se establece en la Ley Federal de Radio y Televisión, la radiodifusión tiene la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana. Actualmente, en México la radio tiene una cobertura de 82.5% de la población, y la televisión de 95%, lo cual denota que constituyen el principal medio de difusión masiva del país. Gracias al desarrollo tecnológico, existe la posibilidad de ampliar la cobertura, la calidad y la diversidad de contenidos. En este sentido, el Gobierno Federal ha implementado una serie de acciones específicas en pro del desarrollo del sector.
Radiodifusión sonora
En este ámbito también se han hecho esfuerzos para hacer más eficiente la asignación de recursos para proveer un mejor servicio a los usuarios. Se empezó un proceso de migración de la radio de amplitud modulada (AM) a frecuencia modulada (FM), como paso previo para continuar con la digitalización del servicio. Del mismo modo, y dada la importancia de la radio como fuente de información, entretenimiento y formación de opinión, se lanzó un programa para concesionar nuevas frecuencias que permitirá mayor cobertura y diversidad de contenidos.
Migración de la radio AM a FM
Para mejorar la calidad del servicio a la población y hacer más competitiva a la industria, en septiembre de 2008, la SCT publicó el Acuerdo Secretarial para la Migración de Estaciones de AM a FM, donde se definió que la migración, que es voluntaria, contemplaría el pago de una contraprestación y la transmisión simultánea en ambas frecuencias por un año. En 2009, la SCT fijó los plazos para la publicación de frecuencias disponibles y aceptó la metodología para definir la contraprestación. De 771 estaciones AM existentes, se determinó que era factible migrar 599 a FM; 541 presentaron solicitudes, de las que se ha autorizado el 95.9%. Es decir, 517 cambios ya han sido autorizados, y 24 se encuentran en proceso.
Estándar de radio digital (IBOC)
A partir de que la SCT publicó en 2000 el Acuerdo por el que se Reserva el Uso de Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, para Realizar Trabajos de Investigación y Desarrollo, Relacionados con la Introducción de la Radiodifusión Digital, y de la recomendación de la UIT en 2002 sobre el uso de los estándares Digital Radio Mondiale (DRM) y de In-Band-OnChannel (IBOC), en México comenzaron las acciones para la transición digital de la radio. En junio de 2011, la COFETEL aprobó la adopción del estándar tecnológico IBOC y definió la política para la transición voluntaria a esta tecnología. Entre sus ventajas destacan:
- la posibilidad de transmitir señales analógicas y digitales por el mismo canal de transmisión;
- la transmisión de múltiples programas (multicasting), y
- el aumento en la calidad
Hasta septiembre de 2012, se había autorizado el uso del sistema IBOC a 44 estaciones de radio (10 de AM y 34 de FM).
Programa para concesionar radio en la región 1
Con el fin de proveer servicio de radio FM a localidades que no cuentan con él o que transmiten con mala calidad, así como de asegurar la cobertura a poblaciones que pudieran quedar sin el servicio de radio FM debido a la migración de frecuencias de AM a FM, se lanzó el primer programa de licitaciones de radio en México.
En agosto de 2011, la COFETEL publicó el Programa de Concesionamiento de Frecuencias de Radiodifusión en la Banda de Frecuencia Modulada en Poblaciones Comprendidas Dentro de la Región 1, que se integra por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que podrán ser materia de licitación pública. Con este programa se busca dar servicio a la población mediante la licitación de 20 frecuencias en 17 localidades de esos estados. Hoy en día está en revisión el proyecto de bases de licitación y la propuesta de contraprestación.
Televisión radiodifundida
Ampliar la diversidad y calidad de contenidos de la programación televisiva ha sido objetivo fundamental de la política pública en años recientes. Para ello, se ha avanzado en tres objetivos prioritarios: la digitalización de la televisión; la ampliación de la cobertura de televisión abierta comercial (a localidades en las que no hay, o a través de nueva oferta de contenidos donde ya existe), y la ampliación de la cobertura de la televisión pública.
Televisión digital terrestre
La transición a la televisión digital terrestre (TDT) es un proceso de relevancia internacional que comenzó hace algunos años y del cual México no podía quedar al margen. A través de la digitalización de las señales de televisión se alcanzará un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, aumentará la cantidad y calidad de los contenidos y se liberará el dividendo digital (banda de 700 MHz), que podrá asignarse a servicios de telecomunicación inalámbrica.
En julio de 2004, se dio a conocer el Acuerdo por el que se Adopta el Estándar Tecnológico Digital Terrestre y se Establece la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México. Sin embargo, el acuerdo no dictaminaba con precisión una fecha para el “apagón analógico”. Como dicho “apagón” es necesario para implementar un proceso orientado y ordenado, en septiembre de 2010 se dio a conocer el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, donde se estableció que el “apagón” empezaría en 2011 y concluiría a más tardar el 31 de diciembre de 2015. En octubre de 2010, el Poder Legislativo promovió controversias constitucionales contra el decreto, y fue hasta noviembre de 2011 que la SCJN las desestimó, dejando en firme lo dispuesto por el decreto.
Mediante el Acuerdo por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Acuerdo y la Política de 2004, la COFETEL estableció que el “apagón analógico” se implementará de forma escalonada en distintas localidades, empezando por Tijuana, Baja California, en abril de 2013.
Programa para concesionar la televisión radiodifundida
Con el objeto de ampliar las condiciones de competencia en el mercado de televisión abierta (TV), se difundió en México el primer programa de concesionamiento que prevé la licitación de frecuencias, para buscar que se incremente la oferta de contenidos independientes y para fomentar el despliegue de infraestructura asociada a la televisión digital terrestre.
En junio de 2012, la COFETEL dio a conocer el Programa Nacional de Concesionamiento de Estaciones de Radiodifusión de Televisión que Podrán ser Materia de Licitación Pública, que contempla una cobertura en 153 localidades mediante la licitación de 306 frecuencias. Todas las transmisiones serán en señal digital, lo que permitirá un uso más eficiente del espectro, pues se podrán transmitir hasta cuatro canales donde antes sólo se podía transmitir uno.
Cabe recordar que la SCJN determinó que el factor económico no debe ser el preponderante para la elección del ganador de una licitación para servicios de radiodifusión. Por esa razón, el proyecto de bases de licitación busca que se genere un ambiente de competencia, en el que operadores locales y regionales se enfrenten en un terreno justo, para permitir así que se pueda cumplir con los propósitos del programa en términos de diversidad de contenidos y de cobertura.
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
Para apoyar el desarrollo de los medios públicos y ampliar la cobertura de Canal Once, en 2010 se creó el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, con el que se atiende el compromiso de la actual administración de llevar la señal gratuita de Canal Once a todo el país. Entre 2006 y 2012, la cobertura se incrementó de 26 a 69% de la población.
Televisión restringida y servicios convergentes
De 2007 a junio de 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó 448 concesiones para la prestación de servicio de televisión restringida (televisión por cable). Los avances tecnológicos han permitido que las redes mediante las cuales antes los operadores ofrecían un único servicio, el de televisión restringida, ahora puedan ofrecer otros, tales como el de telefonía y el de Internet de banda ancha. Entre 2007 y junio de 2012, la SCT otorgó 76 concesiones para la prestación del servicio de triple play (voz, datos y video), con lo que se favorece a los consumidores al permitir a las empresas ofrecer servicios diversos a precios más competitivos.
AgendaDigital.mx: políticas para incrementar la cobertura de banda ancha y el uso de tecnologías de la información
Los programas de gobierno destinados a disminuir la brecha digital en el país se llevan a cabo a través de proyectos que financia el Fideicomiso e-México. Con el fin de articular esos esfuerzos, en marzo de 2012 se dio a conocer la AgendaDigital.mx, que recopila las políticas públicas de promoción de la banda ancha y las tic, y que sirve, además, de referencia para proyectos futuros que mejoren las capacidades digitales de los mexicanos. La AgendaDigital.mx retoma y consolida acciones ya realizadas por el gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y convoca a todos estos sectores a seguir impulsando el desarrollo de la industria con una visión de largo plazo. Este documento propone objetivos y estrategias en torno a seis ejes: Internet para todos, tic para la equidad y la inclusión social, tic para la educación, tic para la salud, tic para la competitividad y Gobierno Digital.
Los esfuerzos para cerrar la brecha digital buscan generar una sociedad más conectada, promover un mayor uso de herramientas tecnológicas por parte del sector privado y fomentar el uso de las tic para hacer más eficientes, transparentes y sencillos los servicios públicos. A continuación se describen algunos de los principales programas que se han implementado bajo el liderazgo de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la SCT, para lograr dichos objetivos.
En 2001, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) lanzó el proyecto Plazas Comunitarias, para reducir el rezago educativo en personas de 15 años o más, particularmente en aquellas que no terminaron la escuela primaria, mediante el uso de material audiovisual y en línea. Para ello se instalaron las plazas comunitarias en donde los usuarios tienen acceso a una computadora y a Internet. Hasta agosto de 2012, operaban 2 897 plazas. Como parte de este programa se lanzó la Campaña Nacional de Inclusión Digital de los Adultos, llevada a cabo en forma conjunta entre la CSIC y el INEA, con el cual se busca incluir a un millón de personas al mundo digital entre 2012 y 2013. La CSIC contribuirá a mejorar el equipo de cómputo en 400 Plazas Comunitarias.
Por otro lado, se lanzó la estrategia Club Digital, que consiste en plataformas en línea con características de red social que ofrece a los jóvenes herramientas para el aprendizaje de tecnologías de software. Con ello se busca capacitarlos para que emprendan proyectos tecnológicos o tengan mejores oportunidades laborales. Como un complemento de la plataforma, hasta mayo de 2012 se habían instalado 37 Centros Club Digital en el país, que son operados por el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Educación Pública o el Bit Center de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Tijuana.
Como parte del Programa de Apoyo Complementario a la Conectividad Social de Banda Ancha, en mayo de 2012, la SCT adjudicó una licitación nacional para proveer servicio de Internet a 14 422 inmuebles gubernamentales, así como a 144 espacios públicos, que han sido rescatados y modernizados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Programa de Rescate de Espacios Públicos.
En septiembre de 2010, se habilitó la Red Nacional para el Impulso de la Banda Ancha (NIBA), una red dorsal de fibra óptica con la cual se busca conectar a las instituciones del país mediante una red de alta capacidad de transmisión de datos, que permite a las instituciones gubernamentales y educativas desarrollar proyectos de última milla, y además permite una reducción del gasto público.
Se crearon también las redes estatales para educación, salud y gobierno, que comprenden un conjunto de proyectos para conectar a centros educativos, comunitarios, hospitales y oficinas de gobierno; a cada red estatal se le asignó espectro en la banda de frecuencia de 3.3-3.35 GHz, que administra la CSIC con autoridades estatales. En la actualidad, 13 entidades federativas forman parte de ese esfuerzo.
Asimismo, mediante tecnología satelital se proveen servicios de telecomunicaciones en áreas remotas y de difícil acceso, en particular a través de Centros Comunitarios Digitales (CCD), que dan servicio a comunidades marginadas económicamente o aisladas geográficamente. En 2012 existen ya 6 788 CCD conectados mediante la red satelital de Telecomm, para beneficio de aproximadamente cinco millones de personas. A principios de 2012 se asignaron recursos para conectar 11 mil terminales que permitirán proveer de telefonía rural a 4 270 sitios y conectar a 6 730 CCD.
Coordinada por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, la Red Nacional de Educación e Investigación interconecta centros de educación superior con la red académica Internet2, a la cual están conectadas las redes nacionales de educación e investigación de cien países. Al día de hoy, 285 instituciones mexicanas están conectadas a la RNEI, lo que permite al país ser parte de un ecosistema de innovación y desarrollo de servicios de alta tecnología.
Finalmente, a través del Programa CompuApoyo se entregaron subsidios y créditos para la adquisición de equipos de cómputo (con valor máximo de 6 500 pesos), y la contratación de servicio de Internet, a familias de bajos ingresos.
Gobierno digital
El uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) ofrece grandes oportunidades para incrementar la eficiencia de la administración pública. Favorece también la transparencia y el acceso a la información y facilita la participación ciudadana. Este gobierno realizó un gran esfuerzo para aprovechar dichas oportunidades. Algunas de las aplicaciones de tic que dieron mejores resultados son: los trámites fiscales en línea del Servicio de Administración Tributaria; la Ventanilla Única para Trámites de Comercio Exterior, el micrositio www.micofetel.gob.mx, el portal de apertura de empresas www.tuempresa.gob.mx, y el portal de compras de gobierno CompraNet.
Además, se promovió un marco regulatorio para dar certeza a los procesos de adopción de tic en la administración pública. A través de la Ley de Firma Electrónica Avanzada se regula el uso de la firma digital y de medios electrónicos en actos jurídicos, y se da certidumbre, legalidad y carácter oficial a los trámites que se realizan por Internet. En septiembre de 2011, México, junto con otros siete países, firmó la Alianza Internacional por un Gobierno Abierto, que articula esfuerzos en materia de transparencia, acceso a la información, combate a la corrupción y participación ciudadana, a través del uso de tic. Finalmente, el Acuerdo de Interoperabilidad y de Datos Abiertos, publicado en 2011, establece las condiciones bajo las cuales las dependencias pueden compartir y reutilizar datos, plataformas y sistemas de información.
Política satelital
En 1985, México puso en órbita los satélites Morelos I y Morelos II para contribuir al desarrollo de sectores como el comercio y el turismo. Conforme se acercó a su fin la vida útil del Sistema Morelos, se tuvieron que tomar medidas para remplazarlo gradualmente. Apareció entonces el Sistema Solidaridad, que fue operado, al igual que el anterior, por Telecomunicaciones de México, hasta 1997. En ese año se privatizaron los satélites, y Satélites Mexicanos S. A. los adquirió, otorgándosele la concesión correspondiente para su explotación y operación.
Cada satélite tenía una vida útil de 15 años: el Morelos I y el Solidaridad I ya no están en funcionamiento. A pesar de que su vida útil proyectada llegó a su fin, el Solidaridad II continúa proporcionando servicios a ocho instituciones públicas (de seguridad y académicas, entre otras). Por tal razón, el Gobierno Federal preparó una sustitución para atender las siguientes necesidades:
- remplazar la plataforma de comunicaciones de seguridad nacional con un sistema que garantice confidencialidad;
- atender a la población en caso de desastres, como huracanes o sismos, para conservar la continuidad de servicios como la telefonía, entre otros;
- ampliar la cobertura social y reducir la brecha digital;
- salvaguardar el uso de posiciones orbitales y frecuencias, y
- utilizar la capacidad excedente para, en su caso, brindar servicios de telecomunicaciones, complementando los servicios de empresas
A través de la SCT, se decidió conformar el Sistema Satelital Mexicano Mexsat, que consiste en tres satélites geoestacionarios que operará Telecomm. En diciembre de 2010, la SCT y la empresa Boeing Satellite Systems International firmaron un contrato para la construcción y lanzamiento de esos satélites, lo que representa una inversión de más de mil millones de dólares. Se prevé el lanzamiento y la puesta en órbita del satélite para servicios de comunicaciones fijas, Bicentenario (Mexsat 3), para diciembre de 2012; su fabricación lleva un avance aproximado de 93%. En el caso de los satélites de servicios móviles (banda L), el Centenario (Mexsat 1), lleva un avance de construcción de 78%, y se prevé estará en órbita a fines de 2013. El Morelos 3 (Mexsat 2) lleva un avance de 48%. El Sistema Satelital Mexicano Mmexsat brindará cobertura total al territorio mexicano y sus aguas patrimoniales; transmitirá comunicaciones civiles a fin de coadyuvar al desarrollo socioeconómico del país, y será el principal gestor de la transferencia y análisis de información sensible de seguridad nacional.
RETOS A FUTURO
Las telecomunicaciones representan hoy en día la posibilidad de acceso equitativo a la información para la población mundial. En la medida en que los gobiernos generan políticas públicas que permitan a sus pobladores el acceso barato y eficiente a ellas, contribuirán a su desarrollo pleno y les estarán facilitando mejores herramientas para que se hagan de mejores oportunidades de crecimiento.
Por eso uno de los retos sustantivos hacia el futuro es continuar con políticas y acciones para que más mexicanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones, en un marco de eficiencia y competencia. Una mayor apertura del sector y el ingreso de más competidores permitirán afrontar ese reto. No obstante, habrá también que insistir en hacer llegar esos servicios a aquellos sectores de la población que, aun con ofertas de mercado más accesibles, no puedan adquirir servicios como telefonía e Internet; ya que de lo contrario se estará ampliando la brecha con respecto del resto de la sociedad.
La regulación en telecomunicaciones es otra asignatura importante. Se ha avanzado mucho con el constante desarrollo de nuevas tecnologías; la modernización, la demanda de la población por tener servicios competentes y el constante ingreso de competidores al sector; sin embargo es imperativo que los ordenamientos a los que se hizo mención estén en un permanente estado de actualización para responder a las necesidades descritas. Por último, es importante continuar modernizando de forma permanente la infraestructura de telecomunicaciones para no perder la capacidad adquirida hasta ahora y para potenciar el uso de la que ya se tiene. Es preponderante contar con planes y programas que respalden el mantenimiento, la conservación y la renovación de esos activos públicos, para garantizar la viabilidad de nuestro país en el futuro.